Con la reducción de jornada semanal a 37,5 horas bloqueada en el Congreso, el Gobierno ha optado por impulsar por decreto la digitalización del control horario, que supone un endurecimiento del régimen sancionador y una mayor supervisión por parte de la Inspección de Trabajo. Desde RSM, la sexta firma mundial de servicios profesionales, se advierte de que, con las reformas que impulsa el Ministerio de Trabajo, “el mercado laboral español entra en una fase de cumplimiento intensivo, marcada por la digitalización de los procesos, la trazabilidad documental y un control administrativo sin precedentes”.

Según datos del Ministerio de Trabajo, las actuaciones de la Inspección de Trabajo aumentaron un 22% en 2024, con especial vigilancia sobre registro horario, becarios y subcontratación. El refuerzo presupuestario previsto para 2025 apunta a una “intensificación del control” tanto en el sector privado como en la administración pública, según apunta RSM en un estudio en que analiza los cinco grandes frentes en materia laboral de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Son estos:

  1. Reducción de jornada y registro horario digital. Aunque la tramitación parlamentaria se encuentra paralizada tras el rechazo del Congreso, el Gobierno planea reintroducir la medida en 2026 y, mientras tanto, avanza en el registro horario digital. El nuevo decreto obligará a las empresas a implantar sistemas interoperables y accesibles, con sanciones de hasta 10.000 euros por empleado en caso de incumplimiento. En opinión de RSM, pese a que la jornada no se ha reducido todavía, “las empresas deben revisar ya sus sistemas de turnos, bolsas de horas y convenios colectivos. La clave será anticiparse a un modelo más rígido y verificable”.
  2. Estatuto del Becario. El llamado Estatuto de las Personas en Formación Práctica transformará la figura del becario y limitará su presencia al 20% de la plantilla. Las pymes deberán asumir gastos de transporte, manutención o alojamiento de los estudiantes y garantizar un plan formativo individualizado. Las prácticas dejan de ser refuerzos temporales para convertirse en un proceso formativo regulado. Las empresas que no adapten sus programas se expondrán a sanciones de hasta 225.000 euros.
  3. Subida del SMI y compensación salarial. El Ministerio de Trabajo prevé elevar el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.200 euros en 2026. El artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores permite aplicar la técnica de absorción y compensación salarial, lo que puede neutralizar el impacto económico del incremento siempre que los convenios no lo prohíban. Desde RSM se precisa que el aumento del SMI “no implica necesariamente un mayor coste si la estructura salarial ya está por encima del umbral mínimo. La revisión detallada de nóminas y convenios será esencial para evitar conflictos y sobrecostes”. Y advierten sobre los “rumores” de que el Ministerio de Trabajo tendría intención de limitar, vía decreto, la posibilidad de compensar las subidas del SMI con otros conceptos del convenio, “lo que de facto sería tanto como exigir que el salario base mínimo de los convenios sea equivalente al SMI”. Apuntan que esto podría generar un incremento de costes “muy relevante” para las empresas si se llega a aprobar.
  4. Despido objetivo. Aunque no se han aprobado reformas formales, los tribunales están elevando la exigencia probatoria y formal. RSM recomienda a las empresas “extremar la precisión en la redacción de las cartas de despido, justificar las causas económicas, técnicas u organizativas y acreditar el pago simultáneo de la indemnización”.  Subrayan que “el riesgo ya no está tanto en la causa del despido como en la falta de evidencia documental. Un error formal puede convertir un despido objetivo en improcedente”.
  5. Autónomos. El calendario de implantación del sistema de cotización por ingresos reales seguirá vigente entre 2026 y 2028. Sobre esto, recomiendan actualizar las bases de cotización y los códigos CNAE, revisar las notificaciones electrónicas y efectuar los pagos dentro del plazo voluntario para evitar recargos automáticos del 10% o del 20%. “La digitalización de la Seguridad Social elimina las excusas: los plazos empiezan a contar desde la primera notificación telemática. Es imprescindible un control riguroso de las comunicaciones oficiales”, advierte la firma.

“Estamos ante un cambio estructural”, sostienen los expertos de RSM. “La autoridad laboral avanza hacia un modelo en el que la empresa no solo debe cumplir, sino demostrar que cumple. Cada hora registrada, cada convenio aplicado o cada becario asignado deberán poder justificarse con evidencia verificable”.