La esperada decisión del gobierno español sobre la opa hostil del BBVA al Banc Sabadell ya está aquí: el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez ha dado este martes una nueva vuelta de tuerca a las condiciones impuestas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que se sustancian en vetar la fusión de las dos entidades por un período de tres años —que pueden incluso ampliarse hasta los cinco— e impide la materialización de despidos de los trabajadores vinculados a la operación bancaria y el cierre de oficinas. Durante este tiempo de tres años, se garantiza que el Sabadell sea un banco separado, operando ambos con marcas separadas, balances y estructuras jurídicas intactas hasta 2028, lo que, en la práctica, cuestiona alguna de las sinergias que había apuntado el banco madrileño en su folleto de opa a la entidad vallesana.

La decisión del gobierno español no cierra definitivamente las posibilidades de que la opa siga adelante. Un periodo de tres o cinco años sin poder culminar la fusión es un obstáculo no menor, pero deja un terreno de juego a la entidad presidida por Carlos Torres si quiere continuar en la partida. El mercado premió al BBVA (2%) al conocerse la decisión del gobierno y castigó al Sabadell (-0,5%), pero al cierre del parqué el BBVA subía un 2,54% y el Sabadell recuperaba posiciones y cerraba en verde (0,45%). A esa hora, el BBVA estaba analizando la decisión del gobierno y su posición sobre si seguía adelante o no con la operación que también incluye, además de mantener el rédito a pymes, reportar informes periódicos al Gobierno, detallando que todas las condiciones se están cumpliendo. 

El BBVA tiene que decidir si sigue adelante o no con la opa, planteada inicialmente como la gran fusión bancaria española

En estas condiciones, el BBVA tiene que decidir si sigue adelante o no con la opa, planteada inicialmente como la gran fusión bancaria española. Seguir adelante sin fusionar es, evidentemente, una opción y querría decir que Carlos Torres recoge el envite del gobierno español. O sea, que aún hay margen para que la operación sea rentable, aunque las sinergias iniciales de 850 millones anuales se hayan reducido sustancialmente. El Sabadell lo apremia a que se pronuncie para saber si hay una última batalla que dirimirían los accionistas o no. En este contexto, no es ni mucho menos irrelevante que Sabadell está explorando la venta de su filial británica TSB en una operación que sigue con interés la CNMV para que si llega a realizarse la operación sea acorde al cumplimiento de todas las obligaciones legales. La venta podría generar unos ingresos superiores a los 2.000 millones de euros y necesitaría la aprobación de los accionistas, ya que el consejo de la entidad está sometido a un deber de pasividad con la opa vigente.

La reacción del Govern, de los partidos independentistas, de las entidades empresariales y de los sindicatos fue, globalmente, de alinearse con la decisión del ministro Cuerpo por el veto a la fusión. El president Salvador Illa, que era el que tenía más a perder por su cargo y porque el gobierno español es de su mismo color político, celebró el nuevo impedimento que, en su opinión, protege un sistema bancario arraigado en el territorio. El partido de Carles Puigdemont, en cambio, se quejó de que el gobierno español no hubiera ido más lejos con las condiciones. Por ejemplo, que el periodo de tres años sin fusión hubiera sido mayor o incluso indefinido, en línea con lo que defiende Facua. Más radical se mostró Foment del Treball que dio por amortizada la opa porque no interesará a los accionistas del Sabadell. Pymec pidió mecanismos de control efectivo de las condiciones impuestas por el gobierno español. En resumen, habrá que esperar a conocer cuál es el juego del BBVA y si apuesta por seguir en la partida.