Los abogados de la decena de empresarios que se sientan en el banquillo de los acusados con los siete hijos de Pujol Ferrusola han coincidido en pedir al tribunal de la Audiencia Nacional que declare nula la imputación por blanqueo de capitales —por el que el fiscal les pide 3 años de prisión— porque la Fiscalía Anticorrupción no detalla el delito de origen que lo provocaría. Además, han añadido que el delito de falsificación documental, que también les imputa y por el que les pide 2 años de prisión, está “clamorosamente prescrito”, al igual que el blanqueo, que prescribe a los diez años, y la mayoría se habría cumplido en 2004.
En la segunda sesión del juicio, este martes en la sede de San Fernando de Henares, los penalistas también han denunciado la vulneración de derechos fundamentales porque aseguran que Anticorrupción les imputa hechos por los que no se han podido defender dado que no se les preguntó en fase de instrucción. Los empresarios son acusados de hacer negocios con Jordi Pujol Ferrusola, para quien la Fiscalía pide 29 años de prisión. Todas las defensas han insistido al tribunal que depure las irregularidades antes de iniciar el juicio. El miércoles, en la tercera sesión, el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo y el abogado del Estado José Ignacio Ocio deberán responder a todas estas irregularidades denunciadas.
Antes, uno de los abogados de los Pujol, Pau Ferrer, ha aportado un libro del caso Banca Catalana y un número del Boletín Oficial del Estado (BOE) sobre los fondos de su abuelo, Florenci Pujol Brugat, en Suiza para probar que la fortuna oculta en Andorra procede de un legado familiar, y no de acciones ilícitas. También ha insistido en que Anticorrupción no detalla el origen de los fondos en Andorra, que legalizaron en 2014.
El ‘pendrive’ de Pino
En este sentido, el abogado Óscar Morales, defensor de Luis Delso Heras, exresponsable del Grupo Isolux, ha denunciado el “fraude de ley” de la investigación realizada por el Grupo 24 de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española, relacionada con la policía patriótica del PP y la operación Catalunya, ya expuesta por la defensa de los Pujol el lunes.
Morales ha asegurado que la información fue obtenida ilegalmente y que el entonces número 2 de la policía, Eugenio Pino, intentó incluirla en la investigación, a través de un pendrive, por lo que fue condenado, aunque dicha información “continuó en la instrucción” con los informes policiales, y en concreto ha citado al agente de la policía española con el número identificativo 89.140 como el principal autor y firmante.
Irregularidades con Andorra
En la vista, el penalista Fermín Morales, abogado del ciudadano andorrano Francesc Robert Ribes, acusado de hacer negocios con Pujol Júnior, ha pedido la prescripción del delito de blanqueo que se le imputa. Además, tal como expusieron los abogados de Pujol, ha denunciado que la justicia española usó de forma irregular unos datos bancarios aportados por Andorra, sobre las cuentas de los Pujol Ferrusola, porque, como alertó la juez de Andorra, en 2015 los delitos fiscales y contra Hacienda del Estado español "no tenían una homogeneidad" con la legislación del Principal —hasta la reforma del 2017— y la doble incriminación, obligada para usar los datos en una causa penal en España u otro país, no se cumplía en Ribes ni en los Pujol.
Por su parte, el abogado Luis Jordana, defensor del ciudadano mexicano Bernardo Domínguez Cereces, también ha descartado que él o su padre, ya fallecido, hubiera cometido un delito al haber prestado dinero al primogénito de Pujol. Sandra Rodríguez, abogada de Jorge Barrigón, de la sociedad CAT Helicòpters, ha apelado a la vulneración de la tutela judicial efectiva porque la Fiscalía tampoco concreta su imputación por préstamos efectuados a Júnior.
"Imputados por ser amigos de los Pujol"
El abogado Diego Artacho, defensor de Carles Sumarroca Claverol, también ha denunciado el “carácter prospectivo” de la investigación policial realizada en esta causa y contra el exvicepresidente de la sociedad COMSA EMTE. Ha añadido que se le imputan unos hechos del año 2008, que habrían firmado otros responsables de la empresa, pero “aprovechan que se llama igual que su padre”. Carles Sumarroca Coixet, uno de los fundadores de Convergència, fue excluido del procedimiento en 2021, ha recordado. El abogado ha calificado de "surrealista" que se impute a Sumarroca el delito de blanqueo por haber pagado unas facturas a Pujol Júnior porque este, supuestamente, recuperara el dinero en metálico de Andorra, y ha emplazado al fiscal a que lo aclare.
“Se le imputa porque son amigos o afines a la familia Pujol”, ha espetado Artacho, y ha recordado que son pagos "cuando ya no gobernaba el president Pujol", que estuvo al cargo hasta marzo de 2003.
En el grupo de los empresarios, conocidos de los Pujol, está Carles Vilarrubí, cuyo abogado Emilio Zegrí ha denunciado que en su caso es más extremo, porque "no se le ha hecho una imputación genérica como al resto; es que no se le ha imputado nada". El penalista catalán ha sido cortado varias veces por el presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, por ser el último en intervenir en la vista de este martes. Zegrí también ha reclamado la prescripción delictiva.
Por su parte, Jorge Ayo, defensor de Josep Cornadó, presidente de Copisa hasta 2012, ha expuesto que de los hechos imputados, entre los años 2003 y 2011, "pocas administraciones eran gobernadas por Convergència", además de denunciar que se le imputan pagos de facturas de 2011 a 2015 por las que no se ha podido defender.
El blanqueo sin sentido
La sorpresa también ha sido expresada por el penalista Carles Monguilod, defensor de Gustavo Buesa, de la acusación de Anticorrupción por dos acciones imputadas, una de ellas el vertedero de Tivissa, de la cual ha asegurado que "no es un concurso, sino autorizaciones tasadas", que serán explicadas por dos exconsellers de Medi Ambient, uno de ellos el actual conseller de Justícia, Ramon Espadaler. También ha apelado a la prescripción del delito de blanqueo imputado: Buesa fue citado el 22 de octubre de 2014, y el supuesto delito de blanqueo habría prescrito el 2004, mientras el de falsificación, que prescribe a los tres años, todavía tiene una caducidad más alta.
El penalista José María Fuster-Fabra, defensor de Josep Mayola, que estuvo en la sociedad Active Translation, traspasada a Jordi Pujol Ferrusola, también ha negado cualquier irregularidad.
Finalmente, la abogada Ana Bernaola también ha sido contundente al exponer que Alejandro Guerrero "no es constructor ni obtuvo ningún concurso de la Administración catalana", y ha denunciado la vulneración de la tutela judicial y efectiva, del derecho de defensa, al imputarle hechos por los que no se le preguntó durante la instrucción. Ha tildado la acción de la Fiscalía de "torcitera" porque las facturas de Guerrero bajo sospecha son de 2007 y no se lo citó a declarar hasta el año 2014 en la causa de los Pujol.