La Comisión Europea ha abierto esta semana la consulta pública para revisar la Directiva de Productos del Tabaco (TPD), una reforma que marcará el futuro de la regulación de la nicotina en toda la Unión Europea. Sin embargo, el proceso arranca bajo una polémica poco habitual en Bruselas: el propio órgano interno encargado de supervisar la calidad legislativa comunitaria ha rechazado el informe que sirve de base a la reforma por presentar “deficiencias graves”.

La decisión del Regulatory Scrutiny Board (RSB), el organismo independiente que evalúa la solidez técnica y metodológica de las iniciativas legislativas europeas, introduce un elemento de enorme relevancia política y regulatoria en un debate que afectará a millones de consumidores y a toda la industria vinculada al tabaco y los nuevos productos de nicotina.

La Comisión justifica la revisión de la directiva por la necesidad de adaptar el marco normativo a la aparición y expansión de alternativas como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina. Bruselas sostiene que la actualización legislativa debe servir para reforzar la protección de los jóvenes y avanzar hacia el objetivo de lograr una “generación libre de humo” en 2040.

Un informe cuestionado desde dentro de la propia Comisión

Pero el problema es que el documento de evaluación sobre el que se apoya esta reforma ha sido duramente cuestionado desde dentro de la propia estructura comunitaria. El RSB considera que la Comisión no ha demostrado con suficiente rigor qué factores explican realmente la reducción del tabaquismo en Europa durante los últimos años ni qué impacto concreto han tenido las políticas regulatorias aplicadas hasta ahora.

Entre las principales objeciones planteadas por el órgano de control figuran el uso de datos fragmentados, inconsistentes y parciales, así como la realización de extrapolaciones a escala europea a partir de información limitada procedente únicamente de algunos Estados miembros. El propio informe comunitario reconoce además dificultades para atribuir directamente los avances en salud pública a las medidas regulatorias vigentes.

Pese a ello, Bruselas ha decidido seguir adelante con el proceso de revisión de la directiva, un movimiento que ha intensificado el debate sobre hasta qué punto la futura regulación se está construyendo sobre bases científicas suficientemente sólidas.

La controversia no se limita al plano técnico. Lo que realmente está en juego es un cambio profundo en la filosofía regulatoria de la Unión Europea. La futura directiva apunta hacia un modelo que dejaría de centrarse exclusivamente en el cigarrillo convencional para abarcar todo el ecosistema de productos con nicotina, incluyendo alternativas sin combustión. 

El debate sobre la reducción del daño divide a Europa

Ese cambio preocupa a parte de la comunidad científica y médica europea, especialmente a los expertos vinculados a estrategias de reducción del daño. Más de un centenar de médicos e investigadores han trasladado recientemente a Bruselas su inquietud por la posibilidad de que la futura normativa termine equiparando productos con perfiles de riesgo claramente diferentes.

La principal discusión gira alrededor de un elemento clave: la combustión. Una parte importante de la evidencia científica internacional sitúa precisamente la combustión del tabaco como el principal factor asociado a las enfermedades derivadas del tabaquismo. Por ello, diversos especialistas consideran que eliminar esa distinción en el diseño regulatorio puede tener consecuencias tanto sobre la salud pública como sobre el comportamiento de los consumidores.

El debate europeo coincide además con experiencias internacionales muy distintas. Australia, uno de los países con políticas más restrictivas respecto a los cigarrillos electrónicos, ha experimentado un importante crecimiento del mercado ilícito sin lograr reducciones especialmente superiores en tabaquismo. En sentido contrario, países como Reino Unido, Japón o Suecia han desarrollado modelos regulatorios que diferencian entre productos combustibles y alternativas sin humo, favoreciendo la transición hacia opciones consideradas de menor riesgo.

El caso sueco se ha convertido en una referencia recurrente dentro de este debate. Suecia es actualmente el único país europeo que se aproxima al objetivo del 5 % de prevalencia de tabaquismo planteado por la Organización Mundial de la Salud, un resultado que numerosos analistas vinculan al auge de productos alternativos sin combustión. De hecho, la tasa de fumadores en Suecia se sitúa ya en el 3,7 %, según los últimos datos disponibles.

Más allá de la dimensión sanitaria, la revisión de la TPD tendrá un fuerte impacto económico y social. Las futuras decisiones regulatorias afectarán a más de 100 millones de consumidores adultos de nicotina en la Unión Europea y a una cadena de valor que genera cientos de miles de empleos directos e indirectos en distintos países miembros.

Por eso, la discusión que ahora se abre en Bruselas trasciende el debate clásico sobre el tabaco. La cuestión de fondo es si la Unión Europea será capaz de construir una regulación basada en evidencia científica sólida, proporcionalidad y diferenciación de riesgos o si, por el contrario, avanzará hacia un modelo que trate de forma similar productos con impactos potencialmente muy distintos sobre la salud pública.