Poco después de que se ha conocido que la Fiscalía de Medio Ambiente ha denunciado al presidente de la empresa pública Tersa, que no es otro que el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, por considerarlo responsable, junto con el jefe de explotación, de varios episodios de combustión irregular en la incineradora de Sant Adrià de Besòs que habrían comportado la emisión de contaminantes en concentraciones superiores a las permitidas entre los años 2015 y 2019, el concejal barcelonés ha salido a defenderse asegurando que se han llevado "todos los análisis para acreditar" que no ha habido ningún impacto negativo en la ciudadanía.
En declaraciones a los medios en el contexto de la presentación del nuevo plan de Parcs i Jardins para los próximos años, Badia ha asegurado que la incineradora estaba al día de todos los controles para confirmar su seguridad. "Si no hubiera sido así, habríamos tenido que actuar de urgencia", ha señalado el concejal, que además ha señalado que los análisis se efectuaron conjuntamente con la conselleria de Salut y entidades expertas independientes, que "acreditaron que no había ningún daño a la salud". De hecho, el concejal considera que el procedimiento de los análisis con respecto a la eventual contaminación está "totalmente validado por la Generalitat, que es la responsable de calidad ambiental,", y ha añadido que facilitarán toda la información sobre la denuncia, de la que asegura que se ha enterado por los medios de comunicación.
Además, según recoge Europa Press, Badia ha mantenido que, cuando asumió la presidencia de Tersa, tuvo claro que "el tema medioambiental tenía que estar al frente de todo" y que la compañía tenía que ser un ejemplo y actuó con transparencia. Por eso mismo se procedió a designar a una responsable de calidad ambiental y destinaron 18 millones de euros en mejoras del filtro catalítico de la incineradora. Unas inversiones que, según Badia, sitúan la incineradora en "la vanguardia de Europa".
Quejas vecinales
La denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente llega cuatro años después de que la entidad vecinal metropolitana Airenet advirtió en abril del 2018 de prácticas irregulares que provocaban niveles de emisión "muy elevados" de contaminantes, especialmente dioxinas y furanos. Por eso, se decía que la incineradora "envenenaba" la ciudad. El 16 de mayo del mismo año, la Fiscalía abrió investigación, que encargó al Seprona de la Guàrdia Civil. Aquella investigación concluye ahora que el presidente y el jefe de explotación de la planta "habrían estado haciendo y/o tolerando conscientemente" una serie de prácticas "contrarias a la normativa ambiental aplicable", y que podrían estar suponiendo un riesgo "grave" para la salud de las personas que viven en el entorno, así como para el medio ambiente en general.