Nadie sabe cuánto tiempo más aguantará en pie la Casa Vallmanya, la masía de Alcarràs (Segrià) de la familia de Eugènia Lamarca, esposa de Francesc Macià, donde el president pasó largas temporadas y que llegó a servir como segunda sede de la Generalitat. Le falta medio tejado, y lluvias como las de este diciembre hacen que aumente el riesgo de derrumbe. A pesar del peligro que supone tanto para las personas como para el patrimonio, nadie ha realizado las actuaciones mínimas para evitar que avance la degradación. Y eso que en 2023 se firmó un acuerdo a tres bandas entre la Generalitat, la Diputación de Lleida y el Ayuntamiento de Alcarràs para comprar y restaurar el espacio, pero desde entonces no se ha hecho nada. Es por ello que, como cada Navidad —coincidiendo con el aniversario de la muerte del president, este año el 92º— desde 2017, este 25 de diciembre vuelve a haber una nueva protesta de la plataforma Salvem Casa Vallmanya, después de dos años sin cumplir el acuerdo sobre Cal Macià. En conversación con ElNacional.cat, el portavoz de la plataforma, Ferran Dalmau, tiene muy claro que "hay connivencia del Govern para dejarla caer"

Aquel acuerdo implicaba que la Generalitat y la Diputación de Lleida darían 920.000 euros al Ayuntamiento de Alcarràs, de los cuales 120.000 se deberían invertir en la compra de la finca —y el resto, en la restauración. Sin embargo, el dueño dobló el precio y la compra ha quedado encallada de manera indefinida, sin que ninguna de las administraciones implicadas haya hecho nada. Y eso que, según Dalmau, "240.000 euros sigue siendo una cifra irrisoria". Pero el problema ya no es solo la compra, sino que no se han realizado las actuaciones de urgencia necesarias: entre otras cuestiones, apuntalar el edificio y colocar una cubierta impermeable. El consistorio envió a finales de 2024 un requerimiento al propietario, un ganadero de Almacelles, para que actuara en un plazo de dos semanas. Un año después, ni el dueño se ha movido ni el ayuntamiento ha hecho cumplir la orden. Y eso que el gobierno municipal tenía la posibilidad de hacer las actuaciones subsidiarias y después pasar la factura, pero nada.

Muchas palabras y pocas acciones

Hace un año, el alcalde era Gerard Companys, de Junts. En virtud de un acuerdo con ERC, en junio de este año ha habido relevo en la alcaldía y el cargo ha pasado al republicano Jordi Castany. "Hace dos años, Jordi Castany se manifestaba en la casa. Ahora, ha comprado la posición de Junts", lamenta el portavoz de Salvem Cal Macià, en referencia al inmovilismo del gobierno municipal —sea cual sea su color político—. A pesar de todo, ahora había una nueva oportunidad: el Departament de Cultura declaró el espacio como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) en julio (después de unos trámites que se alargaron desde principios de año) y, por tanto, adquiría las competencias que hasta ahora tenía el ayuntamiento —que ya hacía tiempo que lo había declarado Bien Cultural de Interés Local (BCIL)—.

En la nota de prensa, Cultura reconocía que la Casa Vallmanya es "uno de los pocos ejemplos de casa pairal en la comarca del Segrià" y que su valor patrimonial "recae en ser el lugar donde se tomaron decisiones políticas trascendentales para la historia contemporánea de Catalunya, como el complot de Prats de Molló, o la fundación del partido Estat Català". "En época de la Generalitat republicana, la Casa Vallmanya se convirtió en un lugar institucional, como si fuera una segunda residencia del Palau de la Generalitat. (...) Se considera un espacio fundamental de memoria del primer presidente de la Generalitat de la época moderna. Un símbolo de la recuperación de la identidad catalana y una referencia histórica para las generaciones futuras del país. Un elemento icónico y de reconocimiento de la figura de Francesc Macià", concluía el texto. Desgraciadamente, muchas palabras y pocas acciones.

Ayuntamiento y Govern, sin plan B

Fue en agosto cuando leímos que Cultura tenía intención de presentar un nuevo requerimiento a la propiedad para que actuara, y supuestamente lo acabaron presentando. Así lo confirmó el departamento a los miembros de Salvem Cal Macià, pero no ofrecieron más detalles. Ni cuándo se envió, ni qué plazos planteaba, ni qué acciones se contemplaban en caso de incumplimiento, ni si se harían las actuaciones necesarias y luego se pasaría la factura... La realidad, hoy por hoy, es que todavía no se ha hecho nada y "el estado de la casa es el mismo, pero peor". En la fecha de publicación de este artículo, Cultura no ha respondido a las preguntas de este medio sobre ninguna de estas cuestiones.

"¿Cuál es el plan?", se pregunta Dalmau, sobre los siguientes pasos a seguir por parte de las administraciones. Y él mismo se responde: "No hay plan B, no hay concreción". Hace "dos o tres meses" que no se reúnen con el departamento y no tienen ninguna novedad, tan solo saben que el nuevo requerimiento es inútil: "Solo sirve para decir que han hecho alguna cosa, pero la realidad es que no hay voluntad política". El caso es que "con el BCIL ya existían las herramientas, y ahora el BCIN da la capacidad a la Generalitat, pero las herramientas son las mismas", de manera que "no hacía falta hacer un segundo requerimiento", sino que con hacer cumplir el primero ya era suficiente. Pero desde la plataforma aseguran que no se hace cumplir por la "connivencia" tanto del Govern como del consistorio con la propiedad para dejar caer la casa.

Preparados para ir a los juzgados

El cambio en las exigencias de la plataforma es bastante revelador: hasta el año pasado, su prioridad era la expropiación de la finca, o como mínimo el inicio del proceso de expropiación como medida de presión; ahora, lo único que piden es una "actuación primera", de mínimos. Es decir, consideran que la expropiación sigue siendo "el mejor camino", pero también es verdad que en Salvem Cal Macià están en "fase de negación" y ya no saben qué pensar de las administraciones implicadas. "¿Qué milonga nos pueden contar? Les tendría que dar vergüenza (...) El cuidado por el patrimonio en este país es muy escaso. En un país normal, el legado de Macià estaría museizado", expresa Dalmau, que también hace autocrítica: "Fuimos demasiado crédulos al creernos un acuerdo sin firmar ningún papel". 

Ante la inacción de las autoridades, la plataforma admite que tiene "estudiada la vía legal" y que el corazón les pide llevar a los responsables implicados ante la justicia, pero aún no tienen claro cuándo hacerlo. "Estamos en el impás de si el momento es ahora o cuando la casa ya haya caído", apunta. Al fin y al cabo, saben que una denuncia "no hará que se salve la casa", sino que "la voluntad política es lo único que la salvará". 

 

Imagen principal: Fotografía publicada por la plataforma Salvem Cal Macià desde el interior de la Casa Vallmanya el 15 de diciembre, diez días antes del 93º aniversario del presidente. Se ve cómo parte del tejado se ha derrumbado y, por tanto, la lluvia ya no tiene ningún obstáculo para acelerar el proceso de degradación.