El Govern de la Generalitat de Catalunya e InmoCaixa han llegado a un acuerdo para la compraventa de 1.064 viviendas de alquiler, que el Incasòl adquirirá por un importe de 87,2 millones de euros. La cifra definitiva de viviendas que adquirirá el Incasòl se cerrará próximamente. El acuerdo permitirá incorporar estas viviendas al parque público de alquiler asequible de manera permanente. Este acuerdo supone incrementar el parque público de la vivienda y garantizar la estabilidad residencial a todas las personas que hasta ahora vivían y podrán continuar viviendo en estas viviendas. Cataluña cuenta con un 2,5% de vivienda asequible y protegida, hoy por hoy.
La relación de las viviendas abarca las comarcas de Barcelona, Lleida y Tarragona. En concreto, son inmuebles situados en los municipios de Barcelona (182 viviendas), Cornellà de Llobregat (81), L'Hospitalet de Llobregat (112), Mataró (61), Montornès del Vallès (19), Sant Just Desvern (118), Sentmenat (109), Sitges (186), Terrassa (75), Tordera (41), Olot (16), Lleida (49), Tarragona (6) y Sabadell (9).
Un plan global para el parque de alquileres asequible
Con esta operación, los acuerdos entre el Departament de Territori e InmoCaixa significarán una contribución de más de 1.900 viviendas al crecimiento del parque público de vivienda en Cataluña, uno de los principales objetivos de la legislatura anunciados por el Govern de Salvador Illa. A las viviendas anunciadas hoy hay que añadir tres operaciones más de 450 pisos -con una inversión de 30,5 millones de euros-, 214 pisos y 179 pisos -incluirá 47 viviendas en Banyoles, 98 en Lleida y 34 en Mollet del Vallès- que la Generalitat ya había comprado a InmoCaixa en el último año. Todas estas actuaciones se enmarcan en el plan del Govern para conseguir 50.000 viviendas públicas hasta 2030, y que tiene como objetivo garantizar que el 15% de los inmuebles sean parques públicos.
Dentro de este plan global, el Govern tiene en marcha la construcción de 4.000 viviendas de alquiler asequible, la gran mayoría en el área metropolitana de Barcelona, que se finalizarán entre 2025 y 2029. Aparte de las promociones en marcha, el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica lanzará una convocatoria para atraer solares de otras administraciones o privados en los que se podrían construir 20.000 viviendas y hacerlo de forma inmediata porque no requerirían tramitación urbanística.
Una fórmula rápida
El Govern hace valer que la adquisición de viviendas en construcción o ya construidas es un mecanismo que asegura la ampliación del parque público de vivienda de forma rápida, ya que no se tiene que hacer todo el proceso de licitación y contratación de las obras. Además, es sostenible porque aprovecha estructuras o viviendas ya construidas, de manera que no se destina más suelo a estas viviendas y se evita un nuevo proceso de construcción.
El gobierno negocia con diversos actores del sector inmobiliario. De hecho, en febrero, la Generalitat ejerció el derecho de tanteo y retracto para 743 viviendas que hasta entonces eran propiedad del fondo Divarian por 72 millones de euros, en lo que se describió como la compra "más grande" realizada por el Departamento mediante esta modalidad.
Por su parte, la filial de CriteriaCaixa, InmoCaixa está llevando a cabo desde 2021 un proceso responsable y gradual de desinversión de la vivienda residencial, priorizando la venta a los mismos inquilinos que han querido adquirirlas, así como a las administraciones locales y autonómicas. Según la información reflejada en su portal web, la inmobiliaria dispone de una oferta de aproximadamente 1.350 viviendas, locales y oficinas de alquiler.