La Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona pide dos años de prisión para Emili Dragone Vives, ex jefe del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, al considerarlo autor de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por haber favorecido a la cementera de Montcada i Reixac -entonces gestionada por Lafarge Cementos SA y ahora por Holcim España SAU- y darle licencias ambientales en 2015 que garantizaban la producción de cemento, según ha adelantado El Periódico y ha confirmado ElNacional.cat este martes. La autorización de la Generalitat no tenía en cuenta las licencias de 2008, declaradas nulas por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ratificadas por el Tribunal Supremo. Ahora la Audiencia de Barcelona tendrá que fijar la fecha del juicio, una vez que el abogado de Dragone presente su escrito de defensa.
En el escrito de acusación, el fiscal recoge las irregularidades. Expone que el Ayuntamiento de Montcada i Reixac informó a través de su oficina técnica de evaluación y gestión ambiental “que los niveles sonoros de la planta superaban en 6 y 7 decibelios el valor límite en horario nocturno establecido en la normativa vigente en este municipio”, circunstancia que no permitía el otorgamiento de una nueva licencia, sino que debía realizarse un nuevo estudio de impacto ambiental que sustituyera al anterior del 29 de abril de 2008. Y añade: “Nuevamente con pleno conocimiento por parte del acusado, que el otorgamiento de una nueva licencia medioambiental debería en aquellos aspectos que son competencia propia de la autoridad municipal, obtener informe favorable y vinculante, no obtuvo los mismos y en aquellas circunstancias en las cuales tenía un informe desfavorable, de manera consciente y premeditada prescindió de los mismos y no formuló una nueva declaración de impacto ambiental que sustituyera a la de 29 de abril de 2008.”
Denuncia iniciada en 2023
El juzgado de instrucción 27 de Barcelona ha dirigido la investigación contra el excargo de la Generalitat. La Fiscalía de Barcelona presentó, en junio de 2023, la denuncia contra el exjefe de servicios de prevención de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, asegurando que concedió una autorización ambiental “no sustanciada” en 2015 a la cementera de Montcada, sin tener en cuenta que el TSJC había suspendido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) concedida por la Generalitat en 2008, y por lo tanto era necesario realizar una nueva inspección antes de conceder la autorización de 2015.
La acusación particular -ejercida por la Agrupación de Vecinos del Barrio de Can Sant Joan, con el abogado Albert Calduch, eleva la petición de castigo a seis años de prisión por dos delitos contra el medio ambiente.