El abogado de la familia Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha puesto en evidencia este jueves la tesis acusatoria del inspector de la UDEF, Álvaro Ibáñez, con su interrogatorio en el juicio en la Audiencia Nacional. El instructor de la causa ha explicado que el blanqueo de capitales atribuido a los Pujol tiene como delito precedente la corrupción política (siembre hace falta una acción delictiva anterior para blanquear), pero en el caso del president Jordi Pujol y sus hijos, “no investigó” si presionaron a políticos o funcionarios en operaciones urbanísticas o concesiones públicas para cobrar supuestas comisiones, que la Fiscalia vincula con unos pagos como intermediario que recibió Jordi Pujol Ferrusola. El penalista ha insistido en preguntarle si sabía que en todas las obras bajo sospecha en las administraciones gobernaba el PSC, y si interrogó a algún responsable político y técnico. “No era relevante. Mi tesis es que son plusvalías ilícitas”, ha asegurado Ibáñez. El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha cortado esta línea de interrogatorio y ha asegurado que solo es la hipótesis policial.

En el interrogatorio, Martell le ha insistido en que aclarara el delito precedente y ha denunciado que “lo ha hecho a brochazos”. Y es que en la acusación policial—ha recordado el penalista— se citan casos antiguos, como el caso Banca Catalana, donde el president Pujol ni fue juzgado por la Audiencia de Barcelona; o la condena fiscal al fiscalista Joan Anton Sánchez Carreté y otros casos vinculados a Convergència y a excargos del Govern de Pujol, como Lluís Prenafeta, además del caso Hacienda, caso Kepro, caso Turismo, caso Gran Tibidabo o el caso ITV, donde Oriol Pujol fue condenado, pero por una actuación posterior a la del juicio actual. “¿Dónde está vinculada la familia Pujol en estos casos?”, le ha requerido Martell, y el inspector no ha detallado ninguno, solo que había sacado información de "fuentes abiertas". 

El instructor policial de la causa contra los Pujol ha manifestado que no era necesario investigar si las adjudicaciones públicas eran irregulares porque "la influencia política es a largo plazo, como mantuvimos y se recogió en la sentencia del caso Palau". No obstante, en el caso Palau se probaron pagos de Ferrovial a Convergència, a través del Palau, a pesar de la prescripción. Martell le ha expuesto que su tesis acusatoria va en contra de informes de la Agencia Tributaria sobre los negocios e inversiones del hijo mayor del president Pujol.

Las cuentas en Andorra

En su interrogatorio por parte de las defensas, el inspector Ibáñez no ha sido tan tajante como en las respuestas acusatorias que dio al fiscal el miércoles. Con todo, la credibilidad del jefe policial ha quedado en entredicho cuando en la sesión de miércoles confesó que tenía "animadversión personal" a los Pujol, a pesar de que después matizó que era "a la representación jurídica".

El abogado Pau Ferrer —en nombre de todos los hermanos Pujol, menos de Oriol— ha pedido al instructor que aclarara por qué dijo que la regularización de las cuentas de Andorra en julio de 2014 fueron "incompletas", e Ibáñez ha respondido que lo dijo "como una generalidad". Al ser preguntado, Ibáñez ha contestado que tampoco sabía que el abuelo Florenci Pujol fue sancionado por tener divisas extranjeras. La familia sostiene que su dinero es fruto de una deixa del abuelo. De las cuentas en Andorra, Ibáñez ha reiterado que inicialmente, en los años 90, había una cuenta "como un depósito" con unos 300 millones de pesetas, aparte de la cuenta con la que Pujol Júnior ingresaba dinero a sus hermanos.

¿Oriol hizo alguna adjudicación irregular?

El abogado Oriol Rusca, defensor de Mercè Gironès, exmujer del primogénito del president Pujol, ha exigido al inspector que explicara afirmaciones "no ciertas", como la donación de un piso a la hija, que situó como el despacho profesional del padre.

Por su parte, el abogado Francesc Sànchez solo ha hecho una pregunta al policía: "¿Me puede decir una actuación en la que Oriol Pujol hubiera hecho alguna irregularidad en el ámbito de la administración pública?". El inspector policial ha citado el caso ITV, en el que Oriol Pujol acceptó a dos año y medio de prisión por cobrar comisiones a empresarios, en 2018. Sànchez le ha insistido en que dijera un supuesto en el caso que se juzga ahora, y el jefe de la UDEF no ha sabido decir ninguno. El caso ITV es posterior al caso de la fortuna en Andorra, y por tanto no se puede tener en cuenta en este procedimiento como delito precedente al blanqueo.

El reclamo de los empresarios

Los abogados de una partes de los nueve empresarios que son juzgados también han requerido al inspector policial porque no hizo constar en sus informes los datos que dieron para aclarar las inversiones que hicieron conjuntamente con Jordi Pujol Ferrusola. Por ejemplo, el abogado José Antonio Choclán, en defensa de Luis Delso, exresponsable del Grupo Isolux, ha explicado que el empresario fue absuelto del delito fiscal y se ha exclamado que como era posible que se le vinculara este delito de hacer facturas falsas  con Pujol Júnior como delito precedente el blanqueo de capitales. El inspector Ibáñez se ha limitado a contestar que "solo reflejaba la documentación que le daban".

En cuanto a la operación immobiliária de Azul de Cortés en México, Choclán le ha preguntado qué irregularidad vio si era un negocio "totalmente privado" y también le ha reprochado que pusiera información no comprobada en la causa, como por ejemplo un correo electrónico de uno de los inversos de Pujol, Gustavo Shanahan, que publicó El Mundo, pero no encontrada en los registros hechos a Pujol Júnior, según ha criticado también Martell.

 ¿Son informes de Villarejo?

Por su parte, Diego Artacho, abogado de Carles Sumarroca Claveguerol ha preguntado al policía como surgió su nombre en la investigación, si —como dijo en el juicio— le encargaron a partir de la declaración de Vicky Álvarez al juzgado y no citó al empresario catalán. El jefe policial ha respondido que "lo ha ofendido" cuando el penalista le ha preguntado si la información de la familia Summaroca, propietaria de EMTE, le dio el comisario ahora jubilado José Manuel Villarejo. Los Sumarroca presentaron una querella contra Villarejo y la policía patriótica del PP porque salían en el informes del comisario, que entonces actuaba como agente de inteligencia, según explicó él mismo.

 "Las familias son amigas, forman parte de un núcleo de interés y afinidad, sale a la prensa", ha declarado el instructor Ibáñez, cuando interrogó a un responsable de COMSA-EMTE sobre la relacio de los Sumarroca y los Pujol, y si fueron a la boda de una hija. También ha declarado que empezó a investigar a los clientes de las empresas de Pujol Júnior, de las cuales ha asegurado que "si las sociedades son intercambiables, no sirven de nada, es que ocultan algo".

Finalmente, Luis Jordana, abogado de Bernardo Domínguez Cerecedes, a quien la Fiscalía considera un fiduciario de Jordi Pujol Ferrusola, ha explicado en el juicio que la hija de Pujol Júnior trabajaba en el mantenimiento de un complejo  de apartamentos que gestionaban juntos, y por eso le informaba que ella quería 15.000 euros para reformar una cocina de ahí. "Pero le pidió permiso a Pujol", ha respondido el policía, que sostiene que el dinero que se pagaban eran simulados y era para aflorar "dinero oculto".

El juicio a los Pujol se para hasta el próximo 9 de marzo, que continuará con el interrogatorio del resto de defensas al instructor de la UDEF.