“Desde la toma de posesión del señor de Alfonso hasta su cese se van produciendo una serie de conductas continuadas, persistentes y repetidas que provocan un perjuicio al presupuesto público mediante una arquitectura que lleva a incluir unos conceptos indebidos en las nóminas de determinadas personas próximas al círculo de dirección”. Así ha resumido Rosa Maria Pérez, abogada de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), los hechos por los que pide a Daniel de Alfonso, que fue director de la OAC entre 2011 y 2016 y fue cesado después de que se filtraran audios con Jorge Fernández Díaz, que devuelva 205.000 euros que se pagaron en nóminas computadas irregularmente. Después de siete años, hoy se ha celebrado la vista del juicio en el Tribunal de Cuentas y ahora la consejera Elena Hernáez Salguero tiene veinte días para emitir una sentencia.
La OAC pide a De Alfonso que devuelva 180.000 euros que él cobró indebidamente por unos trienios que hinchó (los había generado trabajando de juez y los había presentado como si fueran de la Oficina y, por lo tanto, en una cantidad sustancialmente superior) y 2.400 euros como complemento de calidad y 23.000 euros que cobraron de más Josep Maria Sangenís (que era jefe de Administración y Recursos Humanos) y Maite Masià (que era directora adjunta de la OAC).
Durante la vista, Rosa Maria Pérez ha destacado que De Alfonso era “quien ordenaba todos los pagos”, que “no se hacían sin su firma”. “Él lo decidía, él lo ordenaba y él lo percibía”, ha subrayado. La Oficina Antifrau considera que está “absolutamente probado” que hubo un “desvío de patrimonio público a patrimonios privados” a través de una “arquitectura para conseguir” que las retribuciones de “determinados empleados del círculo de dirección aumentaran indebidamente”. “Integra un mismo modus operandi durante todo el mandato del señor De Alfonso que se produce de manera continuada y que provoca un perjuicio constante, permanente y repetido en el tiempo del patrimonio público hasta que el señor De Alfonso cesa”, ha insistido Rosa Maria Pérez.
Por una actuación “consciente, voluntaria y querida” o por no haber sido “más preguntón”
“Nuestra exigencia de responsabilidad contable del señor De Alfonso es porque estamos absolutamente convencidos de que era quien decidió y quien ordenó los pagos y entendemos que las circunstancias que constan probadas nos llevan a afirmar sin ningún tipo de duda que el comportamiento es absolutamente doloso porque era consciente”, ha argumentado la abogada de Antifrau. “Es una actuación voluntaria y querida de ordenar todos estos pagos y de propiciar un aumento salarial importante de unas personas muy determinadas”, ha insistido. En la misma línea, el teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda García, ha argüido que no se trata de un “error de cálculo”, sino de un “error de concepto”: “Ese concepto es la justificación, no existe justificación legal”, ha verbalizado. “A un funcionario le caen de repente, sin que la situación jurídica haya cambiado lo más mínimo, casi 3.000 euros de retribución y lo menos que hace es preguntar. Si no preguntas, ¿eso qué es? Porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo ya ha dicho muchas veces que es ignorancia deliberada”, ha justificado.
En cambio, lejos de este relato, el abogado de Daniel de Alfonso, Santiago Milans del Bosch, ha negado su responsabilidad y ha querido sacarlo de todo lo que tenga que ver con las nóminas: ha afirmado que la demanda va contra él solo “por firmón” y por no haber sido “más preguntón” y ha rechazado que quisiera “diseñar un plan para dañar al erario público”. Asimismo, ha intentado colgar el muerto a Josep Maria Sangenís: “Ha quedado acreditado que la gestión económico-financiera y la elaboración de las nóminas era exclusiva responsabilidad del señor Sangenís”, ha esgrimido. “Casualmente, al único que se han le han hecho la revisión de oficio y se han dirigido una querella, algo de responsabilidad tenía”, ha añadido. Y se ha escudado en la confianza que Daniel de Alfonso depositó en él: “No es ignorancia deliberada, es una confianza plena”. “¿Quién se lo pasa para firmar? De una materia que no conoce. En materia económica, no tiene ni pajolera idea. ¿Acaso esto es tan difícil de creer? Demuéstreme lo contrario”, ha reiterado.
Pero la abogada de la Oficina Antifrau lo ha desmentido: “No se puede sostener válidamente una tesis de que el señor De Alfonso no sabía absolutamente nada y que todo esto era una maniobra del señor Sangenís”. Y ha lamentado la falta de control que hubo durante la etapa de Daniel de Alfonso al frente de la Oficina: “No se hizo ningún informe de control trimestral durante esta época y una circunstancia que nos parece muy significativa es que los informes de la Sindicatura de Comptes de este procedimiento empiezan precisamente una vez acabado el mandato del señor De Alfonso”. “Es el momento que cesa toda esta cúpula directiva que empiezan las actuaciones que nos llevan hoy a este acto de juicio”, ha lamentado.
“¿Queremos dar una sentencia de escarmiento al traidor a Catalunya?”
Durante su intervención, Santiago Milans del Bosch también ha sacado a colación los hechos que desembocaron en el cese de Daniel de Alfonso y ha cuestionado la investigación que ha acreditado las nóminas indebidas que cobró. “No se le echa por irregularidades, se le echa por un móvil político: se le nombra prácticamente enemigo número uno de la Generalitat”, ha recordado. Se refiere al audio en el que Jorge Fernández Díaz le decía que “esto la Fiscalía te lo afina”. “Ha tenido que de irse de su Catalunya querida, cambiar de destino y, además, con la agravante de haber padecido un ictus como consecuencia de todo esto”, ha proclamado. Y ha duado de los objetivos de la Oficina Antifrau: “¿Queremos dar una sentencia de escarmiento al traidor a Catalunya o queremos buscar la verdad?”, se ha preguntado.
Finalmente, también ha querido deslegitimar las pruebas que ha aportado la Oficina Antifrau, que son certificados emitidos por funcionarios de la misma Oficina: “¿Qué prueba hay más que unos certificados que se contradicen? ¿De qué rigor estamos hablando? Unos certificados que tampoco son prueba de la cobranza de las nóminas. Unas certificaciones hechas por la parte interesada, la certificación que interesa tras el cambio porque el enemigo número uno del pueblo catalán es Daniel Alfonso. Y resulta que en esta demanda no se aportan nóminas”, ha lamentado.
"“i te cuestionas y sigues, es que has decidido que vas a cobrar lo que no tienes derecho a cobrar"
En las dos horas que se ha alargado la vista, han comparecido dos testigos: el exjefe de Gabinete de De Alfonso, Vicente López Revuelta, que lo ha hecho telemáticamente desde los juzgados de Alicante, y el exdirector del Área de Análisis de la Oficina Antifrau, Carles Quílez, que estaba presencialmente en Madrid. El primero ha contestado que no sabía que Daniel de Alfonso cobraba trienios: “Eso entra dentro de una historia muy personal de cada uno”, ha replicado. En cambio, el segundo ha sido más ilustrativo: “No sé si el montante era superior o inferior, pero sí recuerdo que hubo un debate entre el señor Sangenís y él al respecto de esto”, ha apuntado. “Pero no sé cómo quedaron los trienios, si se los aumentó, si se los puso o si se los quitó”, ha añadido.
Y esta declaración ha llevado al fiscal Luis Rueda García a señalar directamente a De Alfonso: “Ha dicho que se cuestionó y que hubo un planteamiento y una discusión con el señor Sangenís. Por lo tanto, no era tanta la confianza plena, absoluta e irrevocable”. “Si te cuestionas, pero sigues, es que evidentemente has decidido que vas a cobrar lo que no tienes derecho a cobrar”, ha remachado.
Una “continuidad temporal muy clara” entre De Alfonso y Sangenís
Rosa Maria Pérez también se ha referido a los trienios que cobró Josep Maria Sangenís, que había trabajado en una empresa pública de La Rioja sujeta al derecho privado y era interventor de la Generalitat. Antes de incorporarse a la Oficina Antifrau, tanto la Generalitat (inicialmente) como la jurisdicción contenciosa (que lo avaló posteriormente) le denegaron el reconocimiento de los servicios previos a efectos de trienios.
Sin embargo, “curiosamente” (en palabras de Rosa Maria Pérez), unos meses después del aumento de retribución de Daniel de Alfonso, y con una “continuidad temporal muy clara”, Sangenís lo volvió a pedir y el director de la Oficina Antifrau se lo reconoció “infringiendo toda la normativa existente de función pública”. “Dicta una resolución que está absolutamente claro que no podía dictar porque el señor Sangenís no era funcionario de la Oficina, estaba en situación de servicios especiales transitoriamente y era funcionario de la administración de la Generalitat”, ha justificado.