El caso de los pagos indebidos del Departament de Drets Socials, reconocidos por la conselleria, que denunció la Sindicatura de Cuentas en un informe este mes de junio y que se elevan hasta los 167 millones de euros, siguen trayendo cola. Si bien la consellera Mónica Martínez ha asegurado que ya se han devuelto un 70% de los pagos, hay un grueso de personas que no están en disposición de hacer estos pagos. Son los jóvenes extutelados por por la DGAIA (ahora DGPPIA) a quien la conselleria ha enviado correos reclamando que devuelvan el dinero que cobraron de más y que, en los casos más extremos, llegan a los 40.000 euros. Unas cifras que, denuncian, están fuera de su alcance. Los jóvenes afectados, organizados a través de un canal de Whatsapp, se han concentrado este lunes delante la sede de la dirección general en la avenida Paral·lel de Barcelona, para denunciar lo que consideran una "persecución administrativa".

En todo momento, remarcan que accedieron "legalmente" a estas prestaciones y que "no han cometido ningún fraude ni ilegalidad". Según explican, han recogido 83 casos que responden a situaciones muy diferentes. Uno de los más complejos es el de la Lorena Aranda, a quien reclaman más 22.000 euros aunque asegura que ella sí que cumplía los requisitos para recibir la prestación y que cada mes se reunía con la suya referente para firmar el plan de trabajo. "Estoy muy angustiada. Se ha creado una situación de indefensión muy grande. No como, no duermo. Con 24 años, no tengo 22.000 euros para|por retornar", ha explicado en declaraciones a la ACN.

Piden que se suspendan los pagos

Los afectados exponen que las cartas recibidas abren un expediente por|para presuntos incumplimientos en los requisitos de la prestación, como no haber justificado determinadas situaciones administrativas hace más de cuatro años pero sin aportar pruebas concretas ni señalar irregularidades individuales. Por otra parte, tienen un plazo de diez días en lo que tienen que justificar su situación, con informes y pruebas, hecho que complica todavía más su situación. Estos jóvenes han presentado una queja conjunta ante la nueva dirección general, donde piden que se les suspenda esta reclamación por el dinero que habría cobrado indebidamente. Con todo, también sospechan que no todo el mundo que se encuentra en una situación similar se ha enterado y por eso creen que la cifra de afectados podría ser mucho más alta. Aparte de protestar y presentar esta reclamación a la nueva DGAIA, también han trasladado sus quejas a la Sindicatura de Greuges y no descartan nuevas movilizaciones.

El Departament, mientras tanto, resuelve que la DGPPIA ha notificado algunos de los jóvenes que recibieron prestaciones económicas en el 2021 para informarlos que se había iniciado un proceso de revisión de su expediente por un posible indicio de pago indebido, pidiéndoles que acrediten los requisitos. Está previsto que la consellera Martínez se reúna con los afectados las próximas semanas.