La Fiscalía Especializada en Medio Ambiente y Urbanismo ha instado a los fiscales provinciales de esta área a "comprobar" si en los municipios más afectados por la "desastrosa" situación de los incendios forestales cuentan con planos de prevención, al mismo tiempo que los ha instado a reclamar responsabilidades penales a los que tenían la "obligación" de elaborar estas medidas preventivas y no lo hicieron. En un escrito que ha enviado a todos los fiscales provinciales con competencias en medio ambiente, el fiscal jefe, a Antonio Vercher, considera "evidente" que la oleada de incendios forestales que asedia el noroeste del Estado español desde hace dos semanas, y que ya ha consumido más de 340.000 hectáreas, "es debida a la ausencia o, si ocurre, la aplicación improcedente de los planos de prevención," dado que "en caso contrario, no se explica lo que está pasando", señala en el escrito enviado el pasado lunes.
"Obligación" de elaborar los planes
Así, Vercher insta a los fiscales provinciales a exigir responsabilidades penales a los que han tenido la "obligación" de elaborar estos planes de prevención y no lo hayan hecho. Y apunta además que, en los casos en los cuales la actuación no pueda ser constitutiva de delito, pueden informar a la "administración sancionadora" correspondiente. El fiscal jefe reconoce que "es evidente" que los incendios forestales "raramente tienen una sola causa y que su complejidad a veces las causas son inalcanzables, complicándose además por factores completamente ajenos, como ahora son el debate político o por diferentes interferencias extrañas y de distinto tipo, que complican todavía más la situación".
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal jefe de esta fiscalía especializada, recuerda que "el objetivo principal de los planes de prevención de incendios es evitar la ocurrencia de incendios y, en caso de que tengan lugar, minimizar sus efectos negativos, protegiendo vidas, propiedades y el medio ambiente". Así, recuerda que la Ley de montañas dispone concretamente que "las comunidades autónomas ante el riesgo de incendios forestales elaborarán y aprobarán planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales".
La prevención de incendios, una prioridad
Fuentes fiscales precisan en Europa Press que todos los años esta Fiscalía Especializada envía escritos a la red de fiscales delegados para que se adopten medidas encaminadas a prevenir los incendios. Según recoge la misiva firmada el lunes, el febrero pasado se elaboró el informe anual en el cual se reiteró que "la prevención de los incendios forestales es una prioridad para esta Fiscalía de Sala". En el escrito consta que en ocasiones anteriores el Ministerio Público ha preguntado a los municipios más afectados por los incendios en el pasado si contaban o no con planes de prevención. "El año 2024, pasado algún tiempo desde esta iniciativa y ante la situación de sequía recurrente, así como las previsibles altas temperaturas y la mala limpieza de las montañas, y aprovechando el informe que anualmente prepara esta Fiscalía para la prevención de incendios, se reanudó el tema", sostiene Vercher. El fiscal jefe explica que esta medida se llevó a cabo con la intención de "comprobar" -- "a la vista de la compleja temporada que se acercaba" -- si se adoptaban las prevenciones adecuadas. "Por eso se acordó la imprescindible necesidad de revisar el grado de cumplimiento por parte de los consistorios o entidades obligados por la normativa en vigor sobre este tema", señala.
Drones para hacer un mapeo de los puntos de riesgo
En este documento, la Fiscalía también recuerda que en su informe anual de febrero, tal como ya hizo el año anterior, pidió al Seprona de la Guàrdia Civil, a los agentes forestales y a la red de policía local que "mediante el uso de drones en zonas de riesgo de incendios" realizaran un "mapeo del territorio y de aquellos puntos que por su orografía, superficie forestal, temperatura y otras variables sean susceptibles de tener un riesgo alto-medio que estos se produzcan". El objetivo de esta petición de la fiscalía era "combatir y prevenir incendios y verificar la existencia de planes de prevención" en los municipios más propensos a sufrir incendios forestales.