El Govern ha puesto 6 millones de euros en multas a grandes tenedores de vivienda por no ofrecer alquiler social a inquilinos amenazados de desahucio. Lo ha hecho en 1.242 expedientes, de los cuales 246 son sanciones graves. También ha dado a conocer este viernes a los principales sancionados y Divarian, con 423 expedientes abiertos, es el más multado, por delante de Promontoria Coliseum Real Estate, que cuenta con 221 expedientes. Juntos, suman un 52% del total de expedientes.
Desde el año 2015, los grandes tenedores de vivienda están obligados en Catalunya a ofrecer un alquiler social a los inquilinos amenazados de desahucio que no tengan alternativa, por la ley 25/2015, que fue suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional hasta el año 2019. Ese año, uno antes de la pandemia, se levantó esta suspensión y la Generalitat empezó a poner multas.
De estos 1.242 expedientes, hasta la fecha 246 se han resuelto con sanciones económicas de hasta 30.000 euros hasta alcanzar los 6 millones de euros. Pero el Govern ha publicado los nombres de los más expedientados y de los que tienen sentencia en firme, ya que "por motivos jurídicos" no puede publicar quienes son los que han recibido más multas económicas.
Además de Divarian y Promontoria, el BBVA, con 87 expedientes, Coral Homes, 74, y Gramina Homes, con 44, completan la lista de los más expedientados. De ellos, tan solo Coral Homes tiene una sentencia en firme, como también sucede con BTL Spain Residential Acquisitions SL, Wind Luxemburg SARL, Cabot Assets Spain SLU, Claysburg SL, Cimentados3 SAU, Altamira Santander Real Estate SA, Matella SA, Iluro Pis Promotora Inmobiliaria SL, Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria Credifimo Establecimiento Financiero de Crédito SA y Aiqon Capital España SL.
El director de la Agència Catalana de Consum, Albert Melià, ha señalado que, desde mayo de 2023, "teniendo en cuenta que algunas empresas acumulan un número considerable de expedientes, la Agència incorpora en todos los expedientes sancionadores por incumplimientos relacionados con la obligación de ofrecer alquiler social una sanción accesoria de publicidad" que permite divulgar sus nombres.
"Esperemos que con estas medidas adicionales a las sanciones económicas consigamos el efecto disuasorio que tiene que tener la actividad sancionadora de la administración", ha dicho por su parte el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. "Estamos aquí para hacer cumplir la ley en un ámbito tan sensible como es la vivienda y continuaremos trabajando para proteger y garantizar el alquiler social a las personas y familias que lo necesiten", ha añadido.
Un refuerzo que multiplica por 8 las actuaciones
El departament d'Empresa i Treball, responsable de las sanciones, arrancó en enero del año pasado un programa de refuerzo con 19 profesionales en la Agencia Catalana del Consum para intensificar la vigilancia a grandes tenedores ante el alto indicio de que no ofrecían alternativas de alquiler social.
Este refuerzo ha multiplicado casi por 8 las actuaciones de control respecto a lo elaborado previamente, ha explicado el Departament. Así, en un año la Agència ha realizado 1.609 inspecciones, por las 183 realizadas entre 2019 y 2023.
Y también ha abierto seis veces más expedientes, de los 155 realizados entre 2020 y 2022 hasta los 1.087 abiertos en 2023, con un 115% más de sanciones económicas, 168 por los 78 impuestas con anterioridad. Esto significa que, con la gran mayoría de expedientes abiertos el año pasado, el potencial de multas es elevado de cara a este año y el próximo, cuando muchas de las actuaciones y expedientes vayan concluyendo en sanciones definitivas.