El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la ley de Servicios de Atención al Cliente. Así, quedan a partir de ahora prohibidas las llamadas spam y también queda garantizada la atención en catalán a los consumidores por parte de las grandes compañías. La norma ha salido adelante porque esta última medida —la de respetar los derechos lingüísticos de catalanes, vascos y gallegos en sus respectivos territorios— estaba pactada entre Junts per Catalunya y el PSOE. La iniciativa forma parte, por tanto, de la carpeta de medidas del Gobierno que los independentistas capitaneados en Madrid por Míriam Nogueras sí que avalarán porque ya existe un pacto previo entre ambas partes.

La norma establece que la presentación de consultas, quejas, reclamaciones o incidencias de las empresas que prestan servicios en comunidades autónomas con lengua oficial diferente del castellano se realice "en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales" cuando el servicio de atención al cliente sea dirigido a clientela situada en autonomías que dispongan de lenguas cooficiales. Esquerra Republicana ha reivindicado desde un principio la coautoría de esta enmienda que garantiza la atención en catalán a los consumidores por parte de las empresas de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general. El diputado republicano Jordi Salvador ha asegurado durante su intervención que la iniciativa estaba pactada con los socialistas en la anterior legislatura, pero que decayó porque Pedro Sánchez convocó nuevas elecciones generales, las del 23-J de 2023.

En la norma aprobada este jueves pactada entre Gobierno y Junts se estipula la “formación obligatoria en catalán para los trabajadores de los servicios de atención a la clientela” para que “puedan atender a los clientes con garantías”. Asimismo, introduce la “sustitución de la obligación de responder como mínimo en castellano por la de hacerlo con la lengua oficial con la que se haya dirigido el cliente a la empresa”. Finalmente, las comunicaciones escritas y verbales de la empresa con el cliente también “se adaptarán a la lengua elegida por este al iniciar el contacto”.

Prohibición de las llamadas 'spam'

La ley aprobada este jueves en el Congreso depende del Ministerio de Consumo que lidera Pablo Bustinduy. Sumar introdujo una enmienda que se ha convertido en la más conocida de la iniciativa en todo el Estado: quedan prohibidas las llamadas spam. Las grandes empresas estarán obligadas a usar un prefijo para sus llamadas comerciales, y las operadoras de telefonía deberán bloquear las llamadas que no usen este prefijo. Las llamadas comerciales sin consentimiento quedarán prohibidas y los contratos que se formalicen en estas llamadas quedarán anulados.

Entre las principales medidas, se pretende que el 90% de las grandes empresas atiendan en menos de tres minutos y que no se usen sistemas automatizados como único método de atención. Es decir, garantizar el derecho a ser atendido por una persona y no por una máquina.