El extenso informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que lleva por título Análisis de las contrataciones [de mascarillas] formalizadas por la comunidad autónoma de Canarias y que consta de 348 páginas, con fecha 30 de octubre de 2025 y que se ha divulgado este martes, que iba a llevarse por delante la carrera política del ministro Ángel Víctor Torres —el titular del departamento de Política Territorial y Memoria Democrática—, no contiene las acusaciones de cobro de comisiones ni tampoco aparecen prostitutas. El ministro canario de Pedro Sánchez ha salvado su primer match ball e incluso ha anunciado que presentará una demanda contra el empresario Víctor de Aldama por supuesta intromisión al honor familiar y personal. Los vaticinios de que tras el informe de la UCO se produciría una situación similar a la del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que dimitió en pocas horas y está en prisión preventiva desde el 30 de junio por orden del Tribunal Supremo, por una investigación por corrupción relacionada con una trama de cobro de comisiones ilegales, han fallado.

La reacción inmediata de alivio del ministro Torres y el apoyo solidario del conjunto del Gobierno de Sánchez tiene lógica, ya que se temían lo peor y eso no ha pasado. Dicho eso, en las 348 páginas del informe y en los anexos que lo acompañan hay suficientes indicios sobre tráfico de influencias, que deberán ser confirmados o descartados. Algunos mensajes sobre que está realizando [en aquel momento era presidente de Canarias] gestiones para agilizar pagos no le dejan en muy buen lugar. Da un poco la apariencia, en los whatsapps localizados, que se comporta como el cobrador del frac del famoso Koldo [Koldo García Izaguirre, asesor de José Luis Ábalos, que llegó a ser mano derecha del exministro después de trabajar como vigilante de seguridad, escolta y portero en locales nocturnos]. Todo ello, porque el delito de tráfico de influencias no requiere que uno se enriquezca, basta con hacer las gestiones. Hay, por ejemplo, una pregunta pertinente a hacerse tras leer uno de los mensajes en los que se refiere a gestiones a realizar con el presidente del gobierno. ¿Por qué se tomaba tanto interés, incluso llamando a Pedro Sánchez?

En las 348 páginas del informe de la UCO y en los anexos que lo acompañan hay suficientes indicios sobre tráfico de influencias, que deberán ser confirmados o descartados

Los SMS de Víctor Torres son bastante claros, rotundos y demostrativos de su compromiso con el negocio de quienes aparentemente serían terceros. ¿Por qué ese compromiso y empeño en que les paguen? No debemos olvidar que era el presidente de una comunidad autónoma bajando al barro de la gestión de cobro y pago… poco creíble. En cualquier caso, el informe de la UCO deja abierta esta posibilidad y veremos ahora qué dictamina el Supremo a la hora de querer avanzar en las investigaciones e igualmente desconocemos si hay investigaciones en curso respecta al tema de Canarias que aún desconocemos. El informe de la guardia civil también acredita que Torres reclamó pagos pendientes del gobierno canario a la empresa de la trama, Solucionas de Gestión. La UCO también recoge que el ministro pidió perdón a Koldo García por estos retrasos, pero este martes ha recordado que cumplía con su obligación de que la administración pública cumpliera los contratos. 

No es el informe de la UCO el único elemento judicial que contamina la acción política en estas últimas horas. Está el juicio en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, que se le ha ido complicando por momentos en las dos primeras jornadas celebradas hasta la fecha. Y también, la declaración en la tarde de este martes del excomisiario José Manuel Villarejo ante la justicia andorrana por la operación que provocó la desaparición de la Banca Privada de Andorra, uno de los escándalos más graves del gobierno de Mariano Rajoy. Villarejo compareció provisto de sus anotaciones de cuando era responsable de inteligencia y explicó con pelos y señales la intervención y presiones del gobierno español al ejecutivo andorrano con el objetivo de encontrar cuentas secretas de la familia Pujol en la BPA. Siempre tiende a olvidarse que los hermanos Higini y Tito Cierco no solo perdieron un banco —de hecho dos, la BPA y Banco de Madrid—, se involucró al FINcen a través de información falsa al tesoro americano por parte del gobierno español, que, por suerte, enseguida vio la jugada y se retiró su publicación. Pero el gobierno andorrano sigue, por más evidencias que hay, erre que erre sin aceptar aquella actuación del gobierno español y rectificando en consecuencia.