Juan Carlos Peinado no es el único juez a quien el Consejo General del Poder Judicial le tiene echado el ojo; también ha puesto la lupa sobre la instructora a cargo de la investigación sobre responsabilidades políticas en el caso de la DANA que arrolló el País Valencià el pasado mes de octubre, Nuria Ruiz. El promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas a esta magistrada, a raíz de una queja presentada por la exconsejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, que está imputada en este caso.
Tal como confirman fuentes del órgano de gobierno de la justicia española, el promotor estudia si hay elementos suficientes para abrir un expediente a la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Catarroja (València) o si archiva la queja, ya sea porque considera que no hay infracción o porque los hechos son una cuestión jurisdiccional, que no sería competencia del CGPJ. Estas mismas fuentes insisten en que las diligencias informativas no son investigaciones en toda regla, sino que son procedimientos habituales que se realizan cada vez que se recibe una queja contra un juez; y recuerdan que el año pasado se abrieron unas 600.
Salomé Pradas presentó su queja el pasado mayo al considerar que su derecho de defensa estaba siendo "gravemente afectado" por la forma en la que la juez estaba dirigiendo la investigación. "Hemos detectado irregularidades que, a nuestro juicio, vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento", señaló entonces en un comunicado su abogado, Eduardo de Urbano. Entre los motivos de queja, apuntó la "existencia de resoluciones judiciales que contienen afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente" y el uso de "informaciones periodísticas no contrastadas como base de resoluciones judiciales". En junio, Pradas amplió su reclamación para añadir que se le había denegado la transcripción íntegra y literal de la declaración que realizó el 11 de abril. En concreto, incidió en que se le había entregado una "versión resumida de 10 folios, sin incluir las preguntas formuladas ni determinadas citas legales y matices presentes en las respuestas".
Dos aperturas de diligencias a Juan Carlos Peinado
Por otro lado, el CGPJ también ha abierto diligencias informativas sobre Juan Carlos Peinado, el juez que investiga a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. El órgano de gobierno de la justicia española ha tirado adelante el procedimiento después de que Félix Bolaños presentara dos quejas (4 y 29 de julio) por las "irregularidades" cometidas por el magistrado en su interrogatorio. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes declaró como testigo durante el proceso de instrucción del caso sobre la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Gómez en la Moncloa.
El caso está ahora también en manos del promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde. Concretamente, investiga una declaración que estuvo marcada por una enorme tensión. Durante el interrogatorio celebrado en el palacio de la Moncloa, el juez amenazó al ministro, señalando que podría estar cometiendo un delito de falso testimonio. "Me está usted contestando de una forma que no es como se admite en una sede judicial; es una forma de contestar con evasivas que la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla como negarse a contestar", advirtió. "No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa", también le llegó a decir.
Y no es la única apertura de diligencias a este magistrado. El CGPJ también investiga su labor en un caso de presunta malversación relacionado con el gerente de la empresa municipal de transportes de Madrid. El caso se acabó archivando después de que el plazo de instrucción expirara.