Este miércoles se ha hecho público un nuevo informe de la Sindicatura de Comptes que pone el foco sobre el Departament de Drets Socials y la gestión económica de la conselleria. Elaborado por la síndica Maria Àngels Cabasés, autora también del primer documento que detectaba irregularidades dentro de la DGAIA (ahora ya DGPPIA) con críticas incluidas de ex altos cargos de ERC, el informe 6/2025 sobre "Prestaciones económicas de derecho subjetivo, ejercicio 2022", ha puesto sobre la mesa un dato impactante: en el periodo 2016-2024, se produjeron pagos indebidos por un valor de, como mínimo, 167 millones de euros por las diferentes prestaciones que otorga el Departament de Drets Socials. De estos, 7,1 millones ya han prescrito total o parcialmente, mientras que casi 156 millones de euros han sido reclamados. En total, hay 227.990 expedientes por pagos indebidos, la gran mayoría (196.556) por prestaciones de dependencia, que suponen unos 70 millones de euros.
"Hechos perseguibles judicialmente"
Además, el ente advierte que estas estimaciones no son exhaustivas, ya que no incluye aquellos posibles pagos indebidos "por hechos y periodos que no han sido revistados, ni pagos indebidos detectados que podrían prescribir". Pone el ejemplo de la prestación de la Renta Garantizada de la Ciudadanía (prestación social a través de la cual se aseguran los mínimos de una vida digna a las personas y unidades familiares de que se encuentran en situación de pobreza, según la descripción del Departament) ya que, por un lado hay, dice la Sindicatura, "32.647 expedientes con posibles pagos indebidos pendientes de analizar" y también "un grupo de 324 expedientes con posibles prescripciones por pagos vinculados a esta prestación por un importe de 1,75 millones de euros, pendientes de dictar la resolución administrativa correspondiente".
El documento de la Sindicatura es muy duro y, yendo más allá, considera que los hechos podrían suponer una infracción de la Ley de finanzas públicas de Catalunya, ya que "se han efectuado pagos indebidos de prestaciones respecto de las cuales no se ha comprobado que concurren los requisitos". "Todos los hechos descritos podrían dar lugar a hechos perseguibles administrativa y judicialmente", apuntan, ante "la posible existencia de indicios de responsabilidad". Así, el informe deja claro que, en ojos del ente, "los pagos indebidos detectados no responden solo a errores administrativos, sino a problemas estructurales de transparencia y gobernanza".
Renta Garantizada y jóvenes extutelados
La Renta Garantizada de Ciudadanía representaba en el 2022, ejercicio que analizaba el informe, el 43% del presupuesto -430 millones de 896- de los gastos vinculados a las prestaciones económicas del Departamento. Y es incompatible con trabajar a tiempo completo. Por eso, en su informe, la Sindicatura constata que "si bien hay un volumen reducido de personas titulares de la prestación de un contrato a jornada completa durante más de dos meses seguidos, una proporción elevada de estos siguen cobrando la prestación a pesar de ser normativamente incompatible".
En medio del escándalo de la DGAIA (ya investigado por la Sindicatura y también por Antifrau, a raíz de la denuncia de un extrabajador que alertaba de importantes irregularidades a la hora de adjudicar ayudas a jóvenes extutelados), la Sindicatura ha cifrado en 4,7 millones de euros (entre 2019 y 2022) los pagos indebidos a estos jovenes que tenían rentas de trabajo y que, por lo tanto, ya no la podían cobrar. Además, insisten en que se trata de una situación sostenida en el tiempo y sin que eso se corrija por parte del Departament. En este caso, también se pone el foco sobre las entidades del tercer sector que son quiénes gestionan las prestaciones económicas a las personas extuteladas: "Hay riesgo de conflicto de interés en la gestión y supervisión de algunas prestaciones externalizadas (...) no se ha garantizado un marco de regularidad y transparencia", dejan claro.
Recursos insuficientes y tiempos dilatados
Más allá de los pagos indebidos, la Sindicatura también alerta de que la cuantía destinada a las prestaciones económicas por parte del Departamento de Derechos Sociales es hoy "insuficiente" para proteger de la pobreza a la población catalana en riesgo. "Los recursos presupuestarios (...) son marcadamente insuficientes para combatir la problemática", reiteran, asegurando que haría falta cerca del doble. Los reproches en este sentido son constantes, por ejemplo, recriminando que hay prestaciones con una "cobertura bastante limitada" y que los requisitos de acceso a las ayudas hacen que personas en situación de pobreza extrema se queden fuera.
Sin garantizar el acceso
También critican que haya barreras de acceso a los usuarios como la fragmentación entre ayudas, criterios heterogéneos e incompatibilidades. Así, resuelve que la cuantía es insuficiente para proteger y que hay hogares que son beneficiarios, pero que, así y todo, continúan bajo el umbral de pobreza. En esta línea, uno de los datos más preocupantes de todas las que la Sindicatura de Comptes pone sobre la mesa es el hecho de que no se haya garantizado el acceso a las prestaciones a todo el mundo que tiene derecho. Según sus estimaciones, solo la mitad de las personas que podrían, acaban accediendo, entre otros motivos, por el desconocimiento y las dificultades en la tramitación.
El Govern descarta malversación
La publicación de este informe ha coincidido con la comparecencia de la consellera Mónica Martínez en el Parlament, en comisión, que ella ha centrado en el caso de la menor que estaba bajo la guarda de la DGAIA y que fue captada y violada por una red de pederastas, mientras la oposición le ha reclamado que explicara los ceses en su cúpula y diera explicaciones por las irregularidades económicas. Una vez acabada su comparecencia, ha detallado ante los medios que descarta que estos pagos indebidos sean casos de malversación y ha asegurado que la raíz del problema es la falta de herramientas y de digitalización del sistema. Otro de los reproches de la Sindicatura es el hecho de que el Departament no tenga acceso ni disponibilidad inmediata a todos los datos vinculados a las prestaciones económicas, que se gestionan ahora a través de 8 aplicaciones informáticas externalizadas en cuatro proveedores.