Más de tres décadas después de los hechos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se prepara para presentar cargos criminales contra el expresidente cubano Raúl Castro por derribar dos avionetas civiles de la organización anticastrista Brothers to the Rescue en el año 1996. La acusación, largamente perseguida por fiscales federales de Miami, apunta directamente al papel que Castro habría tenido como ministro de Defensa cubano en la operación que acabó con la muerte de cuatro personas, tres de ellas ciudadanos estadounidenses.

El anuncio oficial podría llegar este miércoles durante un acto de homenaje a las víctimas en Miami, coincidiendo simbólicamente con la fecha en que el exilio cubano conmemora el Día de la Independencia de Cuba. Según fuentes conocedoras del caso, el fiscal general en funciones de Estados Unidos, Todd Blanche, tiene previsto participar en la ceremonia.

"Homicidio planificado"

El ataque continúa siendo una de las heridas más profundas en la relación entre Washington y La Habana. El 24 de febrero de 1996, dos cazas MiG cubanos derribaron dos avionetas civiles de Brothers to the Rescue sobre aguas internacionales cerca de Florida. La organización había nacido para localizar refugiados cubanos perdidos en el mar, pero con los años también se había convertido en una plataforma de propaganda anticastrista que sobrevolaba el espacio cercano a Cuba lanzando folletos contra el régimen.

Para los fiscales estadounidenses, el derribo de las avionetas no fue ninguna improvisación. "No fue un incidente puntual ni una reacción espontánea: fue un homicidio planificado", asegura David Buckner, uno de los fiscales que participó en la investigación sobre la red de espionaje cubana infiltrada en el sur de Florida.

Aquella red, conocida como La Red Avispa o Wasp Network, había conseguido infiltrar agentes dentro de la comunidad anticastrista de Miami, incluida la propia Brothers to the Rescue. Según la investigación del FBI, espías cubanos alertaron al ejército de La Habana sobre el vuelo de las avionetas el día del ataque y evitaron incluso que uno de los principales agentes infiltrados subiera a bordo antes de derribarlas. 

El caso marcó durante años la política cubana de Estados Unidos. En 2000, cinco miembros de la red de espionaje fueron condenados por espionaje y otros delitos. Entre ellos estaba Gerardo Hernández, considerado el líder de la operación. Pero su excarcelación en 2014, en el marco del intercambio de prisioneros impulsado por el expresidente Barack Obama durante el deshielo con Cuba, provocó indignación entre la comunidad cubanoamericana de Florida.

Ganas de imputar a Raúl Castro

Los intentos para imputar a Raúl Castro vienen de lejos. Después de la condena del exdictador panameño Manuel Noriega por narcotráfico en 1992, fiscales de Miami empezaron a estudiar una posible acusación contra los hermanos Castro. Algunos investigadores aseguran que las indagaciones apuntaban incluso a presuntos vínculos entre dirigentes cubanos y cárteles colombianos.

Pero los cambios políticos en Washington y las prioridades diplomáticas fueron enterrando el caso durante años. Hasta ahora. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca reactivó sectores de la administración favorables a reanudar la ofensiva judicial contra el régimen cubano. Figuras influyentes del exilio, como el abogado George Fowler, hace tiempo que presionan para que los Castro sean procesados. "Intento conseguir que los imputen desde que tenía nueve años", afirmó recientemente.

Raúl Castro tiene hoy 94 años y hace tiempo que está apartado de la primera línea política, pero el valor simbólico de la acusación es enorme. Para el exilio cubano, el caso representa una vieja factura pendiente con el régimen de La Habana. Para Washington, es también un mensaje político: los crímenes contra ciudadanos estadounidenses pueden perseguirse incluso treinta años después.