El juicio al fiscal general del Estado se ha retomado con la declaración como testigo de Eugenio Ribón, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid. El Colegio está personado como acusación popular, pide seis años de cárcel para Álvaro García Ortiz y hace un año y medio presentó una denuncia por la nota de prensa que difundió la Fiscalía Provincial de Madrid sobre el caso de presunto fraude fiscal de Alberto González Amador. Ese documento exponía cronológicamente la investigación, confirmaba que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había reconocido dos delitos fiscales y desmentía que la propuesta de llegar a un acuerdo hubiera partido de la Fiscalía (como había difundido falsamente el jefe de gabinete de la presidenta madrileña). Según ha relatado Eugenio Ribón, la nota tenía un “carácter insólito” y generó “alarma”, un “desconcierto absoluto” y una “inquietud exacerbada” en la abogacía. “Resultaba difícil de creer”, ha admitido. Y ha denunciado su “inusitada gravedad” para el “ejercicio de la profesión” y el “derecho de defensa”.

 

“La preocupación era onda, nunca habíamos conocido una situación como la que estábamos viviendo que fracturara de esa manera el ejercicio del derecho de defensa”, ha reiterado Eugenio Ribón. A preguntas de Gabriel Rodríguez-Ramos, el abogado de Alberto González Amador, ha lamentado que la nota de prensa incluía comunicaciones “absolutamente confidenciales” entre el letrado de la pareja de Ayuso y el fiscal del caso: “Forma parte de la esencia de la conformidad y del desarrollo de la abogacía. Sin confidencialidad no es posible desarrollar una defensa libre”, ha subrayado. “Si se quisiera desmentir algún tipo de información, no era preciso revelar el contenido literal de aquellos correos que formaban parte del más estricto sentido de confidencialidad que pueden mantener un abogado y un fiscal”, ha apostillado.

“Sin abogados libres, no hay jueces independientes”

En su turno, en nombre de la defensa del fiscal general del Estado, José Ignacio Ocio, ha preguntado con insistencia a Eugenio Ribón si se produjeron otras filtraciones a los medios de comunicación sobre el caso de Alberto González Amador. No lo ha mencionado, pero aludía al correo del fiscal Julián Salto que publicó El Mundo el 13 de marzo a las 21.29 horas (dando a entender que la iniciativa del acuerdo de conformidad había sido de la Fiscalía) y que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, difundió a un grupo de periodistas. Sin embargo, el decano del Colegio de Abogados de Madrid no ha querido entrar en ello.

“Nos centramos únicamente en la nota de prensa”, ha contestado repetidamente. “El Colegio no entra a valorar las comunicaciones publicadas por distintos medios de comunicación, únicamente actúa sobre una nota de prensa de la Fiscalía, que es muy distinta de cualquier otro hecho noticiable que se pueda divulgar en un periódico”, ha justificado. “Al actuar sobre la nota de la prensa de la Fiscalía Provincial, es cuando el Colegio entiende que el abogado pierde su libertad. Sin abogados libres, no hay jueces independientes. Sin jueces independientes, no hay justicia imparcial. Y sin justicia imparcial, no hay Estado de derecho”, ha remachado.

El fiscal general del Estado quiso “poner paños calientes” a la nota de la Fiscalía

Eugenio Ribón también ha recordado que después de la publicación de la nota, él acudió a la sede de la Fiscalía General del Estado para reunirse con Álvaro García Ortiz, que le llamó para pedirle de verse en persona. Al final de la reunión, que se alargó unos quince minutos, el fiscal general del Estado planteó la posibilidad de hacer “algún tipo de comunicado conjunto” entre la Fiscalía y la Abogacía para manifestar que existía un “clima de comunicación cordial”. “Más o menos, [quiso] poner ciertos paños calientes sobre la nota de la Fiscalía”, ha verbalizado Ribón. El diccionario define los paños calientes como “buenos oficios que se aplican para templar el rigor o aspereza con que se ha de proceder en una materia”.

Sin embargo, el decano del Colegio de Abogados de Madrid rechazó la propuesta: “Le respondo que no era la pretensión con la que habíamos llegado a la Fiscalía y que el tema trascendía por la extraordinaria gravedad que lo otorgábamos desde la Abogacía a la mera suscripción de un comunicado y que lo que esperábamos era una investigación y una depuración de responsabilidades”, ha señalado delante del juez. Cuando manifestó que no compartía la hoja de ruta que Álvaro García Ortiz había puesto encima de la mesa, la conversación “se precipitó rápidamente” y se dio por terminada en “apenas dos minutos o en pocos segundos”. Posteriormente, el Colegio de Abogados de Madrid decidió “iniciar acciones penales”.