Desconcierto. El instructor de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigó a la familia Pujol Ferrusola, Álvaro Ibáñez, ha afirmado este miércoles en el juicio en la Audiencia Nacional que tiene “animadversión personal” a los Pujol porque lo denunciaron y que lo perjudicó, a pesar de que ahora es jefe de sección de la Comisaría General de Información de la policía española. El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, sorprendido, ha asegurado que su confesión tienen "consecuencias jurídicas" y le ha advertido que "tiene el deber inexcusable de decir la verdad". Pocos minutos después del inicio de su interrogatorio, Ibáñez se ha encarado con el abogado de Mercè Gironès, Oriol Rusca, por “hacer comentarios”, y el presidente del tribunal ha tenido que volver a intervenir y pedir profesionalidad. Ante esta confesión, es evidente que las defensas reclamarán apartar su testimonio por motivos espurios. Al entrar en la sede de la Audiencia Nacional, el jefe policial —que declara con el apoyo de un portátil— incluso se ha hecho una selfi, según han recogido las cámaras.
La defensa de la familia Pujol, ejercida por Cristóbal Martell, denunció a Ibáñez, junto con su superior, Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo (DAO) de la policía española, por haber intentado introducir un pendrive con información bancaria obtenida ilegalmente en la causa de los Pujol en la Audiencia Nacional. Finalmente, solo Pino fue condenado a un año de prisión, y en la vista del martes aseguró que había presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Casos de corrupción
En su interrogatorio por parte del fiscal Fernando Bermejo, el jefe de la unidad ha asegurado que la declaración de Vicky Álvarez les permitió iniciar la investigación a Jordi Pujol Ferrusola, en 2012. Ha añadido que el blanqueo de capitales “es el troncal” del caso, y el “delito antecedente, la corrupción”, en genérico sin detallar ningún delito concreto. El presidente de la Audiencia Nacional ha pedido al instructor “casos concretos” de los supuestos hechos delictivos y le ha advertido: "No dé lecciones jurídicas al tribunal, nosotros somos los expertos". El hijo mayor de Pujol, detrás de Ibáñez, escucha su declaración con atención.
El caso Pujol se reactivó el 25 de julio de 2014 con la confesión del presidente Pujol de que la familia tenía una fortuna escondida en Andorra, regularizada al ser divulgada por El Mundo. Los Pujol sostienen que es dinero de la deixa del abuelo Florenci, mientras la Fiscalía los atribuye a comisiones de empresas a cambio de concesiones públicas.
El instructor de la UDEF ha explicado que los siete hijos de Pujol y su madre tenían cada uno una cuenta bancaria en Andorra, desde los años 90, y que Jordi Pujol Ferrusola les iba haciendo transferencias desde Suiza y otros paraísos fiscales, siguiendo el principio de "caja única" y que encuentra sospechoso.
También ha añadido que Pujol Júnior y Gironès cobraron de las sociedades Copisa y Emte —sus exdirectivos son también juzgados— "facturas falsas por no hacer nada". Ha vinculado estos pagos a supuestas obras públicas de L9 de metro, el AVE de Girona y L'Hospitalet, aunque sin detallar las adjudicaciones. "Son operaciones sin racionalidad, que es la base del blanqueo", ha asegurado Ibáñez.