Vox arranca el curso político con un nuevo frente judicial. La formación de extrema derecha ha presentado una querella en el Tribunal Supremo por la gestión de los incendios forestales que este verano han quemado más de 300.000 hectáreas en el conjunto del Estado. El documento denuncia la “inexistencia de previsión y la no adopción de medidas imprescindibles para la buena gestión de los bosques y montes”, la “falta de preparación para situaciones extremas” tanto por parte de las comunidades autónomas como del Gobierno, las “imprevisiones en la coordinación” y la “inexistencia de voluntad” de la Moncloa de “asumir las competencias y responsabilidades que le son asignadas por la ley”. Vox pone en la diana al presidente español, a tres ministros y a cinco presidentes autonómicos (cuatro del PP y uno del PSOE). ¿Quiénes son los principales querellados?

  • Pedro Sánchez, presidente del Gobierno
  • Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
  • Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior
  • Margarita Robles, ministra de Defensa
  • Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias
  • Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León (PP)
  • Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía (PP)
  • María Guardiola, presidenta de Extremadura (PP)
  • Alfonso Rueda, presidente de Galicia (PP)
  • Adrián Barbón, presidente de Asturias (PSOE)

La querella se ha presentado por los delitos de homicidio imprudente por imprudencia grave, contra los derechos de los trabajadores por “infracción muy grave del deber de cuidado”, de prevaricación en la modalidad de comisión por omisión y de incendio forestal. El documento, de 86 páginas, alega que la situación se hubiera podido “evitar o mitigar en gran medida” si los responsables políticos con “competencias en medio ambiente y en prevención de incendios” hubieran actuado “ejecutando todas las medidas que podían prever y evitar estos fuegos”.

El partido de Santiago Abascal tilda la respuesta del Gobierno y de los ejecutivos autonómicos de “gestión criminal” y hace gala de la argumentación habitual de la extrema derecha: “La maraña de textos normativos y de confluencia de coordinaciones en la gestión de estos riesgos de emergencia han evidenciado no solo la imposibilidad real y efectiva de cumplir con la finalidad para la que fueron dictados, sino que una utilización retorcida y de interés político y partidista han empeorado una situación de emergencia llevándola a una situación catastrófica como la que nos ha dejado”.

 

Vox culpa de los incendios al “fanatismo climático” y al “caos del estado autonómico fracasado”

Esta mañana, en rueda de prensa, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado que la querella iría “contra todo aquel que haya tenido culpa en lo que ha sucedido este verano”. “Vamos a por todos, caiga quien caiga”, ha añadido. “No podemos consentir que, de nuevo, el fanatismo climático y el caos del estado autonómico fracasado dejen desamparados a los españoles ante un nuevo desastre nacional”, ha remachado.

Carpetazo a las querellas y denuncias por la DANA

No es la primera vez que Vox (y otras entidades ultras) recurre a los tribunales después de una tragedia. Hace casi un año, a raíz de la DANA que causó 228 muertos en el País Valencià, se presentaron múltiples querellas y denuncias contra responsables del Gobierno y de la Generalitat Valenciana. De hecho, el PP lo aprovechó para sembrar la sombra de duda sobre Teresa Ribera, que era vicepresidenta tercera, y votó en contra de la nueva Comisión Europea por su presencia en la candidatura. Los populares agitaron durante días y semanas las acusaciones judiciales contra ella, pero lo dejaron en manos de terceros (como Vox). Y hace un mes, el Tribunal Supremo tumbó todas las querellas y denuncias que se habían presentado aduciendo que los hechos imputados “no son constitutivos de delito”. Las habían impulsado, entre otros, actores habituales en las causas judiciales del cerco a Pedro Sánchez: Vox, Iustitia Europa, Manos Limpias, Abogados Cristianos o Hazte Oír. 

“No toda conducta política o socialmente discutible o reprobable tiene encaje en un precepto penal”, contestaron los cinco magistrados del Supremo que archivaron todas las querellas y denuncias. “La toma de decisiones discrecionales de un presidente del Gobierno no puede convertirse en fuente de responsabilidad penal porque se considere que la opción escogida no era la más adecuada o la más eficaz para la obtención de los objetivos”, esgrimían. El Supremo alegó que la calificación jurídico-penal de un hecho “no puede hacerse depender […] del legítimo desacuerdo con decisiones de gobierno que pueden considerarse desacertadas” y quiso puntualizar que un archivo “no santifica actuaciones erróneas y de graves consecuencias sociales, aunque no tengan relevancia penal”.

“Contemplar los tipos penales como contornos flexibles y adaptables coyunturalmente para dar respuesta a un sentir colectivo, sea minoritario o sea mayoritario, supone traicionar las bases que definen el derecho penal propio de un sistema democrático”, arguyeron. “Pero, en ningún caso, puede desembocar en atribuciones objetivas de responsabilidad por el mero hecho de la posición o cargo que una persona concreta ostente en la organización, por muy alto que este sea”, apostillaron.