El levantamiento militar del 18 de julio de 1936 y la posterior revolución que se vivió en el territorio dominado por la república, con intensidad en lugares como Catalunya, movilizó a las instituciones republicanas para proteger grandes cantidades de obras de arte y piezas provenientes de colecciones tanto públicas como privadas de la guerra y la furia revolucionaria. La victoria del franquismo provocó que aquellos depósitos cayeran en manos de las instituciones de la dictadura, que se encargaron del retorno a sus "legítimos propietarios". La represión, la muerte o la falta de información en los extensos y minuciosos inventarios republicanos provocaron que muchas piezas no volvieran a manos de donde habían salido. En Catalunya, el proyecto IGUEMUS del Institut Català de Recerca del Patrimoni Cultural (ICRPC), intenta trazar el itinerario de las obras que acabaron en depósito a los museos catalanes por parte del franquismo y provenientes de las decomissions republicanas.
El proyecto se propone estudiar la actuación del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN), la institución franquista bajo el control de la cual quedaron los depósitos republicanos y las colecciones evacuadas durante el conflicto, y el principal objetivo del cual era devolver los bienes a sus propietarios. El pasado mes de mayo se presentó el libro La Herencia envenenada. El periplo de las colecciones artísticas, arqueológicas y científicas en Cataluña, en el cual los investigadores del proyecto presentan sus primeras conclusiones después de años estudiando los archivos y los depósitos de los museos catalanes, comparando los archivos de la segunda república y del franquismo para encontrar la documentación sobre sus propietarios y su cesión. En estas primeras conclusiones, y según apuntan Gemma Domènech y Eduard Caballé, coautores del libro e investigadores en el Instituto, han encontrado que todos los museos catalanes existentes en aquel momento tendrían piezas que el franquismo no devolvió a sus propietarios.
Un tema "magnificado"
En una entrevista con Gemma Domènech, que es directora del ICRPC y profesora Serra Húnter del departamento de Historia e Historia del Arte de la Universidad de Girona, comenta que el tema de las "incautaciones franquistas" es un tema "magnificado" de cara a la opinión pública, sobre todo una vez estudiados los procesos de llegada de muchas de estas obras y su procedencia originaria. Y es que, en la gran mayoría de casos, no estamos hablando de "incautaciones franquistas" sino, del no retorno, por una gran variedad de causas, de las piezas de patrimonio personal y obras de arte que habían decomisado la Generalitat o las instituciones republicanas para protegerlas, o en algunos casos, como pago por los daños causados por la guerra. Las incautaciones franquistas propiamente dichas son el resultado de procesos de guerra o de la Causa General y entran en el amplio abanico de la represión franquista que también dificultará el retorno de las obras a muchos propietarios.
En el contexto de la Guerra Civil, dos días después de la insurrección militar, que en Catalunya fracasa y abre la puerta a la revolución comunista y anarquista, la Generalitat, que tiene competencias llenas en la protección del patrimonio en el país, se pone en marcha con el fin de proteger el patrimonio artístico del país de la furia de los revolucionarios y del peligro que supone la guerra en sí. Según explica en una conversación con ElNacional.cat Eduard Caballé, coeditor del libro e investigador del ICRPC, la labor de la Generalitat republicana y del gobierno legítimo, en este sentido, se enfoca también a contrarrestar ante la comunidad internacional el discurso del franquismo, que justificaba su guerra por "el terror y la destrucción" que hacían "los rojos" contra el patrimonio, destacando sobre todo el religioso. Con el fin de combatir esta idea, sobre todo de cara a la obtención del apoyo de las potencias europeas en el esfuerzo de guerra, las instituciones republicanas ponen en marcha un gran esfuerzo para proteger el patrimonio artístico y cultural del país con una minuciosa labor de catalogación e inventariación.
La cruzada de la Generalitat para proteger el patrimonio
En Catalunya, la Comissió General de Museus, en la cual se integraba el Museu d'Arte de Catalunya (el actual MNAC), dirigida por Joaquim Folch i Torres, y la Secció de Monuments del Servei de Patrimoni Històric, Artístic i Científic de la Generalitat (SPHAC), dirigida por Jeroni Martorell, empezó la labor de protección del patrimonio artístico y cultural catalán desde los momentos iniciales del conflicto bélico, una vez apaciguado el alzamiento militar en Barcelona y el resto de plazas catalanas y con el inicio del proceso revolucionario de 1936. El objetivo de la Generalitat y del gobierno de la República, aparte de proteger los bienes artísticos y culturales de la revolución y la guerra, es también desmentir las acusaciones de los alzados en su propaganda internacional. El esfuerzo de la Generalitat la llevará a confiscar miles de objetos, entre los cuales las colecciones particulares de ilustres personajes de la ciudad como Francesc Cambó, y colecciones privadas de las familias Plandiura, Amatller, Güell, Regordosa, Rocamora o Mansana así como bienes de la Iglesia y de particulares.
Con el avance de la guerra, en septiembre de 1936, con la línea del frente retrocediendo y cuando empiezan los primeros bombardeos sobre la capital catalana, las instituciones republicanas buscan otros lugares, más apartados del frente y con menos atracción por las fuerzas alzadas, para desplazar los objetos confiscados para garantizar la protección. La localización escogida fue la iglesia de Sant Esteve d'Olot, que se adaptó con el fin de acoger las piezas que hasta el momento se conservaban en el Palau Nacional y el Palacio Real de Pedralbes. Entre noviembre de 1936 y enero de 1937, miles de piezas viajaron de Barcelona a Olot para protegerlas del frente de guerra y de los bombardeos. Cuando las tropas franquistas llegaron a la Jonquera, el 10 de febrero de 1939, los responsables del SDPAN, la institución franquista encargada de recuperar el arte "robado" por el gobierno republicano, se limitaron a recoger todo aquel patrimonio que la Generalitat había reunido, ordenado, arreglado y preservado. Parte de las obras confiscadas, sin embargo, pudieron atravesar la frontera francesa y viajar hasta Ginebra, donde quedan bajo la custodia de la Sociedad de Naciones.
El SDPAN y el retorno de las obras
Por su parte, el bando sublevado crea, en enero de 1937, el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional con el objetivo de recoger y proteger las obras de arte e informar sobre el estado de los monumentos que se encontraban dentro del territorio controlado y ocupado por las tropas franquistas. Su misión fue reunir y almacenar las obras localizadas por su posterior devolución a sus propietarios, incluidas las custodiadas por la Sociedad de Naciones en Ginebra una vez acabada la guerra. Gran parte de la ingente labor de catalogación e inventario fue realizada por la Generalitat republicana y las otras instituciones mencionadas en el resto del territorio inicialmente controlado por el gobierno legítimo de la República durante la duración de la guerra. Gemma Domènech, directora del ICRPC, apunta que la gran mayoría de casos en los cuales no se devolvieron las obras se deben o bien a que ya durante el periodo republicano no se pudo establecer la procedencia de la pieza recogida, o como a causa de la represión franquista y los resultados de la guerra: muertes, disolución de empresas o instituciones, etc. La documentación republicana permitía trazar, en la mayoría de los casos, la propiedad de los bienes confiscados y salvaguardados durante la guerra. El SDPAN, sin embargo, estableció complicadas normativas que regulaban el proceso de devolución. Este método impidió la reclamación de propietarios políticamente perseguidos, inmersos en los procesos punitivos del franquismo o en el exilio, así como de personas que habían muerto durante la guerra. Los bienes no reclamados fueron cedidos en depósito a museos e instituciones públicas y privadas, donde todavía se encuentran en muchos casos.
Los diferentes procesos para recuperar las obras, que el SDPAN marcó como "recuperadas del enemigo por el ejército español", se alargaron hasta el año 1963, cuando se disuelven los Juzgados Gubernativos encargados de gestionar las reclamaciones y se declaran propiedad del estado español aquellos "bienes expoliados bajo dominación marxista que, habiendo sido recuperados gubernativamente, no han sido reivindicados por sus legítimos propietarios en los plazos y con arreglo a las normas dictadas al efecto". La ley de memoria democrática de 2022 obliga a la Administración General del Estado a hacer una "auditoría de los bienes confiscados" durante el periodo de la Guerra y la Dictadura, la cual se inició en el 2023 y finalizó con un inventario de más de 5.000 piezas de arte, joyería, numismática, mobiliario y otros que fueron confiscados durante la época republicana y devueltos en el periodo franquista por casuísticas diversas. Sobre este proceso, Domènech y Caballé, creen que es un trabajo poco riguroso, ya que se trata de una lista de obras que, a pesar de incluir mucha información sobre cada pieza, da poca información sobre la procedencia de cada una, lo que limitaría el establecimiento de la propiedad y la restitución de las mismas piezas.
Con su investigación, Domènech, Caballé y el ICRPC, pretenden crear una base de datos que sirva tanto a los museos, como al Gobierno y la sociedad catalana a poder saber qué obras hay en los archivos de los museos que provienen de aquella época, el camino que recorrieron según lo que se puede desbriznar cotejando los archivos republicanos y del SDPAN, y que permita empezar, "con cuarenta años de retraso", un proceso de discusión pública y política sobre el significado de las restituciones y lo que hay que hacer con el número, todavía indeterminado, de piezas que fueron requisadas por las instituciones republicanas para protegerlas de la furia revolucionaria primero y del frente de guerra después, y que nunca fueron o pudieron ser devueltas a sus propietarios originarios. El proceso de retorno durante el franquismo intentó ser exhaustivo, pero de igual forma miles de objetos fueron a parar, en forma de depósito, a los almacenes de los diferentes museos nacionales y locales que operaban en la época al no reclamarse, ya fuera por lo complicado del proceso o por ser víctimas de la represión franquista. La legislación actual anula las decisiones franquistas y abre la puerta a la reclamación de los herederos de los propietarios, y con el fin de hacerlo, hacen falta iniciativas como IGUEMUS, que identifiquen los bienes confiscados y no devueltos con toda la información pertinente para su restitución.