El retraso del calendario previsto para que Catalunya pueda recaudar los impuestos que generan sus ciudadanos es una mala noticia. Y no es solo una mala noticia para el Gobierno de Salvador Illa, ni para una ERC que ha fiado buena parte de la legislatura a obtener el rédito político de esta reivindicación: es una mala noticia para el país. En pleno no-debate sobre la Catalunya de los 10 millones, no es positivo que se vayan retrasando la adquisición de las herramientas para gestionar este crecimiento demográfico. El incremento de población llegará, y los millares de inmigrantes que se prevé que lleguen no se esperarán a la frontera hasta que se haya conseguido tener las infraestructuras y la financiación adecuada. Todas estas personas estaremos y, nacidas aquí o allí, haremos uso de los servicios públicos. Y, tal como ha quedado demostrado con la AP7, Rodalies o las listas de espera, si el país ya nota el paso de 6 millones a 8 millones con los mismos recursos de hace dos décadas, con 2 millones más hay riesgo de colapso.

En el 2021, los residentes fiscales de Catalunya pagaron 75.000 millones de euros en impuestos recaudados por el estado español porque, a diferencia del País Vasco o Navarra, la Generalitat pertenece al llamado régimen común junto con las otras comunidades autónomas. Por el contrario, Catalunya recibió 53.000 millones de euros en servicios e inversiones. Se puede discutir cómo se le dice a la diferencia de 22.000 millones de euros: solidaridad, déficit, extracción, espolio o robo, pero nadie discute -porque son números- que este volumen es de esta magnitud. Ningún país del mundo soportaría un drenaje de este tipo año tras año. Es indispensable poder gestionar el máximo de estos 75.000 millones de euros iniciales. Pero no por manías independentistas; simplemente porque el país genera suficiente riqueza como para tener unos servicios públicos y unas infraestructuras no solo te dignas sino que sobresalgan. Y no es mala idea que la Generalitat se convierta en el organismo que recaude los impuestos, más que nada porque es desde la posesión de la llave y la caja que se puede tener una capacidad negociadora real.

Ha quedado clara la falta de voluntad del PSOE: ahora hay que ver cuál es la respuesta de Catalunya ante este nuevo viejo conocido desengaño

La posibilidad de que Catalunya recaude el IRPF se ha retrasado del 2026 al 2028. Ha sido ahora, una tarde de un 31 de julio, cuando el Gobierno ha admitido que la Agencia Tributaria catalana no estaba preparada para asumir este reto de aquí unos meses. Ciertamente, el retraso puede hacer creíble que el traspaso pueda ir de veras, pero es igual de cierto que se ha perdido un año para constatar esta insuficiencia. Y también es demoledor pensar que se ha desestimado la vía rápida del traspaso y que consistía al convertir los funcionarios y los ordenadores de la Agencia Tributaria Española establecidos en Catalunya a funcionarios y ordenadores del cuerpo de la Generalitat. Pero esta élite funcionarial se dejará cortar antes un brazo que ser traspasado. Igual que con los trabajadores de Renfe y el traspaso de Rodalies, su poder es muy alto y, de hecho, estos colectivos son uno de los cómplices necesarios para ralentizar, si no impedir, esta mejora para la calidad de vida de los catalanes.

A diferencia de la oficialidad del catalán en Europa, que depende de la voluntad -y unánime-, de 27 estados, la consecución de un sistema de financiación propia para Catalunya solo depende de la voluntad política de uno de ellos, el Gobierno español, y que las modificaciones legales pertinentes cuenten con una mayoría suficiente en el congreso. Y aquí no pasa por alto que el PSOE ha puesto por delante otros intereses. En el 2027 hay elecciones municipales que en la mayoría de comunidades también serán autonómicas. Y no quiere llegar a estos comicios con los barones entonces candidatos teniendo que defender la bondad de un sistema de financiación que el PP atizará como contrario para todo el mundo que no sea Catalunya. Pero si hay un lugar donde eso es particularmente profundo es Andalucía, donde confluyen tres factores: que las elecciones son antes (el próximo año), que es uno de los graneros de votos del PSOE y que su candidata es, precisamente, Maria Jesús Montero, la vicepresidenta económica encargada de gestionar este traspaso. No es casualidad pues, que los socialistas hayan tirado la pelota hasta el 2028, cuando estas contiendas electorales ya habrán pasado. Se puede estar de acuerdo o no con este planteamiento por parte de la Moncloa, pero lo qué sí ha quedado claro es cuáles son las prioridades políticas del PSOE. Ahora hay que ver, pues, cuál es la respuesta de las instituciones y partidos catalanes ante este nuevo viejo conocido desengaño.