Se hace extraño ver al conseller de Coneixement i Empresa, Jordi Baiget, poniendo la cara y dando la réplica del Govern en el enfrentamiento con Gas Natural por el caso de la muerte en un incendio de Rosa, de 81 años, en situación de pobreza energética. El Ayuntamiento de Reus, donde vivía, habla por boca de su concejala de Servicios Sociales, Montserrat Vilella, y la lógica decía que por el Govern aparecería el Departament de Benestar que encabeza Dolors Bassa (ambos en la foto).

La explicación no es la casualidad —ni esta es la única peculiaridad en la gestión de las políticas sociales del Govern. Los grupos que componen Junts pel Sí (básicamente ERC y lo que ahora es el PDECat) se dividieron las políticas sociales —políticamente tan golosas— al acordar los pactos de legislatura, en otoño del 2015.

Para hacerlo corto: que a nadie le falte un plato en la mesa es responsabilidad de Benestar (en manos de ERC); que a nadie le falte un techo es responsabilidad de Governació, el departamento de Meritxell Borràs (PDECat), que es el que se relaciona con los ayuntamientos. Los ayuntamientos son las primeras administraciones a las que recurren los ciudadanos en estado de necesidad y son las que gestionan gran parte de las políticas sociales que tocan tanto a Governació como a Benestar.

¿Coneixement i Empresa, pues, qué pinta aquí?

El departamento de Baiget (PDECat) se ocupa de la pobreza energética, que es parte de las políticas sociales, a raíz de la aprobación de la Ley 24/2015 (pdf), oficialmente llamada "de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y de la pobreza energética". La parte de vivienda (recurrida por el gobierno español y suspendida por el Tribunal Constitucional) ya se sabía que recaería en Governació.

La relacionada con la pobreza energética, sin embargo, se asignó a Empresa "porque es el departamento que interlocuta habitualmente con las suministradoras", explica uno de los participantes en aquellas negociaciones de JxSí. Los técnicos de Governació o de Benestar no conocen tan bien el sector ni están acostumbrados a la regulación sancionadora como la que se establece en aquella ley, añade. "No es el ámbito principal de actuación del departamento de Empresa... pero ahora es lo que le toca", remacha otra fuente del Govern.

La madre del cordero de la Ley 24/2015 por lo que concierne al caso de Reus es el artículo 6º ("Medidas para evitar la pobreza energética"). En su párrafo 4º dice: "Cuando la empresa suministradora debe cortar el suministro tiene que solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial". Este es un punto que Gas Natural discute y que Empresa, por extraño que se haga, defiende.

No debe haber problemas de coordinación. Ambos consellers se sientan uno al lado de otro en el Parlament.

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