Tal día como hoy del año 1939, hace 86 años, y en el contexto de los primeros meses de la posguerra que siguió al conflicto civil español, el general Franco —en ese momento, jefe del Estado español— firmaba el decreto de traslado de su gobierno a Madrid. De este modo, Madrid recuperaba la condición de capital del Estado que había perdido al inicio del conflicto civil (noviembre, 1936), cuando Manuel Azaña —líder de Acción Republicana y presidente de la República española— y Francisco Largo Caballero —dirigente del PSOE y presidente del gobierno de la República— habían ordenado el traslado del ejecutivo a València. Este traslado obedecía al propósito de alejar al gobierno de la situación amenazante que vivía Madrid, en gran medida rodeada por las tropas rebeldes.

Paralelamente (octubre, 1936), la Junta Técnica del Estado (el gobierno de los rebeldes durante la guerra) había sido ubicada en Burgos, en el edificio histórico de la Casa del Cordón, y, por lo tanto, desde los primeros compases del conflicto, la capitalidad política y militar de la España rebelde había estado situada en Burgos. Con la rendición y la ocupación de Madrid, todo el mundo esperaba que Franco ordenara el traslado del gobierno; pero, contra la opinión generalizada de los mandos militares rebeldes, Franco ordenaría ubicar definitivamente la capital del Estado español en Burgos. Según algunas fuentes, el dictador pretendía castigar a Madrid por la fuerte resistencia que había presentado ante los intentos de ocupación de las tropas franquistas.

Según las fuentes documentales, Franco no solo quería castigar a Madrid, sino que se quería quedar en Burgos porque se sentía más cómodo y, sobre todo, más seguro en una pequeña ciudad de 50.000 habitantes —dominada por sus oligarquías tradicionales y que ya había sido depurada ideológicamente— que en una gran ciudad de 900.000 habitantes donde quedaba una oposición clandestina que podía hacer que se sintiera amenazado. No obstante, las oligarquías económicas madrileñas (las clases extractivas de la capital estatal) que poco antes habían apoyado el golpe de Estado militar y que habían financiado el ejército rebelde durante el conflicto, mantuvieron varias reuniones con el dictador y forzaron un cambio de opinión.