El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lleva semanas, si no meses, capeando el temporal en que se ha convertido su mandato al frente de la nación latinoamericana. El pasado domingo, Juan Diego Quesada, periodista de El País, expuso unas grabaciones realizadas a Álvaro Leyva, quien fue la mano derecha de Petro y su canciller (ministro de Exteriores), en las cuales se certifica que Leyva viajó a los Estados Unidos para reunirse con asesores próximos a la administración de Donald Trump para buscar su apoyo para hacer caer el gobierno de Petro. Por otra parte, Laura Sarabia, persona muy próxima al presidente colombiano desde el inicio de la legislatura, y la tercera persona que ocupa la cancillería, presentó su dimisión el pasado jueves por desavenencias con el equipo del presidente.

Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia en agosto del 2022, después de una histórica victoria en las elecciones presidenciales de aquel mismo año en las cuales, por primera vez en la historia democrática del país colombiano, un candidato de las izquierdas ganaba los comicios. Desde entonces, sus promesas electorales, que se concretaron en grandes reformas del sistema sanitario, de las pensiones, de la ley laboral, del sistema tributario e, incluso, de la ley electoral, le han costado rifirrafes en todos los frentes para aprobarlas, lo que no ha conseguido en todos los casos. Las dificultades que ha atravesado su gobierno para impulsar las reformas en el poder legislativo lo ha enfrentado con sus ministros (58 en tres años), así como con miembros de la coalición política, nombrada "Pacto Histórico", que lo llevó a la presidencia.

Pero los problemas con el legislativo y los partidos para sacar adelante sus reformas no han sido su único problema. Ya desde el inicio de la campaña, la relación con su vicepresidenta, Francia Márquez, no ha sido fácil. Las disputas entre ambos eran evidentes y Petro las resolvió defenestrándola del ejecutivo en una de las múltiples crisis de gobierno que se han vivido en el país caribeño desde el 2022. Leyva deseaba que fuera la vicepresidenta Márquez quien sustituyera a Petro, de quien en los audios dice que "está por encima de él". De hecho, Petro ha acusado a su vicepresidenta de estar al lado de Leyva en sus planes para derrocarlo, acusación que ella ha negado rotundamente y de la cual Petro no tiene ninguna prueba.

Leyva lo quería fuera

Una de estas crisis, el año 2024, supuso la salida del gobierno de Álvaro Leyva, después de su inhabilitación por haber cancelado de forma irregular la licitación para la emisión de los pasaportes. Leyva es el hombre que ha sido acusado de intentar urdir una red de apoyos, tanto nacionales como internacionales, para hacer fuera del poder a Petro. Las grabaciones difundidas por El País indican que Leyva viajó hasta Washington con la intención de reunirse con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para que este le ayudara a ejercer una "presión internacional" que acabase con la salida del poder del presidente de Colombia. En uno de los audios, se puede oír a Leyva decir que "hay que sacar ese tipo", y que se tenía que contar con "actores armados y no armados".

En paralelo en esta campaña para desalojar en Petro del poder, Leyva empezó a publicar una serie de cartas a las redes sociales en las cuales aseguraba que Petro es drogadicto. En ellas explicaba episodios de comportamientos erráticos del presidente o de ausencias momentáneas inexplicables, y aseguraba que Sarabia, su mano derecha y recientemente dimitida responsable de Exteriores, le suministraba las dosis y ocultaba sus vicios. Tanto Petro como Sarabia aseguraron que las acusaciones de Leyva eran difamatorias.

Nuevas salidas, con polémica

La última polémica en el desgobierno de Petro ha sido la salida del ejecutivo de quien fue una de sus personas más próximas desde su llegada al poder, Laura Sarabia. Sarabia, de 31 años, había ocupado diferentes posiciones dentro del gabinete de Petro hasta conseguir, en enero de 2025, la cartera de Exteriores. A pesar de verse salpicada por algunos escándalos, afines y detractores siempre han destacado su agilidad y capacidad de gestión en un gobierno cuestionado por la ausencia de ambas características.

Aunque Sarabia no ha hecho públicas las razones de su salida del ejecutivo, un nuevo episodio en la polémica de los pasaportes, que ya supuso la inhabilitación de uno de los predecesores de la joven política en la cancillería, habría sido la razón principal.

Leyva, cuando todavía era ministro de Exteriores, suspendió la licitación que había ganado una empresa privada por la fabricación de los pasaportes colombianos, alegando que no había habido libre competencia en la contratación, decisión que lo llevó hasta la inhabilitación. Ahora, Sarabia habría decidido extender el contrato con la empresa Thomas Greg & Sonidos, ya que el gobierno no ha encontrado ninguna otra solución viable a pesar de tener un pacto firmado con Portugal para que la Imprenta Nacional de Colombia adquiera los conocimientos para fabricar los pasaportes. La decisión de Sarabia fue revertida por uno de los nuevos y controvertidos miembros del núcleo duro de Petro, un polémico pastor evangélico, lo que habría provocado un enfrentamiento entre los dos, que ha acabado con la salida de la primera del ejecutivo colombiano.

Gobernando entre el caos

Petro gobierna entre el caos. Y para poder salir adelante con sus reformas más ambiciosas, cuando solo le queda un año al frente del país caribeño, impulsa una consulta popular para que sea la ciudadanía, según su visión, la que apruebe las reformas principales, como la de salud, y otros planes del gobierno. A pesar de que muchos, tanto desde la izquierda como en la derecha, se oponen a la propuesta del presidente, hay otros que lo animan a intentar conseguir los 13,6 millones de votos necesarios para aprobar el referéndum cuando su popularidad es del 26%.

Con todo, al presidente de Colombia, que gestiona al mismo tiempo dimisiones, escándalos de corrupción, la polémica consulta popular, relaciones exteriores tensas con los Estados Unidos, el asesinato de un rival político e, incluso, un complot para intentar hacerlo fuera del poder, le quedan 13 meses a la presidencia para afrontar las reformas pendientes y reconducir su ejecutivo, sumergido en el desconcierto.