A medida que van pasando los meses, se ve la imposibilidad de que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, continúe en el cargo al ser del todo incompatible con su candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía. La manera como está mirando de segar la hierba a los acuerdos alcanzados por el propio gobierno socialista, el PSOE y el PSC para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, hace ya más de trece meses, con Esquerra Republicana, con el objetivo de la política andaluza de lanzar su candidatura electoral, debe ser cortada de manera urgente y taxativa. Tiene poco sentido que Montero diga ahora que rechaza la financiación singular, esté en contra de la transferencia de todo el IRPF y niegue la ordinalidad cuando son algunos de los ejes básicos del acuerdo. Pero es de mucho menor tacto que Montero lo propague a los cuatro vientos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga como que no se entera y, habiendo entrado en la segunda mitad de septiembre, el Govern vea amenazada nuevamente la presentación de los presupuestos de la Generalitat.

La financiación singular está siguiendo, lamentablemente, un camino que ya hemos visto en ocasiones anteriores. Por uno u otro motivo, cuesta poner el lazo a los acuerdos alcanzados entre partes. La inasistencia de la vicepresidenta Montero del pasado mes de julio a la comisión bilateral Estado-Generalitat ya presagiaba sus discrepancias, aunque en aquella ocasión se camufló con la presencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.  Pero ahora llega la hora de la verdad, hay que hacer aterrizar los acuerdos alcanzados y hay que poner letra a las leyes que se quieren aprobar. El núcleo de la propuesta de financiación singular acordado en julio de 2024 era el siguiente: la cesión total a la Generalitat de todos los impuestos de titularidad estatal, que serían recaudados y gestionados en su integridad por una agencia tributaria catalana independiente de la agencia estatal. A cambio, se establecería una doble aportación de la Generalitat a la caja común, que cubriría el coste de los servicios que el Estado seguiría prestando en/a Catalunya y una cuota de solidaridad para ayudar a complementar la financiación de las comunidades autónomas de menor renta.

Y otro factor añadido era mantener el principio de ordinalidad, un mecanismo que viene a garantizar que una región mantenga su posición en el ranking de generación de riqueza una vez se haya producido la redistribución territorial de los recursos. Este martes, se ha producido una reunión del Govern con patronal y sindicatos para defender el modelo de financiación singular, en una muestra de que la demanda no es una reclamación de unos partidos políticos determinados, sino que también incluye a los agentes económicos y sociales del país. Este acuerdo, no aceptado por el Ministerio de Hacienda, tiene detractores por los dos extremos políticos fuera de la mayoría parlamentaria de Salvador Illa. Junts per Catalunya lo considera insuficiente y lejos de su reivindicación del concierto económico, y PP y Vox, una cesión inaceptable a los independentistas catalanes. Estaría bien que entre los temas de política exterior, que conforman básicamente la agenda informativa del momento para Pedro Sánchez, el presidente hiciera una declaración, clara, inequívoca y contundente a favor de la financiación singular. Al menos eso.

Estaría bien que Sánchez hiciera una declaración clara, inequívoca y contundente a favor de la financiación singular

En las últimas horas, ha surgido, además, un nuevo elemento distorsionador. El secretario autonómico popular, Francisco Vázquez, ha anunciado que las elecciones autonómicas en Castilla y León serán el 15 de marzo del 2026, si Pedro Sánchez no adelanta las españolas. Esta fecha condiciona, en principio, las elecciones andaluzas, porque el presidente de aquella comunidad autónoma, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, ha venido insistiendo en los últimos meses que habría una coincidencia entre ambas. Eso alarga la vida política como ministra de Montero si Sánchez no toma cartas en el asunto, ya que apear a la vicepresidenta de su oposición parece imposible. Oriol Junqueras, sin llegar a pedir su cabeza, ya ha hecho alguna declaración hablando del obstáculo que suponía negociar con Montero y el PSC ha tenido que templar gaitas con su gobierno en Madrid para no desautorizarla y abrir una crisis. Hasta que Sánchez no actúe, hay que pensar que tiene su protección, en esta cuestión también. Y los caminos para avanzar en algo tan importante como los presupuestos, aquí y allí, estarán cerrados a cal y canto.