Pedro Sánchez ya renunció a presentar los presupuestos generales del Estado de 2024 y 2025. La primera vez que tiró la toalla fue por la convocatoria de las elecciones en Catalunya del 12-M. El Gobierno consideraba que, siendo en esta legislatura tan dependiente de los independentistas, sería imposible que estas formaciones negociaran las cuentas españolas y dieran apoyo a ellas en plena campaña electoral. La segunda vez fue, sencillamente, por el incremento de su debilidad parlamentaria, ya con muchos números rojos con los socios de investidura y varias derrotas acumuladas en el Congreso de los Diputados. En las dos ocasiones, a pesar de todo, el ejecutivo socialista prometía que los presentaría. Ahora, con los presupuestos de 2026, Sánchez ha hecho la misma promesa; pero con un matiz: hace un salto el vacío diciendo que los presentará, que los llevará a votación y que perder no tendrá ninguna consecuencia porque aunque la cámara baja los tumbe él no dimitirá y continuará enrocado en la Moncloa.

La sala de máquinas de la Moncloa es consciente de que, con la creciente distancia entre el PSOE y sus socios de investidura a medida que se agota el mandato, nada hace pensar que estas formaciones sí que le aprobarían ahora los presupuestos. Es por eso que prueba de dar un golpe de efecto intentando traspasar a los socios la presión de temer un fracaso, con el argumento de que Sánchez continuará en la Moncloa a toda costa y que será responsabilidad de ellos no tener unas cuentas para el siguiente ejercicio que permitan tener más y mejores políticas sociales. Así les desafiaba el presidente del Gobierno este pasado lunes en su entrevista a TVE: "Que cada grupo parlamentario diga lo que quiera; yo los presentaré; y seré claro... los presupuestos son un instrumento, no una finalidad en ella misma; la finalidad es crecer, crear lugares de trabajo, reducir desigualdades y sacar adelante la agenda de transformaciones económicas y poder gestionar los fondos europeos, entre otros".

Montero da el primer paso para elaborar los presupuestos: "Es hora de compartir las responsabilidades"

El día siguiente, en la habitual rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de los martes, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era todavía más explícita en su bravata a los socios. "Es hora de compartir las responsabilidades que se piden al gobierno al resto de fuerzas", aseveraba la también candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas. Y no acababa aquí. En aquella comparecencia ante la prensa anunciaba la publicación en el BOE de la orden de elaboración de las próximas cuentas. Se trata de un trámite que permite a los distintos Ministerios iniciar los contactos con el de Hacienda de forma formal; un gesto evidente el día siguiente de la advertencia del presidente del Gobierno.

 

El Gobierno cree que la foto Puigdemont-Illa allana el camino a unas nuevas cuentas

Si bien los socialistas han incrementado por una vía la presión sobre los socios, también ha habido gestos hacia Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, dos formaciones imprescindibles para la aritmética de Sánchez. En aquel mismo Consejo de Ministros, por ejemplo, se aprobó el anteproyecto de ley para la asunción de parte de la deuda de las autonomías. Es decir, el pacto con el partido de Oriol Junqueras para condonar a Catalunya 17.104 millones de euros que debe del FLA, y que los socialistas han hecho extensible al resto de autonomías sin que los republicanos hayan puesto pegas.

También aquel mismo día, Salvador Illa viajaba a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont. En público, todo el mundo ha negado que el líder de los socialistas catalanes acudiera a esta reunión entre presidents de la Generalitat como emisario de Pedro Sánchez para abordar las negociaciones sobre los próximos presupuestos generales del Estado. Ahora bien, en privado, fuentes de la alta jerarquía del Gobierno sí que opinan que este encuentro "contribuye" a crear un buen clima para acabar aprobando las cuentas. El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, no tardó nada en desinflar las aspiraciones de la Moncloa. "Quien tiene hambre sueña pan", dejó por escrito en Twitter.

Los socios mantienen la distancia con el Gobierno

Lo que sí que le trasladó Puigdemont a Illa fue el malestar de su partido con el PSOE por los incumplimientos de los acuerdos de investidura. La legislatura española ha superado ya su ecuador y la amnistía sigue sin haber sido aplicada al presidente en el exilio y otros líderes independentistas, el catalán sigue sin ser oficial en Europa y la Generalitat todavía no tiene delegadas las competencias en inmigración a causa de la oposición de Podemos. Son los números rojos que no pueden hacer optimista a Sánchez de cara a la aprobación de las cuentas del 2026. Puigdemont, de hecho, trasladó este miércoles a su ejecutiva que durante este otoño tendrán que tomas decisiones sobre si continúan con el apoyo al Gobierno.

Esquerra Republicana, por su parte, se ha mantenido también en la misma posición: no se aprobarán ni los presupuestos catalanes ni los españoles si no hay avances importantes en la financiación singular para Catalunya. De hecho, Oriol Junqueras ya advirtió al PSOE que la condonación de la deuda autonómica no será ninguna moneda de cambio para aprobar las cuentas españolas. Porque es un compromiso ya viejo; alcanzado en noviembre de 2023 a cambio de prolongar la presidencia de Pedro Sánchez.

Más proclives a llegar a un acuerdo se han mostrado las formaciones vascas. El PNV —que gobierna Euskadi de la mano de los socialistas— ha mostrado esta semana su predisposición a aprobar las cuentas españolas, pero destacaba que lo veía "casi imposible". Y Bildu, paralelamente, también mostró su "voluntad" de negociar las cuentas con los socialistas, pero Arnaldo Otegi advirtió que será "difícil" conseguir su aprobación.

Y Podemos, que se sitúa en esta legislatura en posiciones maximalistas, puso condiciones sobre la mesa que fuentes del Gobierno ya advierten que serán imposibles de cumplir: romper las relaciones con "el estado terrorista" de Israel con un embargo total de armas, la reducción en un 40% del precio del alquiler, la prohibición de comprar viviendas que no sean para uso residencial, la ilegalización de grupúsculos como Desokupa y revertir cualquier aumento de gasto militar. Decía María Jesús Montero que "se dejará la piel" para conseguir aprobar unos "buenos presupuestos para España y para el conjunto de la ciudadanía", pero el aviso ante un escenario tan adverso y con una demoscopia completamente a la contra es claro: quieren enrocarse en la Moncloa hasta el final de la legislatura.