Un juzgado de Badalona ha citado a declarar como investigado el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona y presidente de la empresa pública Tersa, Eloi Badia, por un delito ecológico por la presunta emisión de partículas contaminantes de la planta de tratamiento de residuos urbanos de Sant Adrià de Besòs. Según ha adelantado 'El Periódico' y han confirmado fuentes jurídicas a la ACN, el concejal, que ya estaba investigado, tendrá que comparecer en el juzgado el 11 de abril, junto con el jefe de explotación de esta compañía, F.R.G., también investigado. Badia anunció en enero que no se presentará de nuevo a las elecciones municipales del 28 de mayo.

Desde que la fiscalía presentó la denuncia en marzo del año pasado, por el juzgado han declarado varios testigos, entre los cuales hay personal de la Generalitat. Al inicio de las indagaciones, el juez solicitó a la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat datos de emisión de contaminantes a la atmósfera desde el 2017 y un informe técnico. Ahora, con el resultado de estas diligencias, el juez ha decidido citar a declarar los investigados Eloi Badia y al jefe de explotación de la compañía. El fiscal acusa Badia y el jefe de explotación de la planta de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, porque, entre 2015 y 2019, habría habido varios episodios de combustión irregular que habrían comportado la emisión de contaminantes en concentraciones superiores a las permitidas.

La investigación arrancó en 2018 por una denuncia de la entidad vecinal Airenet delante de la Fiscalía de Medio Ambiente por prácticas irregulares que provocaban niveles de emisión "muy elevados" de contaminantes, especialmente dioxinas y furanos. El 16 de mayo del mismo año, la Fiscalía abrió investigación, que encargó al Seprona de la Guardia Civil. Aquella investigación concluye que el presidente y el jefe de explotación de la planta "habrían estado haciendo y/o tolerando conscientemente" una serie de prácticas "contrarias a la normativa ambiental aplicable", y que podrían estar suponiendo un riesgo "grave" para la salud de las personas que viven en el entorno, así como para el medio ambiente en general.

Incinerar a 850 grados

La normativa prevé que los residuos se tienen que incinerar a 850 grados durante como mínimo dos segundos, medidos en la pared interior de la cámara o en otro punto representativo, previa autorización del órgano competente. Pero de la investigación se desprende que la empresa no hacía el control de temperatura conforme a este precepto, sino que utilizaba un algoritmo basado en unas fórmulas sin que constara que hubiera sido validado por la autoridad competente. Así, no se habría podido controlar la temperatura de las incineraciones de la manera que marca la normativa, y eso podría haber comportado la emisión de contaminantes en concentraciones superiores a las permitidas.

En este sentido, la investigación también determina que los archivos de las temperaturas de los tres hornos de la planta correspondientes a los años del 2015 en el 2019 muestran que en "numerosas ocasiones" las temperaturas de combustión fueron inferiores a los 850 grados. Tersa, la empresa que gestiona este centro de residuos, está participada por Barcelona Serveis Municipales (BSM) y por el Àrea Metropolitana de Barcelona. Las instalaciones entraron en funcionamiento en 1975. La Generalitat le concedió en el 2007 autorización para quemar residuos sólidos hasta tres toneladas por hora. La Generalitat dijo el año pasado que había constatado que este municipio no supera los valores de contaminación de referencia legislados por la Unión Europea después de haber realizado una campaña de medición de la calidad del aire en el territorio a raíz de las quejas de la plataforma vecinal.