Pedro Sánchez se aboca, si no hay ningún giro de guion, a un mandato entero sin aprobar (ni siquiera presentar) presupuestos generales del Estado. Actualmente están vigentes las cuentas del año 2023 —aprobadas en noviembre de 2022—, que son de la anterior legislatura. En 2024 y 2025 ya se echó atrás en la presentación de las cuentas. En el primer caso, renunció en el preciso instante en que el entonces presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, convocó elecciones anticipadas en Catalunya. El jefe del ejecutivo español calculó que, con una aritmética tan ajustada y tan dependiente de las formaciones independentistas, sería imposible que estas formaciones negociaran las cuentas españolas y las apoyaran en plena campaña electoral. Sin que se interpusiera ningún acontecimiento importante en el camino, esta debilidad parlamentaria fue el mismo argumento para, al año siguiente, volver a renunciar a la presentación de los presupuestos. El Gobierno de PSOE y Sumar ya acumulaba entonces varias deudas con los socios de investidura y ya se había acostumbrado a las derrotas parlamentarias. Y ahora la excusa es, según ha trasladado el propio Sánchez, la guerra en Irán.
La realidad, más allá del estallido bélico en Oriente Medio, es que el escenario se le ha ido complicando cada vez más a Sánchez. Lo que el año pasado era estar en números rojos con los socios, este año ya se ha convertido en las relaciones PSOE-Junts rotas, con ERC sin renunciar el IRPF, y con Podemos convencido de que está en camino de culminar la venganza cainita a Yolanda Díaz.
Por un lado, los juntaires aseguran que no mantienen contactos con los socialistas; y no hay ningún ministro del gabinete de Sánchez que, ni en público ni en privado, les lleve la contraria. Por el otro, el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, se ha mostrado abierto a “evaluar” propuestas alternativas por parte del PSC ahora que Salvador Illa también ha puesto el freno de mano retirando los presupuestos catalanes, pero continúa queriendo la cesión de la recaudación del IRPF; se trata de la línea roja que tenía bloqueadas las cuentas de la Generalitat y también las de la Moncloa. Y, además, Podemos acaricia ya la culminación de la venganza a Sumar —su homicida política en grado de tentativa, Yolanda Díaz, ya ha renunciado a volverse a presentar a unas elecciones— e Irene Montero aboga ahora por un tándem con Gabriel Rufián, quien ya se ha convertido en el líder simbólico de la izquierda española. Fuentes de los morados aseveran en conversaciones informales con este periódico que no tienen intención de facilitar al PSOE y a Sumar la aprobación de unas nuevas cuentas.
La guerra, el decreto anticrisis y la previsión de crecimiento, nuevas excusas para no exponerse a un descalabro parlamentario
Ahora, Sánchez aleja la fecha —o la posibilidad— en la que el Gobierno presente los presupuestos generales del Estado de 2026. El jueves, desde Bruselas, el presidente socialista restaba prioridad a la presentación de las cuentas aseverando que ahora su ejecutivo está focalizado en lo “urgente”. Es decir, en la respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Por eso este pasado viernes el Consejo de Ministros celebró una reunión extraordinaria para aprobar un decreto ley con medidas anticrisis.
Después de aprobar un paquete de 5.000 millones de euros focalizado en reducir el precio de carburantes, electricidad y fertilizantes, Sánchez insistió en la misma idea. Comparecía en rueda de prensa para explicar el plan, y en respuesta a las preguntas de los periodistas, señalaba que no es baladí decir que ahora hay que ocuparse de la respuesta a la guerra. Argumentaba que hay que ocuparse de las “gravísimas consecuencias” de la ofensiva de Estados Unidos e Israel. De todas formas, Sánchez también advertía que “puede haber una alteración en la previsión del crecimiento” económico que obliga al ejecutivo a recetarse paciencia. Y, como ha hecho los últimos tres años, allanaba el camino para una nueva prórroga presupuestaria: “Las cuentas actuales nos permiten crecer y continuar reduciendo la desigualdad”.
Cambio discursivo al día siguiente de la marcha atrás de Illa
Sánchez confirmó que retrasaba la presentación de los presupuestos, precisamente, al día siguiente de que Salvador Illa anunciara que hacía una renuncia similar; aún mayor: PSC y ERC pactaron que el Govern retiraba unos presupuestos ya presentados para ganar tiempo, continuar negociando y encontrar una alternativa a la exigencia de los republicanos con el IRPF, que es un compromiso del pacto de investidura de Illa y que requiere que el Ministerio de Hacienda mueva ficha. Este tributo también era la línea roja para negociar las cuentas españolas.
La nueva posición del Gobierno representa un cambio en su discurso. Durante semanas han asegurado que tenían intención de presentar las cuentas este primer trimestre; antes del día 31 de marzo. Y también señalaban que los presentarían a pesar de que no contaran con los apoyos necesarios. Pero María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y, por lo tanto, miembro del gabinete de Sánchez responsable de presentar las cuentas, aseveraba el jueves que ella “nunca presenta presupuestos si no tiene la confianza de que se aprobarán”. No es lo que había dicho hasta ahora.
Montero, con un ojo puesto en Andalucía y en el calendario que marque Juanma Moreno
También decía Montero que la presentación de estas cuentas se retrasaría “unas semanas”. Se trata de un elemento más que hace pensar que las cuentas ni están ni se las espera. Aunque no fuera una indefinida patada hacia delante, proyectar los presupuestos para dentro de unas semanas puede provocar que Montero ya no forme parte del Gobierno. Siempre ha dicho que abandonará la Moncloa cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, convoque elecciones. Ella será la candidata del PSOE. Los comicios en esta autonomía se tienen que celebrar, como tarde, este verano. Y eso provoca que Moreno tenga ya poco margen para convocarlos y se especula con la posibilidad de que lo haga después de las vacaciones de Semana Santa.
Es el cuento de nunca acabar. Si el Gobierno llega a 2027, podría entonces utilizar el mismo argumento por el que renunció a las cuentas de 2024: que es imposible negociarlos con los partidos centrados en la precampaña electoral. Y Sánchez llegaría al final del actual mandato sin haber aprobado ni presentado unos presupuestos.