La privatización del servicio para conceder prestaciones económicas a jóvenes extutelados es uno de los factores que fomentó las irregularidades de la DGAIA. Así lo manifiesta la síndica de Greuges, Ester Giménez-Salinas, en el informe El apoyo a la emancipación de jóvenes extutelados, que ha presentado este viernes, y que recoge una decena de recomendaciones con el fin de "garantizar los derechos y oportunidades" de estos jóvenes. En concreto, la síndica sostiene que hay que hacer "una auditoría completa e independiente" de los servicios externalizados, entre los años 2022 y 2024, y fiscalización del dinero público con el fin de evitar "disfunciones", como "conflictos de intereses" en las entidades que gestionan servicios para jóvenes extutelados. Ante las irregularidades de la DGAIA afloradas, el Govern del PSC anunció cambios, incluso de su nombre, por el de Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), el mayo pasado.
"La ayuda y el control de las ayudas no puede ser hecho por la misma persona", ha declarado Esther Giménez-Salinas, además de añadir que "muchos de los jóvenes han informado a la administración de su cambio de situación, como tener trabajo, aunque la mayoría es temporal", pero la lentitud de la administración ha provocado los pagos indebidos, y por eso se ha pedido su condonación. También ha insistido que la "lentitud de la administración es muy grave para todo el mundo, pero especialmente para jóvenes y gente mayor". La síndica de Greuges, acompañada de la síndica adjunta, Aida C. Rodríguez, ha detallado que la mitad de los jóvenes vulnerables no reciben las ayudas de la Generalitat, por desconocimiento o rechazo de la administración. Y la respuesta de la Generalitat para concederla o no tarda unos 8 meses, de media, y la extinción de una concedida, 18 meses.
Investigación de Antifrau, pendiente
La Sindicatura de Cuentas destapó el descontrol de la DGAIA en dos informes, que cifran en 167 millones de euros las prestaciones pagadas indebidamente entre los años 2016 al 2024. La externalización del servicio (con la creación del Servicio de Seguimiento y Valoración de la prestación económica para jóvenes extutelados, el SEVAP) se puso en marcha en septiembre de 2022 y fue concedido por concurso a la UTE formada por Fontanilles-Resilis, las dos fundaciones señaladas y bajo sospecha. Precisamente, la Oficina Antifraude de Catalunya mantiene abierta la investigación sobre irregularidades denunciadas por un trabajador de estas entidades. Antifrau ha pedido informes al Síndic de Greuges, que a la vez pidió informes al Departament de Drets Socials al ser alertada de irregularidades, sin obtener-los hasta el diciembre de 2024, según la síndica.
"Disfunciones" detectadas
El Síndic de Greuges ha fundamentado su informe a partir de las quejas realizadas por jóvenes extutelados -preocupados por la exigencia de retorno de las ayudas-, trabajadores y datos exigidos al Departament de Derechos Social e Inclusión. La Generalitat ofrece apoyo a jóvenes de 18 a 23 años sin recursos, a través de ayudas económicas (unos 700 euros al mes), del servicio de vivienda y asesoramiento laboral y social. Con respecto a la privatización, el informe deja constancia que el hecho de que una misma entidad gestione el servicio de vivienda y la continuidad o no de estas ayudas, ha provocado el retraso de la resolución de los casos porque hay más burocracia, y ha dejado que a otros organismos, como Antifraude, resuelvan si hay irregularidades administrativas o penales. Una de las irregularidades detectadas es que jóvenes extutelados seguían cobrando las ayudas (también la entidad gestora), a pesar de tener ya un trabajo. En este sentido, la consellera Mònica Martínez Bravo anunció, recientemente en el Parlament, la condonación del dinero que se pagó de más a los jóvenes por error de la administración, como proponía la síndica. Por ahora, la Generalitat no ha condonado ninguna ayuda indebuda.
En el Parlament, Martínez aseguró que las ayudas a los extutelados "representa solo el 2% del volumen de pagos indebidos identificados". Un segundo cambio, anunciado por Derechos Sociales, es que a partir de 31 de diciembre las entidades dejarán de gestionar las ayudas y lo asumirá una dirección del departament, a pesar de que todavía se sufren retrasos, como por ejemplo en la gestión de la Renta Garantida. Precisamente, la síndica ha pedido que este cambio de modelo, que lo considera positivo, no repercuta en los jóvenes y provoque más retrasos.
Más de 2.000 beneficiarios
En el informe, el Síndic de Greuges expone que han crecido, y mucho, los menores desamparados que atiende la administración catalana, sin que haya habido una ampliación destacada en recursos de fondos y de personal para gestionarlo. Así, se informa de que en el 2024 ya había 8.804 niños y adolescentes con expediente de desamparo o tutela, un 20,1% más que en el 2016 (7.331). Sobre los adolescentes migrantes solos, a finales de 2024 el sistema de protección había atendido 2.293, cuatro veces más que el año 2016. Durante el año 2024, se atendieron cerca de 5.000 adolescentes migrantes solos, ligeramente por encima de años precedentes.
Más cifras. El año 2024 hubo 2.774 beneficiarios de prestaciones económicas, que recibieron unos 23 millones en ayudas, que representan 392 jóvenes más que en el 2023 y unos 5 millones más de presupuesto. Y, hasta junio de este año, había 2.354 extutelados con ayudas y un presupuesto de 7,8 millones de euros, y 1.236 jóvenes en pisos asistidos.
La síndica alerta que a pesar del aumento de menores y adolescentes con necesidades, hay menos mayores de edades en el sistema. Así, de los 2.776 jóvenes tutelados que alcanzaron la mayoría de edad en el 2023, solo 1.388 pidieron el apoyo de la administración, que en parte se explica porque no lo necesitan, pero que en otros caso "quedan excluidos". Así, un 23% de jóvenes extutelados que alcanzó la mayoría de edad recibía una prestación. Además, se indica que el servicio de vivienda solo es usado por el 20,6% de chicos extutelados. Se añade que se ha rechazado dar alojamiento a unos 750 jóvenes entre los años 2021 y 2023. Paradójicamente, también se alerta de que el porcentaje de plazas no ocupadas es del 7%.
En cuanto a los profesionales, el Área de Apoyo al Joven Tutelado y Extutelado (ASJTET) es la unidad de la DGPPIA que se ocupa de ofrecer apoyo técnico y educativo a los jóvenes tutelados y extutelados de entre dieciséis y veintitrés años en materia de vivienda, inserción laboral, apoyo psicológico y apoyo económico y jurídico. Esta área está integrada por una plantilla de 25 personas, se indica en el informe y se defiende su continuidad, pero que sea socio-educativa para favorecer la emancipación de los jóvenes, más que la simple gestión administrativa, como pasa ahora. "Es un trabajo pionero y reconocido a escala internacional", en opinión de la síndica. En el informe, se recoge la queja de trabajadores sociales porque tienen que atender por término medio más de 80 jóvenes extutelados cada uno.
Cobros de 10.000 euros de golpe
En el apartado de recomendaciones, la síndica reclama que se reduzca la burocracia y el tiempo de respuesta a los jóvenes que piden una ayuda, así como que no se den de golpe las ayudas económicas retrasadas para que después no sufran reclamaciones fiscales porque tienen que hacer la declaración de Renta, al recibir un pago elevado único. Por ejemplo, el Síndic de Greuges precisa que la Generalitat tarda unos 8,2 meses para responder un expediente (10,3 meses si se cuenta cuando todavía es menor). Añade que el retraso en la resolución provoca pagos acumulados que suman 6.160 euros. En concreto, en un 10% de los casos, la primera mensualidad superó los 10.000 euros. Ante estas disfunciones, la síndica reclama al Govern que "se simplifiquen y clarifiquen" los criterios que determinan si se aprueban las prestaciones, además "de unificar la gestión".
Proteger a los trabajadores que alertan de irregularidades
Finalmente, otra recomendación de la síndica es que el Govern tiene que "garantizar la indemnidad y la protección de los profesionales que alertan sobre irregularidades". Por eso, Giménez-Salinas pide a la Generalitat que "impulse la elaboración de una ley catalana en materia de protección de las personas que alerten de infracciones normativas, tal como prevé la disposición adicional séptima de la Ley 3/2023," ya que actualmente "se protege al alertador de corrupción, pero no el de infracciones normativas y administrativas". Precisamente, la portavoz del Govern anunció este martes que pondrán en marcha la tramitación de esta ley, también reclamada, hace tiempo, por el director de Antifraude, Miguel Ángel Gimeno.