Los altos el fuego en Gaza, Israel y Líbano continúan siendo frágiles, parciales y llenos de incertidumbres. A pesar de que la violencia ha bajado de intensidad, los bombardeos se mantienen cuando Israel lo considera necesario, generando una situación que recuerda el mes de octubre pasado: una tregua de facto pero con capacidad de reactivarse en cualquier momento. La falta de mecanismos externos que obliguen a cumplir estos acuerdos hace que la situación sea especialmente alarmante para 2026, tanto en la Franja de Gaza como en Beirut.
En este contexto, la reconstrucción de Gaza se presenta como una carrera entre múltiples actores: consorcios americanos e israelíes, Turquía y países del Golfo Pérsico, todos con intereses económicos y políticos. La retirada parcial de las fuerzas israelíes de la franja es una de las condiciones exigidas por la parte palestina y, al mismo tiempo, un punto clave para la futura implementación del plan propuesto por la Casa Blanca. Además, el desarme de Hamás continúa siendo un tema central, ya que el grupo armado palestino mantiene espacios de ambigüedad que condicionan la duración y el alcance de la tregua, que podría extenderse de cinco a diez años, según las declaraciones oficiales.
Los 20 puntos del plan de paz presentados por la Casa Blanca aspiran a dar un marco de gobernanza y reconstrucción, con garantías de seguridad para Israel y una participación activa de países del Golfo como mediadores y financiadores. El plan prevé la reconstrucción masiva de infraestructuras, energía y tecnología, con proyectos que podrían generar cientos de miles de millones de dólares en beneficios para empresas norteamericanas, europeas y del Golfo. Aun así, su aplicación depende de la cooperación de Washington con Tel Aviv, y la capacidad de los Estados Unidos de cumplir las garantías pactadas será decisiva para evitar la reactivación del conflicto.
Los intereses del plan de paz
La competencia entre planes de reconstrucción, los intereses de las grandes fortunas del Golfo y la presencia de consorcios privados convierte la paz en un activo transaccionado más que en un proyecto colectivo. Las declaraciones de los responsables israelíes indican un cierto apoyo a la retirada parcial, pero la inestabilidad política de Israel –con elecciones inminentes y el refuerzo de Netanyahu tras la liberación de los rehenes– podría condicionar el cumplimiento de cualquier acuerdo a largo plazo.
En Gaza, el plan de reconstrucción es a la vez una oportunidad y un reto. La resolución 2803 del Consejo de Seguridad legitima el marco propuesto por la Casa Blanca, pero las incógnitas sobre el control del territorio, la participación palestina, el desarme de Hamás y la durabilidad del alto el fuego convierten la implementación en un escenario incierto. Líbano, con una situación similar, también está expuesto a tensiones, ya que la falta de supervisión externa y la inestabilidad política amenazan la consolidación de cualquier tregua
En resumen, el 2026 se perfila como un año crítico para la paz en Gaza y la región: los altos el fuego frágiles mantienen la violencia latente, mientras que la reconstrucción, marcada por intereses comerciales y diplomáticos, determinará si la tregua se consolida o si las hostilidades vuelven a escalar. La diplomacia del siglo XXI, dominada por actores privados, países del Golfo y el papel de Estados Unidos, se enfrenta al reto de transformar un alto el fuego precario en una paz sostenible con participación local y garantías de seguridad efectivas.
¿Qué se acordó en el plan de paz?
El plan de paz para Gaza de 2025, propuesto por el presidente de los Estados Unidos y firmado por Israel y Hamás el 8 de octubre de 2025, no se limita a un simple alto el fuego, sino que contempla una hoja de ruta detallada de más de veinte puntos. Este esquema incluye la detención inmediata de las hostilidades, la liberación de rehenes y prisioneros, la retirada progresiva de las fuerzas israelíes a una línea acordada dentro de la Franja y el fin de la ocupación militar, así como la desmilitarización de Hamás y la destrucción de su infraestructura armada.
El plan prevé también la creación de un gobierno de transición tecnocrático en Gaza, supervisado por una Junta de Paz internacional, el establecimiento de ayuda humanitaria imparcial y la reconstrucción de servicios básicos. Además, se incluyen mecanismos para zonas económicas especiales y un eventual camino hacia el reconocimiento de un estado palestino, condicionado a reformas internas de la Autoridad Palestina. Este enfoque amplio busca, sobre el papel, asegurar una transformación estructural de la Franja combinando seguridad, gobernanza y desarrollo económico, aunque su implementación práctica sigue rodeada de incertidumbres.