Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, cobró de las empresas públicas Tragsatec e Ineco un total de 43.978 euros por los puestos que desempeñó en ambas entidades entre 2019 y 2021, dos contratos que investiga la Audiencia Nacional dentro del caso Koldo. El juez que instruye la causa, Ismael Moreno, ha recibido el detalle de los pagos efectuados por estas dos empresas. La Agencia Efe ha tenido acceso a la información. En un documento fechado a 10 de julio, Tragsatec informa que Jéssica Rodríguez percibió un total de 9.500,54 euros por parte de la empresa durante el tiempo en el que estuvo contratada, entre el 2 de marzo y el 1 de septiembre de 2021. En esta cantidad también se incluye desde el salario al plus de convenio, las extras, la indemnización por despido o la liquidación de las vacaciones.
Además, la expareja de Ábalos percibió un total de 34.477,84 euros por parte de Ineco, donde estuvo contratada como auxiliar administrativa entre marzo de 2019 y diciembre de 2021. Rodríguez ingresaba en esta empresa pública nóminas mensuales de algo más de 1.100 euros, dependiendo de cada mes, a lo que hay que agregar las correspondientes pagas extra. Ante el requerimiento judicial, Ineco le ha enviado al titular del Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional la copia de todas las nóminas percibidas por Jéssica Rodríguez y las consiguientes transferencias bancarias. La presunta contratación fraudulenta de Jéssica Rodríguez, a instancia del exministro Ábalos, que fue su pareja, y de su exasesor Koldo García es uno de los elementos que investiga la Audiencia Nacional dentro de la supuesta trama corrupta del caso Koldo, que además de posibles mordidas en obra pública investiga también la contratación de personas afines.
Jéssica "ni siquiera asistía al trabajo"
En su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo, Jéssica Rodríguez afirmó que ni en una ni en otra empresa prestó actividad profesional o laboral, “que ni siquiera asistía su puesto de trabajo, aunque percibía puntualmente los correspondientes salarios durante aproximadamente, uniendo ambos periodos, dos años y medio”. La que fuese su supervisora en Tragsatec, relató en su declaración como testigo ante el juez que en Adif le dijeron que desde presidencia habían pedido que dejara en paz a la "sobrina" del ministro cuando preguntó por qué no fichaba y que sus jefes le conminaron a que la dejara de "acosar". Por esta contratación está investigada la que fuese presidenta de Adif, Ana Pardo de Vera, a la que se imputan presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias y a quien el magistrado retiró el pasaporte tras ver también indicios de pertenencia a organización criminal, cohecho, y tráfico de influencias en adjudicación supuestamente fraudulenta de obra pública.