Santos Cerdán vuelve a pedir la libertad al Tribunal Supremo. El exsecretario de Organización está en la prisión de Soto del Real desde hace tres semanas después de que el juez Leopoldo Puente, que lo está investigando por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, decretara prisión provisional argumentando que podría “ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas que puedan existir”. Ahora, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, con Pablo Llarena como ponente y dos magistrados del juicio del procés (Juan Ramón Berdugo y Antonio del Moral) como miembros del tribunal, ha estudiado en una vista a puerta cerrada el recurso que presentó la defensa de Cerdán, que pidió su puesta en libertad “inmediata” esgrimiendo que es una “causa general” y que la decisión se adoptó “sin indicios suficientes”. En cambio, la Fiscalía Anticorrupción y el PP (como dirección de las acusaciones populares) se opusieron a las pretensiones de Cerdán. Eso sí, Catalunya en Común y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), que también están personadas, se oponen a que Cerdán continúe en la prisión. Hoy, durante la vista, Benet Salellas y Jacobo Teijelo han acusado al juez de utilizar la prisión como una “herramienta coercitiva”, han negado que haya riesgo de destrucción de pruebas esgrimiendo que no se ha especificado qué pruebas se quieren conservar y han cuestionado la “hipótesis fantasiosa y sin ningún fundamento” del fiscal Alejandro Luzón, que sostiene que Cerdán es el único que “sabía quién era el responsable de los pagos”.

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Fuentes de la defensa de Santos Cerdán relatan que han alegado que no saben las diligencias o las pruebas que “se están protegiendo” con la prisión provisional y han subrayado que las pruebas tienen que ser “susceptibles de ser destruidas”. “No se nos ha concretado qué pruebas se quieren proteger. No lo han especificado, ni han dicho que haya un plan. No es culpa nuestra que no haya habido entrada y registro en su domicilio, el juez no lo ha acordado. Ellos no han querido practicar entrada, es una contradicción”, lamentan las mismas voces. Asimismo, recuerdan que el juez no pidió a Santos Cerdán su móvil, que se quedó en su mesilla de noche “esperando que llegara el registro”, que no llegó nunca, y que desde que Cerdán renunció al acta de diputado lo habrían podido detener si había riesgo de destrucción de pruebas. “Si lo hubiera dejado por después de la declaración, sería un presunto delincuente perezoso”, ironizan las mismas voces.

¿Qué más han dicho a la vista? El abogado Benet Salellas ha puesto de relieve su preocupación viendo que se haga una “construcción mucho por arriba” y que, en cambio, “no esté concretado” en los niveles inferiores y se ha quejado de que no estén encima de la mesa los expedientes administrativos de las adjudicaciones que están bajo sospecha. Por su lado, Jacobo Teijelo, que se incorporó hace unos días a la defensa, ha sacado a colación el argumento del fiscal Anticorrupción, que reprochaba que solo Santos Cerdán “sabía quién era el responsable del pago, cuál era la cantidad que importaba el mordisco, cuando, como y donde se tenía que satisfacer esta y quien eran todos los beneficiarios”. “Es la descripción exacta de una perquisición general”, esgrimen fuentes de su defensa.

Además, ha rebatido el argumento esgrimido por la Fiscalía Anticorrupción lamentando que la declaración como investigado tuvo formado de una “amable entrevista”. “Ahora el Ministerio Fiscal incorpora un nuevo paradigma que es que las declaraciones tienen que ser dolorosas y no pueden ser amables”, lamentan voces del entorno del exdirigente socialista. Durante la vista, el fiscal Alejandro Luzón ha descrito el interrogatorio como un “masaje” y Teijelo ha respondido con comparaciones taurinas: “¿Habría preferido un tercio de banderillas? ¿Un tercio de barras? ¿Un rejoneo?”, se ha preguntado.

Prisiones deja de informar a la UCO sobre las visitas a Santos Cerdán

Hoy mismo, Instituciones Penitenciarias ha comunicado al Supremo que ha decidido dejar de informar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las visitas que recibe Santos Cerdán en la cárcel. En un escrito, se informa de que “se deja sin efecto el cumplimiento que se venía haciendo relativo a la solicitud” de la UCO en la que “se pedía información sobre las visitas al interno”. Así lo ha decidido en virtud de una providencia Leopoldo Puente en la que se limitó a recordar a Instituciones Penitenciarias que debe actuar en los términos que “considere normativamente conducentes”.

El pasado 3 de julio, la UCO pidió a prisiones ser “informada de las visitas que reciba el interno, a poder ser con antelación a que se produzcan” alegando que era de “interés para las investigaciones”. “Es de interés quién y cuándo se realizan o realizarán dichas visitas, no así el contenido de las mismas”, pedía la UCO, que reclamó la “máxima discreción”. En su momento, fuentes de la defensa de Santos Cerdán denunciaron que era un grave “atropello” a sus derechos y hoy lo han reiterado en la vista que se ha celebrado, en la que han lamentado que se presuponga la “presunción de indecencia” de los abogados.

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Una perspectiva “netamente inquisitiva” y una prisión para “provocar una confesión”

En su recurso, Benet Salellas denunciaba que la “perspectiva asumida en todo momento” por el juez es “netamente inquisitiva” y “partidaria de una interpretación de los hechos en todo momento contraria a la perspectiva del investigado y construida siempre desde la presunción contra reo”. Asimismo, acusaba al magistrado de querer “provocar una confesión”, como pasó hace meses con Víctor de Aldama, que consiguió salir de la cárcel después de declarar, y ponía en dudas los audios que grabó Koldo García y que fueron la base del informe de la Guardia Civil e introducía la sombra de sospecha sobre quien es realmente el exasesor de José Luis Ábalos: “Unos audios realizados y preservados de manera fragmentaria durante años por un posible colaborador policial que acaba como investigado no son la mejor prueba garantista, objetiva e independiente para utilizar para acordar una prisión provisional en un proceso penal democrático”, señaló. Ahora el juez del Supremo ha accedido a analizar si los audios “resultan formalmente auténticos o han podido ser objeto de alguna clase de manipulación, corte o edición”.

El fiscal advirtió que Santos Cerdán podría “condicionar” a testigos

En cambio, la Fiscalía Anticorrupción fue muy contundente reclamando que Santos Cerdán continúe en la prisión. El fiscal Alejandro Luzón esgrimió que Santos Cerdán tenía “capacidad de condicionar” a testigos y que, fuera de la prisión, tendría la posibilidad de “seguir relacionándose con otras personas responsables de los pagos hechos por las adjudicaciones falseadas, incluso desconocidos”. Además, justificó que el “actual desconocimiento de las comunicaciones” de él con la “parte activa de la corrupción” y la “identidad y detalles de sus relaciones con esta” es lo que “genera el riesgo de alteración o destrucción de pruebas”.

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“Asumió la dirección de una organización criminal que, de manera concertada y coordinada con otros, consiguió penetrar en un gobierno en el que era ajeno, ni más ni menos que en las entrañas del Ministerio de Foment, uno de los departamentos con mayor capacidad inversora, estableciendo desde el principio un eficaz y duradero sistema de cobro de comisiones por adjudicaciones públicas”, relataba Alejandro Luzón. “Lo organizó o amparó, presuntamente, Santos Cerdán, conjuntamente con José Luis Ábalos y Koldo García, para infringir en su beneficio y en el de terceros el correcto funcionamiento del sistema de contratación pública”, añadía. El fiscal situaba a Santos Cerdán como pilar fundamental de la trama y reseñaba su “preeminencia en la organización delictiva”, dado que se encargaría de “reclamar a las constructoras los obsequios debidos y repartirlos entre Ábalos y Koldo” y era el único que sabía “qué personas físicas o jurídicas podrían ser destinatarias del botín obtenido”.

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El PP alertó de que Santos Cerdán podría “entorpecer, obstaculizar o incluso anular” la investigación

Por su parte, el Partido Popular, que lidera las acusaciones populares del caso Koldo, negó que sea una causa política: “Cerdán es un político, pero esta no es una causa política, es una causa de corrupción que afecta personas con cargo político y personas sin cargo político”, sostuvo. Y arremetió con dureza contra los argumentos de Benet Salellas: “Sostener que no existen indicios y que esta causa está dirigida a ver si a lo largo de su trayectoria profesional ha podido cometer algún tipo de acción delictiva suena ciertamente cervantino […] y bastante imaginativo”, sostenía. El abogado de los populares recalcó que es “innegable” que Santos Cerdán “podría entorpecer, obstaculizar o incluso anular” la investigación y subrayó que hay “sólidos e incontestables indicios” que le atribuyen una “participación nuclear en una actividad corrupta”.