Durante los últimos tiempos, una parte notable de la izquierda española – con Podemos a la cabeza – ha convertido Mercadona en el enemigo perfecto. Es una empresa muy grande, visible, cotidiana y fácil de simplificar en un relato político que necesita culpables claros para explicar por qué cada vez cuesta más llegar a fin de mes. El relato es simple y comprensible: si los precios suben, alguien se está enriqueciendo demasiado. Y si alguien se enriquece demasiado, la solución es crear una alternativa pública que “ponga orden” en el mercado. El problema es que este razonamiento, a pesar de ser efectivo como consigna, es falso. Por un lado, el sector de la distribución alimentaria es uno de los más competitivos que existen, con márgenes tradicionalmente bajos. Mercadona no es una excepción: opera con márgenes netos reducidos, alrededor del 3%, gracias a una eficiencia operativa muy superior a la media. Este no es un detalle menor: vende barato no porque sea altruista, sino porque puede hacerlo gracias a haber apostado – igual que otros actores como BonÀrea – por una cadena logística optimizada, por un surtido con menos referencias que otras cadenas, por la marca propia, por un modelo basado en la rotación rápida de stock y en el volumen elevado. Son decisiones empresariales poco glamurosas, pero muy efectivas a la hora de posibilitar cuestiones como que millones de hogares con problemas serios para llegar a fin de mes puedan llenar el carro de la compra con turrones y polvorones. 

Por otra parte, hay que recordar que las empresas públicas no operan con los mismos incentivos que las privadas. No tienen la misma presión para reducir costes, ni la misma capacidad de adaptación, ni sufren las consecuencias reales de la mala gestión. Cuando una empresa privada se equivoca, pierde clientes y beneficios. Si lo hace una empresa pública, acostumbra a recibir más presupuesto, generando grandes agujeros de déficit que nunca habrían llegado a suceder en el sector privado. Vivimos rodeados de ejemplos de este fenómeno: desde Correos (los competidores privados como Seur o DHL tienen beneficios) hasta Paradores, una de las pocas cadenas hoteleras que actualmente presenta números rojos

Señalar a una empresa privada como responsable del colapso de la clase media, como origen de la creciente dificultad para llegar a fin de mes, evita el incómodo debate en torno al evidente hecho de que una parte sustancial de la sociedad ha sufrido una abrupta pérdida de poder adquisitivo. Si bien es un problema atribuible a razones globales, como un clima general de inflación elevada, también juegan un papel importante las razones nacionales, como una fiscalidad creciente; unos costes laborales disparados con graves problemas de absentismo y sus costes asociados, que se prorratean entre toda la clase activa; fuertes subidas del salario mínimo y regulaciones que requieren una costosa adaptación empresarial, como el famoso Verifactu o la ley de envases. Según un estudio de Funcas, el hecho de no haber deflactado el IRPF – es decir, el hecho de mantener los umbrales de cada tramo basados en una cifra absoluta de renta, que no se ha actualizado sobre la base de la inflación, haciendo que todo el mundo suba de tramo si su salario ha aumentado para compensar parcialmente la misma – ha generado unos ingresos extra de 9.800 euros anuales al estado español, básicamente ayudados por la clase media. Lamentablemente, conceptos como ‘deflactación’ son complejos de explicar, y esta dificultad de comprensión abre la puerta al triunfo de simplificaciones populistas de todo tipo. 

La obsesión con Mercadona dice más sobre la pobreza del debate que sobre la misma empresa. Demonizar al actor más visible para sacudirse las responsabilidades políticas no resultará útil para abaratar el coste de la vida ni para mejorar el bienestar. Si realmente se quiere ayudar al consumidor, la respuesta evidentemente no es crear una cadena de supermercados públicos sino avanzar hacia menores costes de adaptación regulatoria, cortar la cascada de costes salariales (por ejemplo, poniendo límites a los abusos de absentismo y bajas no justificadas o haciendo una gestión honesta de los tramos de IRPF) y hacer una reflexión sobre hasta qué punto la política está contribuyendo al problema que dice querer resolver. Probablemente, esta reflexión podría tener un perímetro mayor al de colgar el muerto del coste de la compra en Mercadona, e incluir otras cuestiones como la absurda carrera por tapar grietas en el tope de precios de alquiler: tal como en el caso del coste de la cesta de la compra, las soluciones propuestas parecen más orientadas a ofrecer una explicación simple a un problema complejo a pesar de saber que lo que se propone será del todo inefectivo para resolver la cuestión de fondo. Entonces, no nos debe sorprender que inevitablemente se acabe generando frustración en todo lo que se toca. Quizás estemos a tiempo de añadir a la carta a los Reyes un último deseo: movernos menos partiendo de pretendidas buenas intenciones o explicaciones simples de fenómenos complejos, y más de acuerdo con la efectividad de las políticas públicas.