Aunque el president Salvador Illa mantiene, tras la experiencia de hace unos meses, una actitud de prudente espera a que Esquerra Republicana cumpla los trámites internos para dar luz verde al proyecto de presupuestos, para que aquel fiasco no se vuelva a repetir, en esta ocasión todo apunta a que conseguirá sacar adelante sus primeras cuentas públicas. No en plazo, se hubieran tenido que aprobar para entrar en vigor el pasado 1 de enero; tampoco el primer año, desistió en las de 2024, ya que no accedió a la presidencia hasta el mes de agosto y no tuvo una mayoría parlamentaria suficiente en las de 2025; pero, a la postre, podrá decir que su bagaje tampoco ha sido tan diferente del de los últimos presidentes de la Generalitat: Pere Aragonès aprobó las cuentas de 2022 y 2023, Quim Torra los presupuestos de 2020 y Carles Puigdemont los de 2017. Y si miramos hacia el Gobierno, Pedro Sánchez no ha conseguido ninguno en la presente legislatura y desde que llegó al Palacio de la Moncloa solo ha sacado adelante tres, datando el último de 2023.

Pero más allá de las estadísticas al detalle de cómo ha ido la negociación de los últimos años, hay dos cosas que también se han de destacar: Salvador Illa, con un gobierno monocolor, en clara minoría parlamentaria y en el momento de mayor dificultad política de la legislatura, tiene en la mano un triunfo que vale su peso en oro y con el que se podrá echar a la espalda muchas de las críticas que recibe. Los presupuestos no cambiarán mucho de los presentados y retirados del Parlament la víspera de San José, que ascendían a unos 49.162 millones de euros, récord histórico de gasto, suponían un 10,3 % de aumento respecto al gasto ejecutado en 2025 (incluyendo suplementos de crédito) y alrededor de otro 22,8 % de incremento respecto a los últimos presupuestos realmente aprobados, que eran los de 2023. Igual serán los únicos que aprobará Illa, o no, pero, aunque así fuera y no sacara adelante los de 2027, tiene cojín de sobra para llegar hasta las elecciones catalanas, inicialmente previstas para mayo de 2028. Por tanto, el trofeo logrado es, políticamente hablando, para el Govern de un tamaño enorme.

Salvador Illa, con un gobierno monocolor, en clara minoría parlamentaria y en el momento de mayor dificultad política de la legislatura, tiene en la mano un triunfo que vale su peso en oro

Después está el peaje pagado. Era inasumible para los socialistas, por una razón o por otra, la primera exigencia: que la Agència Tributària de Catalunya recaudara, liquidara y gestionara todos o gran parte de los impuestos, y por eso en el pacto inicial se hablaba de empezar con el IRPF ya en 2026, aunque enseguida el tema descarriló y después se aplazó hacia 2028 alegando limitaciones técnicas y políticas. También topó con la oposición del Gobierno la transferencia del 100 % del IRPF para que la Generalitat lo recaudara y gestionara. De hecho, ese fue el motivo aducido, puertas afuera, por Esquerra para forzar al Govern a retirar los presupuestos del Parlament si no quería arriesgarse a una derrota. Ahora, estas dos condiciones han desaparecido y ha emergido un tren orbital que conectaría diversas ciudades de la segunda corona de Barcelona sin pasar por la capital. Es un proyecto muy ambicioso, con una inversión total de 5.200 millones, y que tiene toda la lógica a la hora de facilitar la movilidad entre ciudades como Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers y Mataró.

El principal problema no es, por tanto, la idea en sí, sino las enormes dudas de que un día llegue a ser realidad un proyecto que, aunque está programada su finalización para 2040, tiene que ser pagado íntegramente por el Estado español. Es normal que así sea, ya que la experiencia histórica no invita al optimismo. Aún resuenan los ecos del informe económico elaborado y presentado hace pocas fechas por la patronal Foment del Treball titulado El déficit de inversión en infraestructuras en Catalunya 2009-2025, que cifraba en un déficit acumulado de inversión para parecernos a Europa de alrededor de unos 60.000 millones de euros de 2025. Los datos son demoledores y preocupantes, incluidos los del gobierno de Pedro Sánchez: la media de inversión sobre el PIB ha sido baja y, no solo se planifica poca inversión, sino también que de la inversión prevista se ejecuta poca, siendo el Estado el gran incumplidor. Decía el escritor del Siglo de Oro Francisco de Quevedo que nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir. Y la historia de las promesas de Pedro Sánchez es de sobras conocida, por unos y por otros, aquí la lista es larga, ya que cuenta con un currículum perfectamente revisable.