El debate por el decreto de vivienda que este martes se ha de votar en el Congreso de los Diputados ha escalado, aún más, tensión política entre Comuns y Junts. Después de que los juntaires rompieran relaciones con Sumar, el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha cargado duramente contra la portavoz de Junts en Madrid, Míriam Nogueras, por sus críticas a la norma impulsada por Sumar. “Que no juegue a la desinformación”, le ha espetado en una rueda de prensa este martes.

Cid ha asegurado que los Comuns “seguirán intentando hasta el último minuto” que salga adelante. En este sentido, ha presionado a Junts para que cambie el sentido de su voto: “Queremos que no se sitúe al lado de la patronal ni de Sánchez Llibre, sino al lado de los inquilinos”. El dirigente ha planteado el debate en términos de “voto de clase”, contraponiendo “la gente que se forra con la vivienda” con aquellos que “hacen lo imposible para llegar a fin de mes”.

Nogueras carga contra el decreto

Las declaraciones llegan después de que Nogueras haya hecho pública en las redes sociales una dura crítica al decreto. La dirigente de Junts denuncia que la norma permitiría a los grandes tenedores prorrogar contratos manteniendo precios antiguos y evitando así rebajas, y también alerta que se alargarían contratos a inquilinos que no pagan. Además, sostiene que las políticas actuales “no crean ninguna vivienda nueva”, han reducido la oferta de alquiler y han incrementado la inseguridad jurídica, favoreciendo —según dice— la entrada de fondos de inversión.

Cid ha replicado punto por punto estas afirmaciones. Ha negado que los precios del alquiler hayan subido en Catalunya en los términos que denuncia Junts y ha asegurado que, por ejemplo, en Barcelona han bajado y que en las zonas tensionadas han crecido por debajo de la inflación. También ha acusado a Nogueras de “inventarse los datos” sobre la caída de contratos, afirmando que durante el 2025 se han registrado cerca de 9.000 en Catalunya, con una concentración importante en zonas reguladas. “Las políticas de los Comuns funcionan”, ha remachado. El portavoz también ha cargado contra la propuesta alternativa de Junts, centrada en la construcción de vivienda pública, recordando que entre el 2013 y el 2022 —con gobiernos del espacio postconvergente— solo se construyeron 519 viviendas públicas en Catalunya.

Junts y PNB harán embarrancar el decreto

La confrontación llega con el posicionamiento ya fijado de Junts per Catalunya, que este lunes confirmó que votará en contra del decreto. A pesar de los intentos de acercamiento de Sumar —con el ministro Pablo Bustinduy asegurando que algunas propuestas de los 'juntaires' son “aceptables”—, la formación liderada por Carles Puigdemont no se mueve. De hecho, el PNB también ha anunciado este martes que se abstendrá en el decreto. Fuentes de Junts remarcan que el texto no es modificable y rechazan cualquier negociación: “No tenemos que negociar nada ni estamos negociando nada”. La negativa se enmarca también en la ruptura de relaciones con Sumar, liderado por Yolanda Díaz, después de las acusaciones de “clasistas” y “racistas” dirigidas a los 'juntaires'.

Desde Junts defienden un modelo alternativo basado en incentivos fiscales y menos intervención del mercado. Entre sus propuestas hay una deducción del 15% en el IRPF por alquiler o hipoteca, con un tope anual, así como medidas para evitar que personas mayores que venden su vivienda habitual para pagar una residencia tengan que tributar. El partido también reclama que sea el Estado quien asuma el coste de las políticas sociales.

El contenido del decreto

El decreto impulsado por Sumar plantea una intervención directa en el mercado del alquiler, con reducciones obligatorias de precios en zonas tensionadas, especialmente para grandes tenedores, y medidas para ampliar el parque público de vivienda. También incluye limitaciones a la venta de vivienda pública a fondos de inversión y una regulación más estricta de los alquileres turísticos y de temporada. En el ámbito social, prevé la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, ayudas al alquiler e incentivos fiscales para los propietarios que bajen precios. El objetivo, según sus impulsores, es frenar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda como un derecho.

Con las posiciones alejadas y el voto de Junts en contra, el futuro del decreto queda en el aire, en medio de un choque político que refleja dos visiones opuestas sobre cómo abordar la crisis de la vivienda.