Los empadronamientos fraudulentos están al orden del día en Sant Cugat del Vallès, uno de los municipios más ricos y con una renta per cápita más alta de Catalunya y del Estado español. Si a finales de julio el teniente de alcaldía de Relaciones Institucionales de Sant Cugat, Jordi Puigneró, reveló que el gobierno municipal tuvo que dar de baja a más de 4.000 personas de golpe "porque alguien no había hecho los deberes", en referencia a la gestión del padrón que había hecho la CUP —miembro del tripartito que gobernaba en la anterior legislatura—, ahora el consistorio ha detectado que 324 personas extranjeras se habían empadronado en la ciudad entre la última semana de julio y el 18 de agosto, según ha adelantado RAC1. Ante las sospechas de irregularidades, ha ordenado congelar los procedimientos y detener los empadronamientos con el fin de inspeccionar estas solicitudes. Todo apunta, sin embargo, que estos empadronamientos son ilegales, ya que una vez cerradas una decena de investigaciones, en todos los casos se ha comprobado que el contrato era falso, que los implicados habían cogido una dirección de Sant Cugat y habían falseado un documento en el que aseguran que vivían allí.
Alarma por el 'modus operandi'
Según ha informado RAC1, el consistorio (actualmente gobernado por Junts y ERC) sospechó que estos 324 nuevos empadronamientos, una cantidad importante que de entrada ya sorprende, se realizaron en solo 20 días, en un momento de pleno verano y en plenas vacaciones, con poca actividad municipal y con la administración en servicios mínimos. La alarma saltó cuando se comprobó que los nuevos empadronados eran casi todos de las mismas nacionalidades, principalmente de países como la India o el Pakistán, y también por el modus operandi que utilizaban: se presentaban en grupo, siempre llevaban un traductor porque no hablaban ni catalán ni castellano, y llevaban un contrato de alquiler en un domicilio de Sant Cugat, bien un piso o una casa. "Hacia primeros de agosto vemos que hay un modus operandi inusual. Venían en diferentes días, te das cuenta de que pasa algo inusual y levantas las alarmas de que se están produciendo unos presuntos empadronamientos irregulares", explica en declaraciones en El Món a RAC1 Josep Maia Vallès (Junts), alcalde de Sant Cugat desde el 17 de junio del 2023.
Un proceso de revisión lento
Vallès ha explicado que, ante la sospecha, "a principios de agosto detenemos el proceso y estos 324 empadronamientos están ahora en revisión". Desde aquel momento, se ha producido una cincuentena más de peticiones de empadronamiento siguiendo el mismo procedimiento. "Ahora el trabajo es revisar caso por caso. Ampliaremos la inspección con ayuda de la policía local, porque es un proceso lento, tienes que poder comprobar que viven allí y hablar con el propietario de la casa o el piso". El consistorio tiene tres meses para dar una respuesta, y Vallès admite que desconoce qué pasaría si no cumplen este plazo para comprobar que un caso determinado cumple o no la legalidad, pero asegura que eso no pasará, que el Ayuntamiento será capaz de comprobar todos los casos, ya que su función es comprobar la legalidad del padrón, "porque el padrón tiene que reflejar cuántas personas viven en Sant Cugat de manera legal", pero no interponer ninguna denuncia si existe un uso fraudulento de un contrato de alquiler ficticio. "Eso lo tiene que dirimir la policía estatal, que es quien tiene la competencia. No hace falta ni que denunciemos, de oficio la policía local y estatal ya se han puesto a trabajar".
Sospecha que puede haber un grupo organizado detrás
El alcalde de Sant Cugat, un municipio donde viven 95.000 personas, cree que detrás de este caso puede haber un grupo organizado que se dedica a sacar provecho económico de empadronar a extranjeros utilizando estos métodos fraudulentos y contratos de alquiler ficticios. "No me toca a mí decirlo, pero todo apunta hacia ahí, que detrás haya una mafia y que alguien se dedique profesionalmente a facilitar empadronamientos".
Este es el caso de otro caso denunciado por la emisora, esta vez en Vila-seca, en el Tarragonès, donde la policía española ha detenido una treintena de personas por empadronar fraudulentamente a inmigrantes, que pagaban entre 400 y 600 euros para conseguir los papeles. La trama utilizaba falsos contratos de alquiler para el trámite. Es el primer paso para que los extranjeros accedan a servicios básicos y, a medio plazo, al permiso de residencia.