El gabinete de seguridad de Israel ha aprobado este domingo una serie de medidas para estrechar el control israelí sobre el territorio palestino de Cisjordania, que el estado hebreo ocupa desde el año 1967. Las medidas facilitarán la expansión de los asentamientos israelíes, considerados ilegales por la legislación internacional, lo que supone una "anexión de facto" de algunas de las zonas palestinas para Eitan Diamond, experto del Centro Internacional de Derecho Humanitario. La Autoridad Palestina, que controla directamente algunas partes de Cisjordania, también apunta que las medidas son equivalentes a una anexión de facto. Los ministros sionistas radicales Bezalel Smotrich, de Finanzas, e Israel Katz, de Defensa, han expuesto las medidas a través de un comunicado conjunto. Smotrich añadía que el movimiento del ejecutivo tiene como objetivo "profundizar nuestras raíces en todas las regiones de la Tierra de Israel y enterrar la idea de un estado palestino".
Según explica el comunicado, entre las medidas aprobadas se encuentra la abolición de una ley jordana del año 1953 —Jordania ocupó Cisjordania entre 1950 y 1967— que impedía a los judíos comprar tierras libremente en el territorio palestino. La normativa también incluye la apertura pública de los registros de la propiedad para facilitar la compraventa de tierras, la ampliación del control israelí sobre Hebrón o el relanzamiento de la administración para la compra pública de tierras palestinas. "Comprometen el bienestar de los palestinos, obligándolos a abandonar sus tierras y privándolos de sus propiedades", afirma Diamond en declaraciones a EFE, donde abunda en que "tampoco responden a una necesidad esencial de seguridad israelí. Al contrario, sirven a un proyecto que beneficia ilegalmente a los ciudadanos israelíes en detrimento de los palestinos".
Quitar "barreras" a los asentamientos
En su comunicado, los ministros sionistas radicales anuncian que las decisiones cambian "dramáticamente" el registro y la adquisición de la propiedad en Cisjordania, facilitando la colonización hebrea del territorio. Las medidas "tienen como objetivo eliminar barreras de décadas de antigüedad, derogar la legislación jordana discriminatoria y permitir el desarrollo acelerado de los asentamientos sobre el terreno", indicaban los dos ministros en su comunicado conjunto. La nueva situación que se abre permitirá "a los judíos comprar tierra en Judea y Samaria tal como compran [tierras] en Tel Aviv o Jerusalén", dice el comunicado, utilizando terminología bíblica para referirse a Cisjordania. Las medidas aprobadas también expanden la capacidad de control y aplicación de la ley en las áreas A y B en lo que respecta a las infracciones del agua, daños a sitios arqueológicos y riesgos ambientales que contaminan el territorio.
Como respuesta, la Autoridad Palestina ha condenado el movimiento israelí y ha hecho un llamamiento a la intervención de la ONU y de los Estados Unidos. Mahmud Abás, presidente de la AP, ha dicho que las nuevas medidas son peligrosas, ilegales y equivalentes a una anexión de facto: "Las decisiones reflejan abiertamente el intento israelí de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas, incluso en áreas de soberanía palestina". Según los Acuerdos de Oslo, Cisjordania se divide en áreas A, B y C. Mientras el área C, la más extensa, se encuentra bajo control completo de Israel, las áreas B y A se encuentran bajo control civil palestino y militar israelí y control completo palestino, respectivamente. Las nuevas medidas llevarían las fuerzas de seguridad israelíes a controlar áreas bajo soberanía palestina.
Más control israelí en Hebrón y en Belén
Entre las medidas adoptadas por el gabinete de seguridad se encuentra el traspaso de la autorización sobre permisos de construcción para el asentamiento judío de Hebrón, del municipio palestino, que se encuentra en la zona C, a la autoridad militar israelí. Hasta ahora, y de acuerdo con el Acuerdo de Hebrón de 1997, cualquier cambio en las construcciones de la comunidad judía debía pasar por la aprobación del municipio y de la Administración Civil israelí. Con la decisión del gabinete, estos cambios solo necesitarán la aprobación de las fuerzas de defensa israelíes. Las medidas también incluyen el establecimiento de una "autoridad municipal dedicada" al cuidado de la Tumba de Raquel en Belén por parte de Israel, otra vez en una zona bajo soberanía palestina.
Ante todo esto, Hamás ha hecho un llamamiento a la "escalada" en Cisjordania y ha pedido a los estados árabes y musulmanes que corten toda relación con Israel. Hamás pide a los palestinos que inicien "una rebelión en toda Cisjordania y Jerusalén" y "la escalada por todos los medios posibles de conflicto contra la ocupación y sus colonos, con el fin de frustrar sus proyectos de anexión, judaización y desplazamiento". En un comunicado, 8 naciones de mayoría musulmana han denunciado a Israel por imponer la "soberanía ilegal israelí" sobre Cisjordania con las medidas aprobadas.
La UE y España condenan las medidas
"La Unión Europea condena las recientes decisiones del gabinete de seguridad israelí de ampliar el control israelí en Cisjordania", ha dicho este lunes Anouar El Anouni, portavoz de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. Las medidas "impondrán nuevas realidades que contradicen directamente los Acuerdos de Oslo, de los que Israel es signatario", ha indicado el portavoz comunitario, que ha recordado que Israel no tiene autoridad civil en las zonas de Cisjordania bajo control de la AP, y que se pone en riesgo "el delicado statu quo de los lugares religiosos". "Recordamos que la anexión es ilegal según el derecho internacional, por lo que cualquier medida concreta que avance en este sentido se consideraría una violación del derecho internacional", ha especificado El Anouni.
Por su parte, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha condenado "firmemente" las decisiones aprobadas por Israel el domingo. En este sentido, a través de un comunicado, el gobierno español "insta" a Israel a cumplir con sus obligaciones como potencia ocupante según el IV Convenio de Ginebra, y a poner fin a su "ofensiva expansionista", así como a la "impunidad que protege a los colonos". "Estas medidas y cualquier intento de anexión son inaceptables, y ponen en peligro los esfuerzos actuales para la puesta en marcha del Plan de Paz y el alto el fuego, incrementando el riesgo de desencadenar una nueva oleada de violencia", apuntan desde el Ministerio de Exteriores.
Finalmente, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido a Israel que revierta las medidas "coercitivas" aprobadas el domingo y ha advertido de que su trayectoria, incluida esta decisión, está "socavando las perspectivas de la solución de dos estados". "Estas medidas, incluida la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado, no solo son desestabilizadoras, sino que, como ha recordado la Corte Internacional de Justicia, son ilegales", ha declarado en un comunicado difundido por su portavoz, Stéphane Dujarric. Guterres reitera "que todos los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este, y su régimen e infraestructura asociados carecen de validez jurídica y constituyen una violación flagrante del derecho internacional".