España es uno de los 13 países que incumplen las medidas anticorrupción del Consejo de Europa para altos cargos del Gobierno central y de los agentes de las fuerzas del orden estatales. Esta es una de las principales conclusiones del informe anual que elabora el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), que se ha publicado este jueves. Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Malta, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia y Suecia completan la lista de países que, según la organización, tampoco están cumpliendo lo suficiente sus recomendaciones. El GRECO ha instado en España a tomar medidas decididas para conseguir avances tangibles, entre las cuales, pide que se modifique el procedimiento de aforamiento, del cual se benefician los miembros del gobierno central sospechosos de corrupción, para que eso no interfiera con la acción judicial. Además, destaca la preocupación por la politización del Poder Judicial y la falta de transparencia en los nombramientos del Fiscal General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial.

Corrupción y aforo

El procedimiento de aforamiento para los miembros del Gobierno consiste en el hecho de que, en caso de que sean investigados o imputados por un delito, su responsabilidad penal no será juzgada por los tribunales ordinarios, sino por un órgano judicial superior específicamente establecido por la ley. Según el artículo 102.1 de la Constitución española, la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno y de los otros miembros del Ejecutivo será exigible delante de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo. Estas recomendaciones del GRECO llegan, además, en un contexto de casos de corrupción que han salpicado el gobierno de Pedro Sánchez, como el de José Luis Ábalos, que fue ministro de Transportes entre 2018 y 2021, y cuando fue investigado por el Tribunal Supremo en relación con el caso Koldo, el procedimiento de aforo se aplicó porque los hechos investigados estaban presuntamente vinculados a su etapa como ministro. Así, aunque actualmente no ocupa ningún cargo en el gobierno, cualquier investigación penal relacionada con su periodo ministerial sigue siendo competencia del Tribunal Supremo, en aplicación del aforo.

Vigilancia constante y presión pública

El GRECO no es una institución de la Unión Europea y no puede imponer sanciones directas ni obligar legalmente a los Estados miembros a cumplir sus recomendaciones, porque no son jurídicamente vinculantes. Su principal herramienta es la presión política y la evaluación pública del cumplimiento de las medidas anticorrupción, y cuando un país no implementa sus recomendaciones, puede activar procedimientos de incumplimiento y solicitar informes de seguimiento periódicos sobre los avances. En realidad, su fuerza es la vigilancia constante y la presión pública. En este sentido, el organismo ha llamado la atención en España para que tome "medidas decididas con el objetivo de conseguir progresos tangibles cuanto antes mejor", y en caso de no hacerlo, podría activar otros mecanismos de presión, como enviar una misión al país o pedir al secretario general del Consejo de Europa para que escriba al ministro de Exteriores.

El pasado 16 de abril, el GRECO ya informó de que España incumple, o lo hace de manera insatisfactoria, las 19 recomendaciones que el Consejo de Europa hace desde junio del 2019 para luchar contra la corrupción de los altos cargos del gobierno central y de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. A causa de esta pobre implementación de sus recomendaciones, el GRECO aplicó en España su procedimiento de incumplimiento de la 5.ª ronda de evaluación (13 parciales y 6 totales) y pidió a las autoridades que informaran sobre los progresos realizados para cumplir sus recomendaciones antes del 31 de diciembre del 2024, un informe que tenía que ser examinado en la 100ª sesión plenaria que se ha celebrado del 2 al 6 de junio en Estrasburgo.

El GRECO pidió a las autoridades que prestaran más atención a la situación particular de las altas funciones ejecutivas del gobierno central (incluidos los asesores políticos) y en las áreas específicas de riesgo de conflicto de intereses y corrupción a las cuales se enfrentan en su trabajo. En general, el GRECO también pide reformas legislativas para acabar con las lagunas en la transparencia de la financiación política mediante el establecimiento de mecanismos de aplicación más estrictos y la adopción de sanciones disuasivas para las infracciones de las normas de financiación política. El informe señala que los acontecimientos de los últimos años han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar los mecanismos para garantizar la transparencia de la financiación política y actualizar las normas anticorrupción existentes sobre financiación de partidos y campañas electorales.

La lucha anticorrupción, en un momento crítico

En 2024, las convulsiones geopolíticas, la inestabilidad económica y los rápidos avances tecnológicos han redefinido los riesgos de corrupción y la dinámica de gobernanza. Las elecciones en varios Estados miembros han suscitado preocupaciones sobre la integridad, incluyendo acusaciones de influencia indebida, financiación irregular e injerencia extranjera, lo cual pone de relieve la necesidad de proteger los procesos democráticos mediante marcos anticorrupción eficaces. El presidente de GRECO, David Meyer, cree que "la lucha mundial contra la corrupción se encuentra en un momento crítico" y que a pesar de los importantes avances en el fortalecimiento de los marcos anticorrupción, "persisten desafíos persistentes y en constante evolución, incluyendo aquellos relacionados con la implementación, la transparencia y las amenazas a la independencia judicial. Abordar estos desafíos requiere un impulso renovado y una voluntad política sostenida a escala nacional".