Ante los ataques de Ciudadanos y el PP, que han llegado a amenazar con la presentación de una querella por malversación, el vicepresident Pere Aragonès ha defendido la necesidad de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos. Acompañado por su director Adam Majó en comisión del Parlament, Aragonès ha sostenido este miércoles que este organismo servirá para "defender los derechos de todo el mundo", no sólo de los independentistas.
El representante de Cs, Manuel Rodríguez, lo ha tildado de "mecanismo de agitación nazi" y de "broma de mal gusto", y ha relacionado a Majó con el grupo terrorista Terra Lliure. Por su parte, el diputado del PP, Santi Rodríguez, ha amenazado con presentar una querella por malversación, y ha dicho que "sólo espera la disolución".
El objetivo de la Oficina, según ha defendido Aragonès, será "dar respuesta a la regresión de derechos civiles y políticos" vivida en Catalunya durante los últimos meses. En este sentido, ha sostenido que no será en clave partidista. "Cuando vulneran los derechos de una persona con una bandera española, también vulneran los míos", ha justificado ante las críticas de Cs y el PP.
El vicepresident ha señalado que las funciones serán el "acompañamiento a la ciudadanía", la relación con otras entidades y organismos de protección de derechos, campañas de divulgación y el seguimiento del estado de estos derechos. No obstante, ha reconocido la tarea que ya hace el Síndic de Greuges.
Los dos únicos grupos que han puesto en cuestión la creación de esta Oficina han sido Ciudadanos y el PP, que han llegado a pedir la disolución.
"Pago a los comandos"
El diputado de Cs, Manuel Rodríguez, ha considerado este organismo un "pago del señor Torra a los comandos". Ha tildado de "broma de mal gusto" el nombramiento del cupero Adam Majó como director, a quien ha relacionado con Terra Lliure por su anterior militancia en el MDT. Le ha preguntado cuáles son sus méritos, su experiencia. Aragonès ha defendido tanto su trayectoria institucional, como concejal, como su trayectoria profesional como comisionado del centro histórico de Manresa.
Por su parte, el diputado del PP, Santi Rodríguez, lo ha descrito como un "chiringuito más del procés", una "pieza más del relato" del Govern. "No esperamos nada de esta oficina, sólo su disolución cuanto antes mejor," ha asegurado el dirigente popular. Ha amenazado con una querella por malversación en función de sus actuaciones. En este punto, le ha preguntado si investigará hechos como el pleno del 6 y 7 de septiembre del 2017.
PSC y comunes, más abiertos
El PSC y Catalunya en Comú-Podem han mostrado un tono muy diferente. En nombre de los socialistas, la diputada Alícia Romero ha señalado que en el Ayuntamiento de Barcelona ya hay una oficina parecida desde hace más de 20 años, y que es bienvenida. "De momento, hacemos un voto de confianza", ha sintetizado Romero, que ha reclamado que trabaje "con máxima independencia".
En una línea muy parecida, el común David Cid ha valorado positivamente la creación de la Oficina, aunque ha admitido que habría preferido que dependiera del Parlament y no del Govern, para evitar usos partidistas. El diputado ha preguntado a Aragonès si este órgano actuará cuándo los derechos sean vulnerados por parte de la administración de la Generalitat. El vicepresident del Govern se ha comprometido a ello.
Finalmente, la diputada cupera Natàlia Sànchez ha preguntado a Aragonés sobre cuáles serán las prioridades de la Oficina, porque los derechos civiles y políticos son un concepto muy amplio. En este sentido, ha preguntado si también defenderá a las víctimas de desahucios o de violencia machista.