La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado este la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de practicar un "negacionismo" peligroso en materia climática y de salud mental, en un contexto de ruptura total del diálogo social para la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Las declaraciones de Díaz, formuladas durante su intervención en un acto empresarial, suponen una escalada verbal significativa en el conflicto.
La ministra ha calificado la actitud de la patronal de "muy grave" y ha aseverado que "ni siquiera con la vida es capaz la patronal de ponerse del lado de su país". El punto de inflexión que ha desencadenado esta crisis se produjo ayer, cuando el Ministerio de Trabajo decidió dar por concluida la mesa de diálogo social tripartito –integrada por Gobierno, sindicatos y empresarios– tras veinte meses infructuosos de negociaciones. El departamento que dirige Díaz optó por continuar las negociaciones en exclusiva con CCOO y UGT, dejando a la CEOE fuera de la ecuación.
Díaz no se limitó a criticar la institución, sino que apuntó directamente a su máximo representante. En un gesto de clara provocación política, la vicepresidenta instó públicamente al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a asumir sus responsabilidades. "Le quiero decir al señor Garamendi que haga su trabajo. Yo sé que el señor Garamendi está esperando que su trabajo lo intente resolver el señor Feijóo, pero yo le pido que en representación de las empresas españolas haga el trabajo para el que, sin duda, se debe", ha manifestado con contundencia ante los medios. Esta afirmación es interpretada en círculos políticos como una acusación directa de que la patronal está actuando bajo una agenda política del Partido Popular, priorizando una estrategia de bloqueo que beneficia a la oposición de Alberto Núñez Feijóo por encima de los intereses de las propias empresas y del progreso social.
La reforma de los riesgos laborales
La reforma en cuestión pretende actualizar una ley de 1995 para afrontar los nuevos retos del mundo laboral. Entre los puntos más avanzados y conflictivos se encuentran la incorporación explícita de los riesgos psicosociales y la protección de los trabajadores ante las consecuencias del cambio climático, como las olas de calor. Desde el Ministerio de Trabajo se acusa a la CEOE de "solo querer dilatar" esta reforma, ejerciendo un "negacionismo" que se niega a reconocer la gravedad de la salud mental en los puestos de trabajo y la urgencia de la crisis climática. Para Díaz, la negativa de la patronal a pactar en estos ámbitos no es una simple diferencia técnica, sino una posición ideológica que pone en peligro la vida y la salud de los trabajadores españoles.
Se prevé que la CEOE responda con dureza a estas señales, que consideran una marginación sin precedentes del diálogo social. Fuentes de la patronal han expresado su "indignación" por la decisión unilateral del Gobierno y han asegurado que van a las negociaciones "con propuestas constructivas". La ruptura del consenso con los empresarios plantea un escenario complejo para el futuro de la ley. El Gobierno aparentemente opta ahora por una vía rápida, alianzas con los sindicatos, pero se expone a una fuerte oposición empresarial durante la tramitación parlamentaria y a las críticas por haber fracturado el pacto social. La batalla, más allá de los artículos de la ley, se ha convertido en un choque frontal sobre el modelo de diálogo y las prioridades nacionales.