El Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pretende poner orden en la inseguridad jurídica que se ha generado en los tribunales españoles respecto a las indemnizaciones que se cobran por un despido improcedente. A tal fin, ha iniciado este lunes las negociaciones con los sindicatos (CC. OO. y UGT) y las patronales CEOE y Cepyme) para reformar las indemnizaciones que se abonan en el caso de los despidos improcedentes por no ajustarse a la Carta Social Europea que el Gobierno español firmó hace unos años.
Actualmente, se ha generado una confusión jurídica ligada a la aplicación de la Carta Social Europea. Algunos tribunales consideran que, dado que España ha firmado dicha Carta, es de aplicación directa en el ordenamiento jurídico nacional, pues los tratados internacionales tienen, por sí solos, validez jurídica en los tribunales españoles. Sin embargo, el Tribunal Supremo no es de la misma opinión y ha fallado que, ajustándose a la jurisdicción nacional (Estatuto de los Trabajadores o ET), la indemnización por el despido improcedente es fijo, de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 meses, y no cabe una interpretación personal y variable como defiende la Carta Social Europea.
Fernando Luján, vicesecretario general de política sindical de UGT, y negociador del sindicato en la nueva mesa abierta por Trabajo, señala que algunos tribunales Superiores de Justicia están saltándose la decisión del Tribunal Supremo. Siguen aplicando la Carta Social Europa directamente, dando la razón a aquellos trabajadores que reclaman una indemnización superior a los 33 días por año trabajado. El sindicalista señala que algo parecido está sucediendo en Francia, donde tribunales inferiores se están saltando la doctrina de su tribunal supremo.
Reforma urgente
Una inseguridad jurídica que, en opinión de los sindicatos, hace más urgente la reforma de la actual legislación de la indemnización por el despido improcedente. Se trata, no obstante, de una petición largamente reclamada por los sindicatos UGT y CC. OO. que han recurrido esta causa ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), el organismo encargado de velar por el cumplimiento de las reglas impuestas por la Carta Social Europea. Unas resoluciones —la de UGT en 2023 y la de CC. OO. en 2024— que han sido favorables en ambos casos y han exigido al Gobierno español que cumpla y haga cumplir la Carta Social Europea.
En el otro extremo, las patronales no quieren retocar las indemnizaciones, siguiendo las tesis que mantiene el Tribunal Supremo. Fuentes sindicales han señalado que desde la patronal se han limitado a expresar este lunes que se sienten “incómodos” con la nueva mesa de negociación encargada de modificar la indemnización por el despido improcedente.
300.000 despidos
Aunque no existen datos del número de despidos improcedentes que se producen en España, de las estadísticas del Sepe —que explicita las causas de los despidos— se induce que del millón largo de despidos hasta agosto, unos 300.000 podrían ser improcedentes. Uno de cada tres. El despido improcedente, como su nombre indica, es aquel que el empresario no puede justificar y la indemnización se eleva por encima del despido objetivo. Si este último supone un pago de 20 días por 14 meses, el improcedente se eleva a 33 días por 24 meses. Sin embargo, aunque un juez valide que el despido ha sido improcedente, permite a la empresa elegir entre readmitir a trabajador y despedirle, indemnizándole con ese límite impuesto por el ET.
Pues bien, la Carta Social Europea considera que las indemnizaciones no deben ser igual para todos y que hay que contemplar las condiciones personales y particulares de cada trabajador despedido. Siguiendo esta tesis, la indemnización será más elevada en personas que tengan una baja empleabilidad y, por tanto, les cueste más reincorporarse al mercado de trabajo y, en especialmente, la edad, pues el edadismo dificulta encontrar empleo o, incluso, podría afectar la pensión futura en el caso de asalariados muy cercanos a la jubilación.
Sindicatos + Trabajo
Los sindicatos y el Ministerio de Trabajo han defendido modificar la legislación actual, ajustando el artículo 56 del ET que regula el despido improcedente a la Carta Social Europea. Será la forma más rápida y efectiva de acabar con la actual inseguridad jurídica que afecta por igual a trabajadores y empresas. Además, por supuesto, de cumplir con los requerimientos hechos a España por parte del Comité Europeo de los Derechos Sociales (CEDS).
Pero las posiciones no están muy claras. El primer punto de fricción se produce dentro del Gobierno de coalición, pues aunque hay un acuerdo firmado por el PSOE y Sumar, la redacción es interpretable. La postura del primero durante la tramitación de los recursos de los sindicatos y las declaraciones desde el Ministerio de Justicia no parecen ser muy favorables a una reforma muy en profundidad del ET. Unas fricciones que se extenderán al resto del arco parlamentario, como ha sucedido ya con la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales o como se apunta ya con la subida de las cuotas de los autónomos.