El debate sobre la reducción de la jornada laboral y su control ha vuelto a abrir una nueva brecha entre el Gobierno y las organizaciones empresariales. Foment del Treball ha lanzado una dura advertencia este viernes sobre las consecuencias económicas del Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla la Ley del Estatuto de los Trabajadores en materia de registro de la jornada. La medida, que fue tumbada como proyecto de ley el miércoles en el Congreso, habría encontrado una nueva vía para su tramitación a través de un real decreto, un mecanismo que la organización empresarial critica por eludir el debate parlamentario y el diálogo social.

El detonante de la crisis es la decisión del Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, de iniciar los trámites para aprobar esta normativa como real decreto tras ver fracasar su proyecto de ley inicial. Este cambio de estrategia legislativa significa que la norma podría ser aprobada por el Consejo de Ministros sin necesidad de un nuevo y exhaustivo debate en la cámara baja, un proceso que Foment del Treball considera "acelerado" y carente de la necesaria "negociación dentro del diálogo social". En un comunicado oficial, la patronal catalana expresa su "preocupación" porque esta vía reglamentaria pretende alterar de manera profunda la práctica del registro de jornada, una obligación que ya genera fricciones desde su introducción en 2019.

Foment del Treball recuerda que la obligación de registrar diariamente la jornada de todos los empleados —incorporada en 2019 mediante un nuevo apartado en el Artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores— "ya supuso cargas y rigideces para las empresas". Esta medida, diseñada inicialmente para combatir el trabajo encubierto y las horas extras no pagadas, fue recibida con escepticismo por el mundo empresarial, que argumentó que imponía una burocracia adicional y dificultaba la flexibilidad en la gestión de los equipos.

Ahora, la patronal argumenta que el desarrollo reglamentario que propone Trabajo "comportaría un cambio profundo" y se convertiría en una "sobrecarga inasumible para las empresas, especialmente para las pymes y los autónomos". Aunque el comunicado no entra en detalles técnicos específicos, se entiende que la alerta se refiere a requisitos más estrictos, sistemas de control más complejos o una interpretación más rígida de la normativa actual, lo que generaría, según su visión, incrementos de costes administrativos y operativos.

Más allá del coste económico, Foment del Treball esgrime un argumento jurídico de peso. La organización sostiene que cualquier desarrollo normativo de la ley de 2019 "no puede alterar el contenido esencial" de lo establecido entonces. Subrayan que el Estatuto de los Trabajadores, en relación al registro de la jornada, "en ningún caso determina ni lo limita a un sistema específico y exclusivo". En otras palabras, la patronal defiende que la ley actual permite a las empresas cierta flexibilidad para implementar sistemas de registro adaptados a su tamaño y actividad, y teme que el nuevo real decreto imponga un modelo único y más rígido, lo que consideraría una vulneración del principio de libertad de organización empresarial.

Esta advertencia de Foment se enmarca en un contexto de elevada tensión en la relación entre el Gobierno y las patronales. La propuesta de reducir la jornada laboral semanal a 37,5 horas sin reducción salarial —una de las banderas de la ministra Díaz— es vista por las empresas como una medida que encarecería la producción y reduciría la competitividad. El fracaso de su tramitación como ley no ha calmado los ánimos, ya que el Ejecutivo parece decidido a sacarla adelante por otras vías. La patronal catalana, con esta contundente declaración, no solamente presiona al Gobierno para que rectifique, sino que también busca movilizar a sus asociados y al resto de agentes sociales en contra de una norma que perciben como perjudicial para la recuperación económica y la creación de empleo. El balón queda ahora en el tejado del Ministerio de Trabajo, que deberá decidir si sigue adelante con su plan o abre un nueva ronda de negociación para desactivar el conflicto.