El Congreso de los Diputados celebraba este martes un pleno ordinario. Y llegaba después de que Carles Puigdemont solemnizara la ruptura del pacto de investidura de Pedro Sánchez por los incumplimientos del PSOE. Ahora, la militancia tendrá que avalar la decisión. 24 horas después, mientras el Gobierno ha hecho como si oyera llover con la ruptura con Junts y asegura que continuará “negociando y dialogando” hasta 2027, la Cámara Baja examinaba dos leyes impulsadas por el PP y por el PSOE. Las normas se sometían al primer examen parlamentario, la votación en la que los grupos deciden si quieren que se tramiten para poderlas estudiar y enmendar. Se escenificaba la pretendida nueva realidad parlamentaria y Junts ha elegido el camino del medio: los diputados han optado por la abstención y han pulsado el botón amarillo en las dos votaciones. Desde las filas de Junts, niegan que esta postura sea un gesto o una consecuencia de la decisión de ayer. Sin embargo, fuentes del partido ayer anticipaban que votarían a favor de la iniciativa socialista y voces de la Moncloa también daban por hecho esta mañana que el voto de Junts sería favorable. Además, los juntaires han permitido que tiraran adelante tres puntos de una iniciativa del PP sobre inmigración.
Una ley del PP para que el control de los datos personales de la Fiscalía no dependa del fiscal general del Estado
En primer lugar, la proposición de ley del PP propone una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que el control de los datos personales de la Fiscalía no dependa del fiscal general del Estado. Los populares quieren que el titular sea nombrado por mayoría absoluta del pleno del Consejo Fiscal (no por el Gobierno ni el fiscal general del estado), que el puesto lo ocupen juristas de reconocida competencia con quince años de experiencia y formación acreditada en protección de datos y que tengan un mandato de cinco años no prorrogables. Es una previsión que desapareció con la Ley de Eficiencia en la Justicia impulsada por Félix Bolaños. “Supuso un retroceso para los principios de independencia y transparencia”, ha reprobado Josep Pagès en nombre de Junts, que ha defendido que revertirlo es “razonable”.
Y ha aprovechado para disparar a diestro y siniestro. “Ustedes son los responsables de la instrumentalización partidista de absolutamente todas las instituciones democráticas del estado. […] No nos creemos su gesticulación y pensamos que son unos impostores cuando presentan este tipo de propuestas”, ha espetado al PP. Y ha cargado contra las propuestas de los socialistas de cara a la justicia española: “Elude cualquier reflexión estructural sobre los déficits democráticos y las garantías que arrastra el sistema judicial español desde el franquismo, perpetua un modelo ajeno a la pluralidad social, a la diversidad nacional y lingüística y, sobre todo, perpetua la instrumentalización política de la judicatura”.
Una ley del PSOE para endurecer las multas por aparcar en zonas de personas con discapacidad
En segundo lugar, la proposición de ley del PSOE, que se ha tomado en consideración sin ningún voto en contra (solo con la abstención del PP, Vox y Junts), quiere endurecer las multas por aparcar en zonas reservadas para personas con discapacidad. Hoy por hoy, los ayuntamientos pueden denunciar estas infracciones, que se suelen sancionar con multas de 200 euros. Con esta modificación, se quiere castigar como “infracción grave” el hecho de parar o estacionar en estas zonas, lo que elevaría la sanción hasta los 500 euros para que sea más disuasorio. Durante el debate, la diputada de Junts Marta Madrenas ha lamentado que la medida es “profundamente incompleta, estética, puntual y absolutamente insuficiente”, “no resolverá las carencias estructurales en materia de accesibilidad” y “no puede sustituir la necesidad de diseñar una política integral que el actual Gobierno está evitando”.
“El principal problema es la falta de plazas adaptadas, la falta de coordinación entre administraciones y, sobre todo, la enorme dificultad de los ayuntamientos para poder controlar y garantizar el cumplimiento de la norma por culpa de la histórica falta de recursos que sufren”, ha denunciado. Y ha concluido enviando un mensaje a la Moncloa: “Si el Gobierno quiere seguir gobernando sin cumplir, sin escuchar a Catalunya y sin el apoyo de Junts, quizás tendrá que empezar a pensar cómo lo hará”.
Tres votos a favor y tres abstenciones en una iniciativa del PP
Por otro lado, también se ha votado una moción impulsada por el Partido Popular (sin carácter vinculante ni efectos jurídicos) que incluía una batería de medidas vinculadas con la inmigración. Y las votaciones han sido poco ortodoxas. Se han aprobado cuatro de los nueve puntos del texto y tres de ellos han recibido luz verde gracias a la posición de Junts. Ahora bien, esta aritmética parlamentaria no es nueva, dado que a lo largo de la legislatura los juntaires han avalado algunas propuestas de los populares en la Cámara Baja. Así pues, el Congreso ha reclamado una reforma del Código Penal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial para “reforzar la persecución de los delitos de tráfico de migrantes cometidos en aguas internacionales” y “reforzar la lucha contra las mafias mediante penas agravadas por reincidencia, explotación o pertenencia a organización criminal”. Vox ha votado a favor y Junts se ha abstenido.
El mismo resultado se ha producido al reclamar que se garantice que se determine la edad de los menores extranjeros no acompañados en un máximo de 72 horas, que se tipifique penalmente el fraude de edad y que se promueva la “reunificación familiar de los menores mediante acuerdos de colaboración con los países de origen”. Además, el PNV también se ha sumado para reclamar que se establezca un “sistema ágil, riguroso y eficaz, dotando de más medios y personal a las oficinas” para tramitar las solicitudes de asilo y “acelerar los plazos de resolución y evitar posibles fraudes en el acceso a la protección internacional”. Finalmente, los jeltzales han votado a favor (igual que Vox) de la petición para “reforzar los medios humanos y tecnológicos” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante la “integración e interoperabilidad de sistemas marítimos, aéreos y satelitales” para “prevenir la inmigración ilegal”. Aquí Junts ha votado en contra.
Ahora bien, lo que ha llamado más la atención ha sido en tres puntos en los que Junts ha votado a favor y Vox ha basculado entre la abstención y el voto en contra. La formación de Santiago Abascal ha rechazado “establecer un sistema de autorizaciones temporales de residencia y/o trabajo por puntos, transparente y objetivo, que valore la formación, la experiencia, el idioma y la integración, incorporando vías específicas para la contratación en origen en sectores de difícil cobertura” y un “programa de migración circular y contratación temporal” que esté “coordinado con las comunidades autónomas”. Es uno de los puntos del plan de inmigración que presentó hace unos días Alberto Núñez Feijóo. Y Vox también ha votado en contra (y Junts a favor) de “revisar el sistema de prestaciones”, como el Ingreso Mínimo Vital, para “vincular su percepción a la búsqueda activa de empleo” y a la “contribución efectiva al mercado laboral”. Finalmente, Vox se ha abstenido en la demanda de “garantizar retornos y expulsiones rápidos y efectivos” y “establecer la expulsión como regla general ante la comisión de delitos graves o reincidencia dolosa”.