Los centros de datos son voraces consumidores de energía y agua y, por ello, la Unión Europea planea establecer una regulación específica para estos equipamientos en los que se fijarán una serie de obligaciones para los que se ubiquen en territorio comunitario. ¿Qué consecuencias puede tener esa medida?
La postura oficialista
Desde la UE se califica como “un gran paso en materia regulación” la medida que se plantea y que se concretará este otoño. Lo que pretenden (entre otras normas) es obligar a los propietarios de estos equipamientos a presentar regularmente “informes detallando el consumo de agua y energía”, así como, destacan también, “las medidas que están tomando para reducirlo”. La normativa que prepara la UE para los centros de datos forma parte, explican, “de un paquete normativo más amplio cuyo objetivo último es reducir el consumo de energía en un 11,7% entre 2020 y 2030”. Los reguladores se fijan ahora en los centros de datos porque calculan que consumen entre el 2% y el 3% de toda la energía utilizada en la UE y dan por hecho que la IA generativa multiplicará la demanda.
Consecuencias
Más allá de eventuales sanciones que todavía no se han hecho públicas para los propietarios que rebasen ciertos límites de consumo pendientes de fijar o no acrediten medidas de reducción de la demanda energética de sus instalaciones que la UE considerará suficientes o no, la duda que queda es la misma que se vincula a las legislaciones limitantes que ya se han aprobado para la IA y que deberán respetarse en el territorio de la UE: ¿Qué pasará si otros territorios en los que el agua y la energía sobran o cuestan menos de producir ofrecen mejores condiciones que las de los países que integran la UE? Proyectos de reutilización de antiguas infraestructuras como los que, por ejemplo, impulsa Hunosa o desarrollos como el de Meta en Talavera dejarán de tener interés para los inversores y países como el Reino Unido, Rusia, Canadá, Estados Unidos, Argentina o incluso India volverán a ganar otra partida a la hiperregulada UE.