Hace años que existe un amplísimo consenso en Catalunya sobre la aspiración de salir del régimen común de financiación para intentar superar el déficit estructural de las arcas de la Generalitat. Fue la condición impuesta por ERC para investir a Salvador Illa: una financiación singular que permitiera gestionar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos soportados en Catalunya, con una aportación al Estado y a la solidaridad, además del respeto al principio de ordinalidad. También Junts, aunque no desplegó la negociación, defendió en el acuerdo para investir a Pedro Sánchez el reconocimiento de la singularidad de Catalunya y la cesión del 100% de todos los impuestos. La recaudación de la totalidad de los impuestos para conseguir "la llave de la caja" es igualmente uno de los objetivos de la CUP. Más allá de los partidos, Foment del Treball hizo pública una contundente nota de su presidente, Josep Sánchez-Llibre, el viernes pasado tildando de "claramente insuficiente" el nuevo acuerdo y reclamando que la Generalitat recaude, gestione y liquide todos sus impuestos que se generan en Catalunya y que se respete la ordinalidad. La nota de la patronal catalana provocó un profundo enojo en el Govern y este jueves el presidente de ERC, Oriol Junqueras, mantuvo un encuentro de más de dos horas con Sánchez-Llibre para limar diferencias. Pero esta no es solo la reclamación de Foment, en marzo de 2024 el empresariado catalán publicó un documento en el que defiende la ordinalidad en una revisión del sistema que permita a la Generalitat administrar y recaudar todos los tributos. Lo firmaban las Cambres de Catalunya, Foment, PIMEC, FemCAT, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, el RACC, Barcelona Global y el Cercle d'Economia.
Ante la unanimidad y contundencia de la reclamación surgida desde Catalunya, la propuesta de financiación pactada entre el gobierno de Pedro Sánchez y ERC no rompe el modelo actual. Así lo ha reconocido tanto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como ERC, que han dejado claro que en ningún caso se trata de un concierto económico. No es bilateral, dado que, a pesar de que el impulso de la revisión del modelo parte de Catalunya, a la hora de la verdad se enmarca en un acuerdo que implica a todas las comunidades. Esta propuesta sí que permite renovar el actual acuerdo caducado desde 2014 y representa un incremento de 4.686 millones más en los ingresos de la Generalitat, pero no contempla la cesión a Catalunya de ningún impuesto y lo sustituye por un incremento de la participación de las comunidades autónomas en la cesta fiscal -el porcentaje de cesión del IRPF pasa del 50 al 55% y el IVA del 50 al 56,5%-. No blinda la ordinalidad, como ha reconocido la ministra de Hacienda, que ha asegurado, no obstante, que en el caso de Catalunya sí que se cumple y se situará como la tercera comunidad que más aporta, pero también la tercera que más recibe. Sin embargo, tampoco este punto está claro. El Govern de la Generalitat ha admitido que la ordinalidad se respeta si se calcula a partir de la fórmula de población ajustada que se propone en el acuerdo, pero no si se calcula sobre la población real, dado que entonces es la tercera en aportar y la novena a la hora de recibir.
Debate complejo
Todo ello proyecta luces y sombras sobre una propuesta que, aparte del Govern de Catalunya, no ha conseguido de momento el apoyo de ninguna comunidad autónoma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo cual no es necesario para que salga adelante; pero tampoco tiene garantizados los votos de Junts en el Congreso de los diputados, que sí es imprescindible para que se apruebe. De hecho, el gobierno de Pedro Sánchez ha pactado la nueva financiación con ERC sin disponer de suficientes votos para sacar adelante la iniciativa, lo cual no había ocurrido nunca con los anteriores acuerdos en los que tanto PP como PSOE negociaron los sucesivos pactos disponiendo de las mayorías imprescindibles para garantizar su aprobación. En este caso, además, no solo los diputados de Junts han mostrado sus reticencias, también BNG, Chunta y Compromís, igualmente imprescindibles, han expresado dudas
Todos los posicionamientos, sin embargo, tienen matices. Dentro de Junts se han escuchado voces como la del exconseller Jaume Giró, que defiende dar apoyo a esta propuesta, que permite inyectar más dinero para Catalunya y pone fin a un acuerdo caducado. El president Artur Mas advertía este miércoles que el acuerdo presentado es insuficiente, pero reclamaba un gran acuerdo de país para intentar cambiar el modelo. Tampoco las filas de los republicanos muestran un posicionamiento homogéneo. Voces críticas de ERC han expresado el descontento con el contenido de la propuesta e incluso han intentado —sin conseguirlo— recoger firmas para reclamar una votación de la militancia sobre el resultado del pacto con el argumento de que no es lo mismo que se sometió originariamente a la votación de las bases.
Poco transparente
El acuerdo cerrado por ERC con el PSOE surge de la propuesta presentada por el gobierno de Pere Aragonès el 2024 con el nombre de financiación singular, que partía de la constatación de que el modelo actual, al que el nuevo acuerdo da continuidad, es "injusto" y poco transparente. "Bajo una apariencia de rigor, el sistema de cálculo y el procedimiento para aportar recursos a las comunidades autónomas de régimen común es tan confuso que en la práctica, los resultados son arbitrarios, sin que haya ninguna relación entre lo que aportan y lo que reciben los ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas", advertía aquel informe, que además insistía en que el acuerdo debía ser bilateral porque "una negociación con una nueva ronda de negociaciones multilaterales para remendar el modelo actual llevará inevitablemente el mismo resultado que las seis veces anteriores". Estas valoraciones hacen referencia a los sucesivos acuerdos pactados en 1979, 1987, 1992 -en que PSOE y CiU acuerdan la cesión, por primera vez, a las autonomías de un tramo del IRPF: el 15%-, 1997 -los diputados del PP y los socios de investidura, CiU, PNB y CC, aprueban ampliar este tramo al 30% del IRPF, además de competencias normativas sobre los tributos cedidos-, 2002 -de nuevo con un gobierno del PP y con el voto de CiU y CC, se amplía al 33% el tramo cedido del IRPF y se incorpora el IVA y los especiales con un 35% y un 40%-, y 2009 -con el voto de PSOE, CiU y PNB, se sube al 50% el tramo del IRPF y de IVA y el 58% de impuestos especiales-. Este último es el aún vigente, a pesar de haber caducado el 2014.
De ahí los reproches surgidos contra la nueva propuesta, por considerar que se trata de una actualización más de aquel cesto, en que la participación en el IRPF pasa, esta vez, al 55% y la del IVA al 56,5%. No obstante, en respuesta a estas críticas, ERC recuerda que ha tramitado en el Congreso una propuesta reclamando que se aborden los cambios legislativos necesarios para que la Generalitat pueda recaudar la totalidad del IRPF. Oriol Junqueras ha advertido que no negociarán los presupuestos del Estado ni de la Generalitat hasta que no se acuerde esta medida, pero desde el Govern, la portavoz, Sílvia Paneque, aseguraba este martes que el ejecutivo ya ha cumplido todos sus compromisos y que la negociación de los presupuestos ya se puede poner en marcha.
Coste de la vida
Otra de las cuestiones clave del nuevo modelo, según el informe encargado a los expertos por el gobierno de Pere Aragonès, era que el nuevo sistema reconociera el diferencial de precios en Catalunya, más elevados que en otras comunidades autónomas. No obstante, el gobierno español no ha aceptado incorporar este parámetro en el cálculo de la población ajustada. Según aquel informe, Catalunya, que ocupa la tercera posición a la hora de aportar dinero al Estado y la décima una vez se ha aplicado el actual sistema, cae hasta la 14ª posición si se tiene en cuenta la diferencia del coste de la vida. Esto, además, sin tener en cuenta el dinero que reciben otros territorios a través de diferentes fondos diseñados para asegurar el denominado status quo, es decir, que ninguna comunidad pierda recursos.
A todos estos elementos, se añade el déficit de inversiones a raíz del elevado incumplimiento de las inversiones presupuestadas en Catalunya. Entre 2015 y 2022 el Estado solo ejecutó el 56% de la inversión prevista en Catalunya, lo que significa que dejó de invertir 5.029 millones de euros que estaban presupuestados. El 2023, solo se ejecutó el 45% de las inversiones del Estado previstas. Precisamente, ERC acordó en el pacto de investidura de Sánchez constituir un consorcio de inversiones en el que se debe fijar un marco plurianual de inversiones en Catalunya equiparable a la inversión pública sobre el PIB en el conjunto del Estado. También este punto se mantiene todavía pendiente de acuerdo.
22.000 millones de déficit
El informe del Govern Aragonès advertía que la combinación de la financiación insuficiente y la falta de inversiones del Estado hace que la diferencia entre lo que Catalunya aporta al Estado y lo que recibe, el llamado déficit fiscal, represente de forma crónica y persistente más del 8% del PIB de media desde hace 35 años. En 2021 este déficit se disparó hasta el 9,6% del PIB, lo que representa unos 22.000 millones de euros. "Muy por encima de los estándares internacionales", concluye el informe, para advertir a continuación que "la consecuencia de este déficit excesivo es que a pesar de que aporta muy por encima de la media, el nivel de bienestar de los catalanes está muy por debajo de los de la mayoría de otros territorios del Estado".
Es precisamente esta constatación y la evidencia de que el déficit fiscal se convierte en un auténtico lastre para la vida de los ciudadanos, pero también para las empresas y la economía de Catalunya, lo que ha conseguido unir la voz desde la CUP hasta Foment del Treball y el empresariado catalán en la exigencia de un sistema más justo y transparente. La cuestión es ahora si Pedro Sánchez y ERC podrán convencer a unos y otros sobre los beneficios de esta nueva revisión del modelo y si, a pesar de los recelos que ha levantado, hay margen para la negociación. O, incluso, si Pedro Sánchez dispondrá todavía de tiempo suficiente esta legislatura para intentar sacar adelante una negociación tremendamente compleja, que no podrá hacerse efectiva antes del año que viene.