El gobierno ultraderechista del Ayuntamiento de Ripoll ha estado en el centro de la polémica esta semana, después de haber anunciado la entrega de un migrante en situación irregular que dormía en la calle al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) para que procediera a su "expulsión". La Fundació Arrels, que trabaja en el acompañamiento y atención de las personas sin hogar, ha recordado a la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, que dormir en la calle "no es ningún delito" y le ha reprochado que no hubiera garantizado "el bienestar de una persona en situación de calle que requería atención". Igualmente, ha señalado que encontrarse en situación administrativa irregular no equivale a haber entrado de forma ilegal en el país, dado que hay personas en situación de calle que no disponen de documentación porque se la han robado o la han perdido.
"Dormir en la calle no es una infracción tipificada en la Ordenanza de convivencia" de Ripoll, ha apuntado Arrels, que ha insistido en que "dormir en la calle para encontrarse en situación de sinhogarismo y exclusión residencial no es delito". En este sentido, la entidad ha subrayado la importancia de que tanto las víctimas como la ciudadanía denuncien estas situaciones para poder registrar, cuantificar y visibilizar esta realidad y provocar un cambio en la legislación". "Cuando veas a una persona durmiendo en la calle, pregúntale qué necesita", ha pedido la Fundación Arrels, y ha señalado que a menudo, escuchar y ofrecer compañía a las personas que duermen en la calle es más útil que procurar cosas materiales, aunque ofrecer una manta, un bocadillo o una llamada también puede ser de ayuda.
Orriols, lejos de rectificar o modificar su discurso después de las críticas recibidas por haber presumido de expulsar a una persona en situación irregular y con una falta evidente de recursos, ha seguido defendiendo su postura y presumiendo de la acción de su gobierno. En este sentido, este jueves aprovechó para eximir uno de los argumentos más habituales de la derecha y la ultraderecha en relación con la inmigración o la ocupación, pidiendo que, a quien le preocupe la situación de los migrantes irregulares, los acoja en su casa. "Ahora resulta que soy el demonio y a todo el mundo le da pena el inmigrante ilegal que llegó a Ripoll, pero os garantizo que nadie ha llamado al Ayuntamiento para acogerlo en casa ni para asumir sus gastos económicos", ha dicho la alcaldesa de Ripoll en un tuit.