Muchos productos que se publicitan como "verdes" o "sostenibles" sin serlo realmente tienen los días contados, ya que el Gobierno prepara una Ley de Consumo Sostenible con la que se quiere luchar contra el llamado 'greenwashing' o ecoblanqueo. Considerando este etiquetado en muchas ocasiones engañoso y sin fundamento como "práctica comercial desleal", la norma que prepara el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que lidera Pablo Bustinduy pretende sancionar las empresas que lo hagan con multas de hasta 100.000 euros o de hasta seis veces el beneficio obtenido, según han avanzado este viernes El País y EFE.

La ley todavía no tiene una fecha prevista para salir a trámite, pero este mismo viernes el Ejecutivo estatal publicará una guía de "comunicación sostenible" con decenas de ejemplos prácticos para que las empresas hagan una publicidad sin caer en el ecoblanqueo. El documento subraya que el impacto ecológico de los productos se han convertido en un factor determinante para los ciudadanos cuando van a comprar; una mayor conciencia ambiental que ha hecho que surjan prácticas comerciales engañosas, como publicitar un producto como sostenible o verde de forma vaga y sin que haya un verdadero fundamento.

Según un estudio de la Red de Cooperación para la Protección al Consumidor hecho en 2020 y citado en la guía, el 42% de las afirmaciones publicitarias de este tipo eran dudosas y el 57% no ofrecían información suficiente para verificar su veracidad. En este sentido, la guía del Ministerio advierte que están a punto de aprobarse dos directivas de la Unión Europea para proteger al ciudadano ante las alegaciones medioambientales publicitarias, que fijarán obligaciones para todas las empresas, excepto las microempresas. Con la nueva normativa europea, las empresas tendrán que demostrar y verificar previamente que es cierto todo el que se diga en las alegaciones medioambientales".

Enlace o QR para informar al consumidor y afirmaciones concretas

Uno de los ejemplos de la guía es el de una empresa que ha empezado a colaborar con ONG en la limpieza de un río próximo a su sede, para compensar su huella hídrica. Si en el envase pusiera un mensaje que devuelve a la naturaleza el agua usada, de manera genérica, sería incorrecto, pero si especificara que ha sido compensado el 25% del agua usada para elaborar el producto durante 2022 y añade un enlace a una web o un QR que explique el proyecto con la ONG, sí que sería publicidad verde correcta. También supondría 'greenwashing', según la guía, que un protector solar para la piel se publicite "sin microplásticos añadidos", cuando estos ya se prohibieron con anterioridad en la UE y, por lo tanto, no sería legal que los contuviera.

Otro caso que indica el Ministerio es si se lanza un nuevo envase para el producto que sustituye el plástico por un material compostable, no bastará publicitarlo solo como compostable, sino que habrá que añadir que se ha usado una compostadora industrial durante seis meses u otros detalles sobre el método, aunque sea con un enlace al cual pueda acceder el consumidor. "Nuestro detergente es el 35% menos tóxico que el de la competencia" sería una frase correcta para la publicidad verde de un producto, si se da la información de las pruebas comparativas, pero no valdría meramente indicar que es un "detergente más ecológico", u otra frase genérica.

Índice de "reparabilidad"

Aparte de las sanciones, la Ley de Consumo Sostenible que prepara el Gobierno también prevé un índice de "reparabilidad" que clasifique los aparatos electrónicos y electrodomésticos con variables como la disponibilidad de piezas de reemplazo o su precio y como es de fácil desmontar el producto. De esta forma, el ministerio de Bustinduy quiere que los consumidores puedan evaluar y comparar entre productos para decidir cuál interesa más en función de como de fácil se puede reparar en caso de estropearse. Se trata de una medida que ya funciona en Francia desde 2021.