El cierre del gobierno estadounidense ya dura 32 días, y está a solo tres días de empatar el más largo de la historia, que fue entre 2018 y 2019, también con Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. A mediados de octubre, el departamento de Agricultura (USDA), anunció que si el cierre del gobierno, que se produce cuando el poder legislativo no aprueba a tiempo una ley de presupuestos que permita distribuir los fondos federales, continuaba hasta pasado el 1 de noviembre, los pagos en programas de asistencia alimentaria se podrían ver afectados para hasta 42 millones de estadounidenses que los utilizan. Se trata, concretamente, del servicio federal SNAP (Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria, por sus siglas en inglés), que ayuda a 42 millones de personas de ingresos bajos o sin hogar a comprar comida saludable. El pasado viernes, dos jueces federales ordenaron a la administración de Donald Trump que utilizara los fondos de emergencia para garantizar, como mínimo de forma parcial, los beneficios de SNAP a los millones de estadounidenses que pueden verse afectados este mes de noviembre. El cierre también afecta aspectos más críticos del tejido económico como los aeropuertos. La falta de controladores aéreos, trabajadores federales afectados por la falta de fondos para pagarles los sueldos, provocó el pasado viernes, junto con un temporal de viento, el choque entre dos aviones en la pista del aeropuerto neoyorquino de LaGuardia. 

El propio presidente Trump respondió el viernes con una publicación en las redes sociales en la que afirmaba haber instruido a los servicios jurídicos de la administración que preguntaran a los tribunales de qué forma podía financiar el programa, de forma legal, tan rápido como fuera posible. “Aunque recibamos una dirección inmediata, desgraciadamente [la entrega de fondos] se retrasará mientras los estados sacan el dinero”, publicó Trump en Truth Social. “Si el Tribunal nos da la dirección legal adecuada, será un honor para mí proporcionar la financiación, tal como hice con el pago de los militares y las fuerzas del orden”, añadía Trump. Mientras tanto, este sábado 3 millones de personas que debían recibir su cheque semanal no lo han hecho, según apunta la organización Codi per Amèrica. Si el cierre del gobierno continúa durante el mes de noviembre, la mayoría de personas apuntadas al programa no accederían a los fondos mensuales a partir del día 10. 

Faltan controladores aéreos

La falta de financiación federal afecta a casi un millón de trabajadores federales. Entre ellos hay un colectivo de trabajadores muy importante para el día a día de la economía estadounidense: los controladores aéreos. Ya en 2018-2019, con el cierre del gobierno más largo de la historia del país fue la falta de controladores aéreos y su impacto en la economía lo que hizo que republicanos y demócratas siguieran en la mesa de negociaciones y desbloquearan un paquete presupuestario bipartidista para reabrir el gobierno federal. El pasado viernes, los aeropuertos John F. Kennedy y LaGuardia, tuvieron que suspender temporalmente el despegue de los vuelos ante la falta de controladores, que actualmente se encuentran cubriendo sus puestos de trabajo pero sin cobrar. De hecho, en el aeropuerto de LaGuardia, dos aviones comerciales chocaron en la pista, sin dejar ningún herido, pero obligando a todos los pasajeros a bajar del avión y el vuelo que salía acabó cancelado. El incidente se produjo a última hora de una jornada caótica tanto por la falta de controladores como por el temporal de viento. 

Recortes en programas sociales

El programa SNAP no solo se ve afectado por el cierre del gobierno federal, sino que también le ha afectado de lleno la ley de recortes sociales de Trump, que redujo el presupuesto del programa en más de 150.000 millones de dólares y endureció los requisitos para beneficiarse, lo que provocará que millones de personas se vean abocadas a perder la protección que ofrece en la próxima década. El cierre del gobierno, también afecta a otros programas sociales del gobierno federal. Casi 7 millones de mujeres y niños que participan en el programa WIC para la compra de comida saludable y alimento infantil, podrían perder acceso a los fondos asistenciales. De igual modo, casi seis millones de hogares podrían afrontar facturas energéticas mucho más elevadas por la pérdida de fondos de los programas de asistencia en este sentido. Funcionarios estatales y organizaciones de ayuda a los más pobres han avisado del peligro de perder fondos a SNAP por primera vez desde 1964. Los gobiernos estatales y ONG intentan esta semana suplir la falta de dinero del ejecutivo central, pero en muchos casos no será suficiente y millones de personas podrían verse abocadas a acercarse a los bancos de alimentos, ahogados por la inflación y los recortes de Trump.